La sanción a una empleada disparó denuncias al municipio de Sastre
La Municipalidad, denunciada por irregularidades.
El gremio del sector sospecha de irregularidades administrativas. El Ejecutivo elevó el caso a la Justicia penal de San Jorge. Sin un sumario previo, la trabajadora fue suspendida por diez días.
La suspensión de una empleada de la Municipalidad de Sastre que asegura que fue sancionada sin un sumario previo, derivó en una serie de denuncias por presuntas irregularidades administrativas por parte del Sindicato de Trabajadores Municipales y Comunales (Atemyc), que solicita al Concejo la constitución de una comisión investigadora y pide urgentes explicaciones al intendente Rosaldo Gardella. El mandatario, en tanto, se abstuvo de expedirse sobre el caso y espera que la Justicia penal de San Jorge sea la que lo esclarezca (ver aparte).
La secretaria adjunta del gremio, Mónica Tricca, indicó a La Capital que «el caso se originó por un faltante de dinero.
El episodio generó una resolución del intendente que se conoció en enero que involucró a la empleada y a otro compañero. Tenemos entendido que ese otro trabajador arregló su situación y la única sancionada fue la trabajadora. Aunque hay versiones no sabemos oficialmente el monto. Sí conocemos que cuando todo esto ocurrió pidieron al Concejo una ampliación de presupuesto por esa cantidad, asignado a los rubros cafetería y bazar», detalló.
Los referentes sindicales aseguraron que el episodio «es muy preocupante debido a que se sospecha que las razones que generaron el conflicto tienen raíz en desprolijidades administrativas. Solicitamos una audiencia para pedir que se revea la suspensión por diez días de la trabajadora, sin goce de haberes, sin aplicar el procedimiento sumarial que establece el estatuto de los trabajadores municipales», afirmó el secretario general de Atemyc, Horacio Chiappero.
Responsabilidades. «Cuando la empleada hizo el reclamo no le dieron copia de la resolución administrativa. No sabemos qué dice y tampoco le permitieron explicar su participación en los hechos por los cuales finalmente le endilgaron responsabilidad», explicó. Según los gremialistas, la trabajadora a cargo de la caja en la que se cobran impuestos y servicios municipales fue sancionada por un faltante de dinero que se detectó en el proceso que va desde que éste ingresa a la caja hasta el depósito bancario. «En ese proceso interviene la responsabilidad de varios actores, hasta llegar al secretario de Hacienda y hasta el mismo intendente», disparó Chiappero.
«Solicitamos que se cumpla con lo establecido a través del estatuto y escalafón del personal municipal y comunal de la provincia para llevar adelante el sumario administrativo correspondiente y que la empleada sancionada pueda ejercer el legítimo derecho de defensa», añadió.
El delegado sindical comunicó por otra parte que el gremio pidió al Concejo el lunes pasado que conforme una comisión investigadora dado que «en las notificaciones del intendente (al cuerpo deliberativo) se habla de una doble imputación sobre depósitos bancarios, lo que indicaría la existencia de irregularidades que no se clarificaron, en un área en la que se maneja dinero. Ante esto, le corresponde tutelar el funcionamiento de la Municipalidad a los concejales y custodiar el cumplimiento de la norma. Ante la posibilidad de que el intendente vulnere una ley provincial, la responsabilidad recae también en los concejales», remarcó.
En lo relativo al ámbito estrictamente laboral, Chiappero pretende que «se aclare por qué razón una persona que trabaja en un área que no tiene nada que ver con Hacienda es la responsable de los depósitos bancarios». En tanto, Tricca advirtió: «Queremos determinar también si su condición de mujer la ubicó en un lugar de indefensión para descargar responsabilidades ajenas».
Finalmente, los representantes gremiales deslizaron que «es fundamental que se conforme la comisión investigadora y haya un sumario para determinar quién o quiénes tuvieron responsabilidad en las irregularidades, debido a que esta situación se habría dado también durante el ejercicio de 2013. De ser necesario, se pedirá que se convoque a una audiencia pública para tratar el tema con transparencia».
