La “coherencia” de Alonso
Son funciones de la Oficina Anticorrupción, creada por decreto 102/99 “velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que (...) se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción”
Son funciones de la Oficina Anticorrupción, creada por decreto 102/99 “velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que (…) se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción” y “su ámbito de aplicación comprende a la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, empresas, sociedades y todo otro ente público o privado con participación del Estado o que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal”.
Entre sus competencias dicha Oficina tiene la función de “investigar” a los agentes a los que se le atribuya la comisión de algún hecho vinculado con situaciones de corrupción y debe hacerlo por su propio impulso y “sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga”.
¿Puede entonces Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, tomar la “decisión”, tal como lo manifestó en una entrevista periodística, de no querellar en ninguna de las causas en las que estén involucrados funcionarios del actual gobierno con el único y frágil argumento de “preservar cualquier tipo de sospecha o duda”?
La respuesta es: sencillamente no. No puede o no debería hacerlo. Pero eso sería leer las acciones de Alonso –así como de otros funcionarios del actual gobierno– dentro del marco de una institucionalidad tan declamada como pisoteada al mismo tiempo. Cuando decide actuar desde la Oficina en forma selectiva ocupándose solamente de los casos que afectan a la oposición, cuando se excusa de intervenir ante los eventuales hechos que involucran a funcionarios del gobierno actual, Alonso mantiene la misma línea de coherencia que ha sostenido desde que fue puesta en ese cargo (por medio de un decreto creado especialmente para ella y que la habilitó pese a no ser abogada). Lejos de reconocerse como una funcionaria pública, al servicio del Estado, la titular de la Oficina Anticorrupción, que se proclama “enamorada” del presidente Mauricio Macri, cumple la tarea de una militante política del PRO para apuntalar las acciones y el discurso que el oficialismo necesita.
Esa fue la labor para la que fue designada Alonso y la viene cumpliendo a cabalidad. Guarda continuidad con el discurso cínico del gobierno que prometió pobreza cero, bajar la inflación y mejorar las condiciones de vida de los argentinos y de las argentinas. Es el mismo tono que se usó para declamar la institucionalidad hoy arrasada y pisoteada a todas luces, generando, ahora sí, una “pesada herencia” de la que le costará recuperarse a la ciudadanía y a la sociedad.
En esta semana marcada por la vivencia religiosa uno podría ser tolerante con Laura Alonso. A la luz de su trayectoria y de sus actuaciones en la gestión pública ¿acaso se podría esperar de ella una conducta diferente a la demostrada ahora? Está claro que no. En todo caso, se podría ser indulgente con la funcionaria y reconocerle su coherencia: fidelidad a ultranza al oficialismo, aún por encima de sus responsabilidades y funciones. Para ella hay corrupciones buenas y malas, depende de quienes sean los sospechados y a quienes puedan afectar las consecuencias. No solo “cambiamos” la institucionalidad, sino también la ética y la decencia. ¿Qué más se le puede pedir?
Por Washington Uranga
