La UTT acampa en el Congreso en reclamo de una Ley de Acceso a la Tierra
Según los datos de la Unión de Trabajadores de la Tierra, el 87 por ciento de las familias de agricultores tienen que arrendar las tierras en las que trabajan y producen porque no pueden comprar una parcela propia.
Según los datos de la Unión de Trabajadores de la Tierra, el 87 por ciento de las familias de agricultores tienen que arrendar las tierras en las que trabajan y producen porque no pueden comprar una parcela propia. La situación, que los afecta como trabajadores, tiene consecuencias sobre toda la población, al encarecer los precios de los alimentos frescos.
La Unión de Trabajadores de la Tierra comenzó un acampe de cuatro días frente al Congreso Nacional en reclamo de avances en el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra. El proyecto plantea la creación de créditos blandos –un Procrear Rural– para los productores y productoras de la agricultura familiar. Según los datos de la UTT, el 87 por ciento de las familias de agricultores tienen que arrendar las tierras en las que trabajan por no poder comprar una parcela propia. La situación, que los afecta como trabajadores, tiene consecuencias sobre toda la población, al encarecer los precios de los alimentos frescos.
“Nosotros tenemos un cálculo: una familia, accediendo a la tierra, genera verduras para abastecer a 130 hogares. Es decir que esto tiene una repercusión directa en la calidad de lo comemos”, planteó al inicio de la jornada Rosalía Pellegrini, referenta de la organización.
La protesta tiene carácter nacional, ya que la presencia frente al Congreso es acompañada en el resto del país por otras acciones. Por ejemplo, en simultáneo con la llegada de los manifestantes al centro porteño, una delegación de mujeres de la agricultura familiar bloquearon la puerta de la transnacional Bayer/Monsanto, en la localidad de Zárate, donde organizaron un verdurazo en el que repartieron hortalizas y frutas agroecológicas.
El reclamo seguirá hasta el jueves, con actividades anunciadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut.
Desde 2016
Frente al Congreso hubo largas colas de porteños que esperaron el inicio del acampe, sabiendo que iba a arrancar con un Verdurazo. Los productores regalaron hortalizas y frutas –a partir de este martes van a venderlas, en una feria– y armaron además una huerta en la plaza.
Los comentarios en las filas de vecinos eran similares: “Vine porque la verdura está recara”, señaló un jubilado. “Está incomprable todo”, coincidió una mujer. Otra agregó que “en la villa es más caro todavía”. Cuando las radios y los canales de noticias comenzaron a mostrar el Verdurazo, el número de personas rápidamente aumentó.
Zulma Molloja, vocera del gremio, explicó la importancia de que la ley reciba tratamiento parlamentario. «Somos miles de campesinos, cooperativas agrarias y pequeños y medianos productores que proponemos un modelo sustentable a través de la agroecología y la democratización de la tierra”, señaló. «El modelo del agronegocio da ganancias extraordinarias, pero genera hambre. Si bien las exportaciones son necesarias, tenemos que promover otro modelo, el de un campo que alimente».
El proyecto de ley de Acceso a la Tierra fue presentado por tercera vez el 22 de octubre de 2020. Ya había sido llevado al Congreso durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, primero en 2016 y luego en 2018, sin grandes expectativas de lograr su aprobación pero como parte de la necesidad de instalar el problema del acceso a la tierra en la agenda.
Tras el cambio de gobierno y ante la creciente preocupación por la suba del precio de los alimentos, la propuesta consiguió el respaldo de Alberto Fernández. El Presidente recibió, en febrero de 2020, a una delegación de la UTT, del Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Federación de Cooperativas Federadas y les expresó su apoyo al proyecto. Eran meses en los que el Estado nacional comenzaba a distribuir la Tarjeta Alimentar y la agenda estaba dominada por las dificultades en el acceso a la comida, que luego la pandemia agravaría.
El respaldo presidencial creó así una fuerte expectativa por lograr la sanción de la ley. En mayo de 2020 incluso se realizó en Diputados una reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Legislación general para tratarlo. Pero luego el impulso perdió fuerza: el proyecto aún no tiene ni siquiera dictamen, el paso imprescindible para ser llevado al debate del pleno de la Cámara baja. Si tras las elecciones legislativas cambia desfavorablemente la conformación del Congreso, la posibilidad de sancionarlo puede llegar a esfumarse.
