La política tarifaria de Cambiemos contra la del Frente de Todos: el juego de las 1.800.000 diferencias
Durante el gobierno de Macri, con aumentos de hasta 4.900%, casi 3 millones de hogares cayeron en situación de pobreza energética. El congelamiento de tarifas que rigió hasta este mes rescató a 1,8 millones de familias de esa condición.
Durante el gobierno de Macri, con aumentos de hasta 4.900%, casi 3 millones de hogares cayeron en situación de pobreza energética. El congelamiento de tarifas que rigió hasta este mes rescató a 1,8 millones de familias de esa condición. El debate que divide al oficialismo.
Por David Cufré
El congelamiento de tarifas de electricidad y gas que rigió hasta este mes permitió sacar de la pobreza energética a 1,8 millones de hogares en la Argentina. Es decir, desde que gobierna el Frente de Todos casi dos millones de familias recuperaron el acceso a consumos indispensables de luz y gas, que habían perdido durante la presidencia de Mauricio Macri.
El gobierno de Cambiemos autorizó aumentos de tarifas inéditos, del 4.454 por ciento en Edesur, 4.436 en Edenor y 4.896 en Edelap, entre diciembre de 2015 y diciembre 2019. Fue demasiado para los ingresos populares. En esos mismos años, los sueldos de los trabajadores formales subieron 214 por ciento (Ripte), la jubilación mínima aumentó 227 por ciento, el salario mínimo avanzó 202 por ciento y la Asignación Universal por Hijo (AUH), 228 por ciento. La inflación acumulada en el gobierno de Juntos por el Cambio (entonces Cambiemos) fue del 250 por ciento.
La comparación de cifras permite advertir con facilidad por qué la pobreza energética se disparó en esos años. Las tarifas de luz y gas resultaron imposibles de pagar para cada vez más usuarios.
Las facturas de Metrogas subieron 1.780 por ciento, las de Gas Natural Ban aumentaron 1.791 y las de Camuzzi Gas Pampeana, 1.941. Como se indicó más arriba, los sueldos lo hicieron solo el 214 por ciento.
En total, entre 2016 y 2019 casi tres millones de familias cayeron a la condición de pobres en sus posibilidades de consumo de energía. Fueron 2.939.00 hogares que no pudieron resistir los tarifazos del gobierno de Macri.
En 2020, en cambio, la cantidad de hogares en pobreza energética bajó a 1,2 millones, con lo cual 1,8 millones superaron esa situación.
Todas estas cifras, que ilustran lo que pasó y lo que viene pasando en materia energética, fueron publicadas este viernes por el nuevo Observatorio de Servicios Públicos (OPS) de la Universidad Nacional de La Plata. Se trata de una valiosa iniciativa coordinada por esa casa de altos estudios, con la participación de entidades “señeras en materia de servicios públicos”: Cepis (Centro de Estudios para la Promoción de la Solidaridad y la Igualdad), IESO (Instituto de Energía Scalabrini Ortiz), Apsee (personal superior de empresas de energía) y Oetec (observatorio de energía).
“Es un espacio plural para el análisis y la construcción de conocimiento en defensa de los intereses y derechos de la ciudadanía y el sector productivo en materia de servicios públicos”, explica en su primer documento el OPS.
Lo primero que destaca allí es el cambio radical en la política tarifaria que se produjo en el gobierno de Macri respecto de lo que ocurría en el de Cristina Fernández de Kirchner. Los especialistas señalan que se impuso un nuevo paradigma basado en cinco puntos:
* Dolarización.
* Quita de subsidios.
* Aumento tarifario.
* Ganancias extraordinarias.
* Fuga de capitales.
El resultado más evidente, como ya se expresó, fue que 2,9 millones de hogares no pudieron afrontar el fogonazo tarifario y se convirtieron en pobres o indigentes energéticos.
“Un hogar sufre de pobreza energética si para mantener satisfactoriamente una temperatura adecuada, requiere gastar más del 10 por ciento de sus ingresos en energía. Si es 20 por ciento lo requerido, entonces el hogar pasa a estar en situación de extrema pobreza o indigencia energética”, precisa el documento. La definición de temperatura satisfactoria para un hogar es de 23 grados en el living y 18 en otros ambientes, agrega.
Lo otro que sucedió a partir de la imposición del nuevo paradigma fue que las empresas concesionarias de luz y gas se llenaron de plata, y luego la fugaron al exterior.
“En el período que va de diciembre de 2015 a diciembre de 2019, las dos principales distribuidoras eléctricas del país -Edenor y Edesur- multiplicaron su facturación unas 20 veces. Edenor multiplicó su facturación casi 24 veces, y Edesur casi 17 veces. En el mismo período el ingreso ciudadano creció poco más de 3 veces (3,18)”, detalla el OPS.
