La UBA exige a Milei que aplique la Ley de Financiamiento ante «una crisis presupuestaria sin precedentes»
La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que iniciará acciones judiciales contra el Gobierno de Javier Milei. “La no ejecución de esta Ley es un ataque directo", repudiaron.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que iniciará acciones judiciales contra el Gobierno de Javier Milei. “La no ejecución de esta Ley es un ataque directo», repudiaron.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que iniciará acciones judiciales contra el Gobierno de Javier Milei. Exigen que se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario, que el Poder Ejecutivo promulgó formalmente, pero suspendió materialmente su aplicación. En un comunicado, la universidad denunció que el sistema enfrenta «una crisis presupuestaria sin precedentes».
Critican que las prórrogas del Presupuesto 2023 quedaron desfasadas por la inflación, lo que generó una pérdida de poder adquisitivo de más del 40% para docentes y no docentes durante 2024.
La UBA enfatizó que la ley aprobada por el Congreso, sostenida ante un veto anterior del presidente Milei, tiene por objeto garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las casas de estudio nacionales. Por lo tanto, su «no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis».
La ley de Financiamiento fue promulgada, pero sigue «frenada»
La Ley 27.795 establece un esquema clave de financiamiento para las universidades públicas, que incluye la recomposición salarial del personal docente y no docente, así como recursos para becas, tecnología, investigación y formación. La normativa prevé la actualización de salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y demandaría una inversión estimada en $1,07 billones en 2025.
Pese a promulgar la ley a través del Decreto 759/2025, el Gobierno ordenó frenar su aplicación hasta que el Congreso determine de dónde saldrán las partidas necesarias. El Ejecutivo se ampara en el artículo 5° de la Ley 24.629, que exige que toda norma que disponga gastos debe prever su financiamiento de forma expresa.
El Consejo Superior de la UBA resolvió que ello «altera el sistema republicano de frenos y contrapesos» y «quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación». Argumentan que la suspensión implica la «vulneración de derechos constitucionalmente establecidos» al afectar el acceso al financiamiento y la recomposición salarial de miles de trabajadores.
La normativa suspendida también prevé la creación de fondos cruciales destinados a infraestructura, becas y carreras estratégicas, aspectos fundamentales para el normal funcionamiento de la UBA y de todas las universidades nacionales.
Para finalizar, el Consejo Superior fue tajante al advertir: “La no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.
Con la decisión de recurrir a la Justicia, la UBA busca obligar a la administración nacional a cumplir con la ley y garantizar la continuidad plena de las actividades académicas y de investigación.