“Había un compromiso que el Gobierno no cumplió. Nosotros esperamos que con el acampe, esta semana los diputados por lo menos avancen en dar dictamen”, señaló Agustín Suárez, referente de la UTT, sobre el objetivo de los cuatro días de protesta.
El proyecto
El proyecto de ley propone crear una línea de créditos para que los productores de la agricultura familiar puedan comprar tierras rurales. Por otra parte, apunta a crear un banco de tierras, es decir que el Estado destine parte de las tierras públicas ociosas a ser vendidas mediante ese sistema de créditos blandos.
Para la asignación de los créditos propone un sistema de puntaje, que otorgue prioridad a mujeres solteras con hijos, así como a los jóvenes, a quienes tengan conocimientos previos de producción agroecológica y a quienes residan dentro del mismo municipio donde estén ubicadas las tierras a adquirir.
A su vez, el proyecto dispone que quien reciba un crédito quede obligado a cumplir con una serie de condiciones, como reducir progresivamente el uso de agrotóxicos. Otras imposiciones consisten en residir en el predio comprado, trabajarlo en forma personal, mantener indiviso el terreno, no alquilarlo, venderlo ni transferirlo por un período de 20 años.
Frente a Monsanto
En la manifestación que bloqueó en el ingreso a la planta de Monsanto, las mujeres de la UTT denunciaron que “el modelo que imponen estas empresas no nutre ni alimenta. Al contrario, imponen un paquete agrotóxico que mata y envenena, desatando efectos negativos sobre la salud de la tierra, provocando desmontes, contaminación y enfermedades”.
La denuncia enfocó también la concentración económica. En este sentido, las mujeres marcaron en un documento que cuatro multinacionales manejan el mercado global de insumos agrícolas. “Empresas como Montsanto, Bayer o Syngenta no están al servicio de la producción de alimentos, sino que son las propias responsables de la crisis alimentaria que estamos atravesando”.
“Mientras una parte de nuestra población tiene comprometida su nutrición adecuada y otra parte debe gastar casi la totalidad de su salario en alimentos, estas corporaciones que concentran el 80 por ciento de las marcar en las góndolas tienen rentabilidades que superan los mil millones de pesos anuales. Ese modelo agroalimentario no da para más”.
El trabajo
En cuanto a la generación de trabajo, en la agricultura familiar se desempeñan unas 250 mil personas en todo el país. Son productores que vienen ganando en organización, no sólo con de la UTT sino como parte de otros movimientos populares y organizaciones campesinas. Así, sin haber mejorado en lo sustancial sus condiciones económicas, sí lograron darse visibilidad, expresar quiénes son y reclamar políticas.
Esa organización se refleja en los datos del Registro de Trabajadores de la Economía Popular, donde la agricultura familiar ocupa el quinto puesto en cantidad de trabajadores (son 213 mil inscriptos, el 8,3 por ciento de los trabajadores del Renatep). El número se queda corto, dicen en el Ministerio de Desarrollo Social, porque la inscripción es voluntaria y no está terminada.
Con los datos disponibles puede verse que la agricultura familiar es, de la economía popular, la actividad más capilarizada, con presencia en las regiones del NOA, el NEA y el centro del país. Traducido: es gran fuente de trabajo local. Como se sabe, sus tareas ocupan mano de obra intensiva.
El acceso al crédito
El acceso a la tierra no es la única necesidad del sector. Los productores vienen pidiéndole al Gobierno, además, acceso al crédito. “La producción hortícola usa muchos insumos y casi todos tienen precios fijados por el agronegocio: las semillas, el plástico, los materiales para hacer el riego por goteo. Por eso estamos proponiendo la creación de un fondo rotatorio para capital de trabajo. Sobre todo para las cooperativas, porque hay muchas cooperativas que pueden seguir creciendo, pero que necesitan capital para comprar insumos», completó Agustín Suárez. «Disponer de crédito para comprar insumos es imprescindible para poder crecer».