Esa desproporción entre suba de tarifas e ingresos populares se advierte en las siguientes estadísticas. Los sueldos de los trabajadores formales pasaron en promedio de 15.800 a 49.600 pesos en el período; la jubilación mínima, de 4.300 a 14.070 pesos, y la AUH, de 837 a 2.746 pesos. Pero la facturación de Edenor subió de 3.800 millones a 89.950 millones de pesos, y la de Edesur, de 3.900 a 64.800 millones de pesos.
Si los sueldos también se hubieran multiplicado por 20, en diciembre de 2019 los trabajadores habrían ganado 316 mil pesos en promedio y no 49.600. La jubilación mínima habría sido de 86 mil pesos y no de 14.070. Y la AUH, de 16.740 pesos por hijo y no de 2.746.
Edenor y Edesur dan servicio a 15 millones de habitantes, distribuidos el 80 por ciento en la provincia de Buenos Aires y, el resto, en la CABA.
“Según sus propios estados contables, registraron en el periodo 2016-2019 un resultado neto de casi 478 millones de dólares, tomando el tipo de cambio vendedor promedio BCRA al cierre de cada ejercicio”, indica el informe. Edenor ganó 265 millones de dólares y Edesur, 212 millones.
Transener, empresa encargada de la red de alta tensión, multiplicó su facturación casi ocho veces. Obtuvo ganancias por 268 millones de dólares.
En el caso del gas, las ganancias también fueron extraordinarias: Metrogas tuvo un resultado neto de 475 millones de dólares entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019; Naturgy BAN (162 millones); Camuzzi Gas Pampeana (35 millones); Camuzzi Gas del Sur (28 millones); TGS (702 millones), y TGN (67 millones).
El documento del OPS advierte que esta situación de aumentos desproporcionados y ganancias exageradas no redundó en mejoras en la calidad de los servicios, lo que detalla en una serie de indicadores, y seguirá monitoreando de aquí en más.
El quinto paradigma, la fuga de esas ganancias del país, se aprecia en el informe de mercado de cambios y formación de activos externos del Banco Central entre 2015 y 2019. 84 empresas del sector energético compraron divisas por 7.442 millones de dólares, el 18 por ciento del total entre las personas jurídicas. Es el segundo sector que más fugó. Primero aparecen “Inversores institucionales” con 29 por ciento, y por detrás quedaron la industria química, del caucho y plástico, con 9 por ciento, y el sector de comunicaciones, con 8, entre los principales.
En este punto, la comparación con el congelamiento tarifario que aplicó el actual gobierno hasta este mes es visualizado como una medida virtuosa. Como se marcó, 1,8 millones de hogares pudieron consumir otra vez lo necesario para no ser considerados pobres en acceso a la energía.
El punto es que ahora el Gobierno aplicó un aumento del 9 por ciento en electricidad, que con impuestos llegará al 10 por ciento en las boletas de los usuarios, y ocurrirá otro tanto con el gas, lo que todavía no se comunicó.
El OPS no avanza sobre la cuestión. Pero recuerda que “la Corte Suprema señaló en 2016 que es obligación del Estado garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales para el conjunto de la población en condiciones justas, razonables y asequibles”. El documento plantea también que se debe contemplar una visión estratégica para el desarrollo de los sectores productivos, la independencia y soberanía nacionales y la promoción del crecimiento económico.
Los tarifazos, las ganancias extraordinarias de las empresas, la fuga de capitales, el aumento de la pobreza energética fueron políticas que no tienen nada que ver con lo que está haciendo el gobierno del Frente de Todos. En ocasiones algunos de sus adherentes se quejan porque “al final Alberto está haciendo lo mismo que Macri”. Los números dejan claras las diferencias.
Sin embargo, el debate se traslada a otro punto: ¿es lógico dar cualquier aumento cuando la pandemia ha ocasionado estragos sociales y las empresas vienen con un colchón de ganancias fabuloso?
Por lo pronto, un camino que puede tomar el Gobierno es compensar mediante la tarifa social o asignaciones directas a quienes regresarían a una situación de pobreza energética a partir de las subas. Que 9 por ciento de aumento no es lo mismo que 4.800 es una verdad innegable, pero que 9 es más que 0, sobre todo en pandemia, también lo es. Para que el impacto sobre las familias y la producción no diluyan parte de la ganancia de haber recuperado a 1,8 millones de hogares de la pobreza energética, la acción del Estado, nacional y provinciales, deberá encontrar caminos para seguir ampliando derechos, en lugar de volver a reducirlos.
