La operación del Gobierno para paralizar la exESMA y atacar a los organismos de DD.HH.
El ministro de Justicia denunció una supuesta "caja millonaria" que sería "administrada sin control". Pero los propios organismos le recordaron que la administración de los fondos cuenta con el aval del secretario de DD.HH. Alberto Baños.
El ministro de Justicia denunció una supuesta «caja millonaria» que sería «administrada sin control». Pero los propios organismos le recordaron que la administración de los fondos cuenta con el aval del secretario de DD.HH. Alberto Baños. «Los fondos suspendidos momentáneamente corresponden a los salarios de los 176 trabajadores y trabajadoras» del espacio, señalaron.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, salió a atacar a los organismos de derechos humanos. Los acusó de “manejar una caja” que administra el predio donde funcionó el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Desde el Espacio de Memoria no tardaron en salir a responderle: le recordaron que la administración de los fondos cuenta con el aval del secretario de Derechos Humanos de Nación, Alberto Baños.
Pasado el mediodía, Cúneo Libarona tuiteó: “Cortamos otra caja millonaria en derechos humanos. Los organismos de derechos humanos administraban un fondo sin control de $3.359.732.866 anuales para mantener el predio de ex-ESMA; solo para cortar el pasto gastaban 16.000.000 por mes. Decidimos suspender todos los pagos hasta que no se realicen las rendiciones de cuentas”.
En realidad, todo parece indicar que la estrategia del Gobierno consiste en paralizar las actividades que se llevan adelante en la ex-ESMA, donde funciona un espacio de memoria y derechos humanos que es visitado por cientos de personas todos los días.
El Directorio de Organismos de Derechos Humanos señaló a través de un comunicado que «la administración de los fondos del Ente Público tripartito en todas sus actuaciones cuenta con las firmas de las tres partes integrantes, que incluyen a la de Ciudad de Buenos Aires y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños».
Y añadieron que los fondos que suspendió el Ministerio de Justicia corresponden a los salarios de los 176 trabajadores que sostienen el espacio de Memoria.
Los datos dejan en evidencia la maniobra del ministro:
* La ex-ESMA no es administrada por los organismos de derechos humanos. Existe un ente tripartito integrado por Nación, Ciudad de Buenos Aires y los organismos de derechos humanos. El ente fue creado por la ley 26.415. De hecho, hay un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación que establece que, para tomar decisiones sobre lo que sucede en el predio, se necesitan dos de los tres votos.
* En la ex-ESMA hay edificios que son manejados por el Estado Nacional (por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) y otros por los organismos de derechos humanos.
* El ente se ocupa de todo lo que hace a los espacios comunes dentro de la ex-ESMA: desde la promoción, la comunicación, las visitas guiadas por el predio hasta la seguridad y el mantenimiento. Tiene 176 trabajadores y trabajadoras.
* Dos días después de la marcha del 24 de marzo, el Ministerio de Justicia anunció que haría una auditoría sobre el ente conjuntamente con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
* En esa misma nota, el Ministerio de Justicia advirtió que congelaría las transferencias de fondos por 60 días.
* Los ingresos del ente se usan para pagar salarios. Si el Gobierno no hace las transferencias, el ente no puede pagar los sueldos de los trabajadores que se desempeñan en la ex-ESMA. La semana pasada, el ente tenía en su cuenta poco más de 267.000 pesos.
* Desde el sábado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) declaró un cese de tareas.
* El lunes, hubo una asamblea. Los referentes de ATE quisieron entrevistarse con el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, pero éste rechazó la reunión. Desde ese día, ATE está de paro.
* El martes, se reunió el órgano ejecutivo del ente. Del encuentro participó Baños. Hubo un principio de acuerdo entre Nación, Ciudad y los organismos de derechos humanos –que parece haberse roto con el mensaje que Cúneo Libarona posteó en redes sociales.
* No es la primera vez que Cúneo Libarona recurre a la figura de una “auditoría” para no llevar a la práctica una política. Lo hizo el año pasado con las reparaciones que el Estado debe pagarles a las víctimas del terrorismo de Estado. Si bien mediáticamente, lo presentó como un freno al “curro de los derechos humanos”, a la Organización de Naciones Unidas (ONU) le informó que estaba saldando los compromisos y que la auditoría era un procedimiento ordinario.
* El 25 de marzo, Cúneo Libarona celebró que el Gobierno había despedido a “405 empleados militantes de la Secretaría de Derechos Humanos”. Según estimaciones del ministro, eso implica una reducción del 44 por ciento del personal recibido.
* Desde el 2 de enero, el Gobierno cerró el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que funcionaba desde 2008 en la exESMA.
* Por los despidos decididos por el Gobierno nacional, el museo del sitio de memoria –que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO– tuvo que reducir los días en los que está abierto.
* En febrero, el Gobierno censuró el recital que iba a dar el artista Milo J. Lo hizo a través de una cautelar que consiguió en la justicia en lo contencioso administrativo federal.
* Ese mismo día, Baños resolvió retirar una gigantografía en la que se lo veía a Néstor Kirchner ordenando bajar los cuadros de los dictadores del Colegio Militar de la Nación –hecho fundacional en la política de Memoria, Verdad y Justicia de los últimos 20 años.
* Según denunciaron los delegados de ATE de la Secretaría de Derechos Humanos, el Gobierno arrancó los carteles –que estaban colocados en las rejas de Avenida del Libertador– con los que se denunciaba el vaciamiento de la exESMA. La información indica que fueron quemados en el estacionamiento, lo que, para muchos, estuvo cargado de un simbolismo siniestro, ya que la práctica de los “asados” –incinerar cuerpos– existió en el campo de concentración manejado por la Marina.
* Hace meses que la Policía Federal Argentina (PFA) controla los ingresos a las dependencias de la Secretaría de Derechos Humanos en la exESMA. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) incluso denunció que hubo tareas de inteligencia ilegal.
Fuente: Página 12
