«La dictadura fue militar, pero también civil y clerical», plantearon los organismos
Memoria. Miles de personas desbordaron las escalinatas del Monumento en un renovado reclamo de «Nunca más».
Reclamaron el esclarecimiento de los asesinatos de militantes sociales rosarinos y rechazaron la criminalización de la protesta social. Una multitud marchó en Rosario. Se exigió acelerar los procesos y se denunció la complicidad de sectores de la Justicia.
Al cumplirse 38 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, ayer miles de rosarinos volvieron a movilizarse por las calles de la ciudad hasta desbordar el Patio Cívico del Monumento a la Bandera. Organismos de derechos humanos reclamaron el juicio y castigo de los responsables del terrorismo de Estado y una dictadura que definieron como «militar, pero también civil y eclesial». En ese sentido, exigieron acelerar las causas en curso, la unificación de los expedientes conexos y que los tribunales superiores confirmen las condenas ya dictadas.
La Plaza San Martín fue el punto de concentración mayoritario y desde donde partió la columna principal encabezada por los organismos humanitarios Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas de Rosario, Madres de Plaza de Mayo, Asociación de Ex Presos Políticos Héroes de Trelew, la APDH, Hijos, y familiares de Silvia Suppo, la sobreviviente que declaró en la causa Brusa y luego fue asesinada en un episodio aún no debidamente esclarecido.
La movilización, convocada por el Espacio Juicio y Castigo Rosario, contó con el color de murgueros que antecedieron a numerosas organizaciones políticas, sociales, gremiales y culturales, como la Biblioteca Pocho Lepratti y la Vigil, docentes, estudiantes y espacios políticos como el Movimiento Evita y La Cámpora, o partidos como el PPS o el PC.
La multitud enfiló en primer lugar hasta la sede los Tribunales federales de bulevar Oroño al 900, donde se vienen realizando los juicios a represores. Allí los organismos reclamaron a viva voz condenas de cadena perpetua para los acusados de crímenes de lesa humanidad, mientras que un grupo de jóvenes pintaba en el pavimento la consigna: «Los juzga un tribunal, los condenamos todos».
De allí, la movilización, que ocupó unas 15 cuadras de extensión, enfiló por calle San Luis hacia el Monumento, donde ya esperaban las Madres de Plaza 25 de Mayo.
El documento
El texto elaborado por el Espacio Juicio y Castigo y leído en el acto por sobrevivientes y familiares de desaparecidos, planteó que «reivindicar una vez más la lucha de los treinta mil desaparecidos como parte de una generación que asumió la militancia, la solidaridad y el amor hacia los más débiles como una forma de vida».
Caracterizaron al golpe del 76 como «un punto de inflexión en la sociedad argentina», ya que «fracturó la valiosa trama social, política y cultural que existía hasta ese momento, y que había resistido los intentos de hacer retroceder a los trabajadores y al pueblo, en general, en sus conquistas sociales y políticas, obtenidas fundamentalmente durante el primer gobierno peronista». Remarcaron que «el terrorismo de Estado apuntó a eliminar esa resistencia y a instalar el terror generalizado en la sociedad, para que esta se paralice, y así aplicar sus planes económicos». Y definieron que «la dictadura fue militar, pero también civil y clerical. Fue un plan genocida dirigido hacia el conjunto de la sociedad, que para imponerse se propuso como objetivo primordial eliminar a las organizaciones gremiales, políticas y sociales».
Las deudas de la Justicia
Los organismos reconocieron que «en los últimos años se reiniciaron los juicios a los genocidas, muchos de ellos hoy están presos y condenados, pero demasiados continúan procesados o sin sentencia firme con el peligro latente de que pasen los años y sean dejados en libertad». En ese sentido, destacaron «la complicidad de la Justicia que opera al servicio de la impunidad y que se resiste a ponerse al servicio de las mayorías y a democratizarse».
«A esa Justicia reclamamos la urgente aceleración de las causas y que sean unificadas para que los sobrevivientes no sean sometidos decenas de veces a revivir el horror», y exigieron el juicio político y la destitución del juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, quien «demora los juicios y ampara a represores como Víctor Chuly Rodríguez». También pidieron a la Cámara Federal de Rosario que «no dilate más la elevación a juicio la causa contra el ex capellán policial Eugenio Zitelli».
No quedaron fuera del recuerdo «los testigos Jorge Julio López y Silvia Suppo, para quienes no dejaremos jamás de reclamar justicia».
Pasado y presente
«Los desaparecidos en su amplia mayoría pertenecían a movimientos, sindicatos, partidos y agrupaciones. Por esa misma razón reivindicamos e impulsamos la participación y la militancia como herramienta para producir los necesarios cambios sociales. Desde esa convicción, no podemos dejar de sentir como propia la pérdida de cada militante social, como ocurrió con Mariano Ferreyra del Partido Obrero, Jere, Patom y Mono del Frente Darío Santillán o Mercedes Delgado, de las comunidades eclesiales de base del barrio Ludueña», enfatizaron.
También se exigió el «juicio y castigo» para los responsables de los asesinatos de diciembre de 2001 en la provincia, se expresó el rechazo a «la judicialización y criminalización de la protesta», y se exigió el «cierre de todas las causas abiertas contra luchadores» sociales.
Otra marcha
Una hora antes de esta marcha, sectores de izquierda hicieron otra concentración de marcado sesgo antikirchnerista. A las 16, el Espacio Memoria, Verdad y Justicia de Rosario, se concentró y marchó a la Plaza 25 de Mayo.
Si bien las consignas eran mayormente las mismas que en la otra movilización, en este caso se eligió poner el énfasis en la coyuntura actual y sobre todo en fustigar al gobierno nacional por la designación de César Milani al frente del Ejército, cuando pesan sobre él denuncias que lo señalan como parte la represión ilegal, además del «ajuste y represión» del gobierno. Esencialmente, la posición de esta marcha convocada por el PO, la CCC y otras organizaciones sólo difería de la convocatoria principal en el nombramiento del «genocida general Milani» y «la ley antiterrorista».
