La vuelta de la flexibilidad laboral
Las recientes expresiones del presidente Macri y sus ministros apuntan a la supuesta necesidad, primero, de reducir el costo laboral, y segundo, de flexibilizar el mercado de trabajo “equilibrando” la justicia laboral a favor de los empresarios.
Las recientes expresiones del presidente Macri y sus ministros apuntan a la supuesta necesidad, primero, de reducir el costo laboral, y segundo, de flexibilizar el mercado de trabajo “equilibrando” la justicia laboral a favor de los empresarios.
Expresiones clasistas
Por Luis Federico Padín *
Una vez más el poder económico ha puesto su mirada voraz sobre los trabajadores. La oportunidad no puede ser más propicia. La muchachada de modales pulidos y universidad coqueta, que forjó su camino (y visión del mundo) en las grandes compañías que operan a escala planetaria, dirige hoy los destinos de la patria. La pobreza argumental con la que el primer mandatario ha encarado la temática, atribuyendo a los trabajadores una propensión al incumplimiento de deberes contractuales, y reclamando a la Justicia Nacional del Trabajo equilibrar decisiones que en su criterio afectan en demasía los intereses de los patrones, ha sido prolijamente encauzada por un editorial del diario La Nación del día 26 de julio de 2016, que dota de un marco teórico al anhelo de la máxima autoridad política del país.
En efecto, mientras las expresiones clasistas de Macri dejan al descubierto el preocupante desconocimiento presidencial de la matriz tuitiva que, por imperativo constitucional, informa al derecho laboral y guía la actuación de los tribunales especializados en la materia, el editorial de la tradicional tribuna de doctrina de los sectores dominantes, bien podría constituir las líneas directrices de un programa integral de precarización de las relaciones del trabajo.
Los argumentos, hoy como ayer, machacan sobre la responsabilidad que cabría a los trabajadores de la Argentina y a un plexo jurídico laboral tildado de excesivamente garantista, tanto en lo que atañe al desaliento de las inversiones por venir, como a la falta de estímulo para la creación de empleo. Sin embargo, el rotundo fracaso de las políticas alumbradas en la década del ‘90, y el inevitable contraste con las medidas económicas antagónicas, de corte heterodoxo, implementadas en el período 2003-2015, echan por tierra el discurso vetusto esgrimido como verdad rebelada por la actual administración: no existe correlato entre la creación de empleo y la ilegítima conculcación de los derechos de los trabajadores.
La estrategia patronal/gubernamental, en gestación, a más de perseguir el cercenamiento de los derechos laborales, en su faz individual y colectiva, centra su ataque en el terreno judicial, mediante la descalificación del accionar de la justicia del trabajo y los abogados de los trabajadores, embistiendo así contra el último recurso con que cuenta un dependiente que ha visto vulnerados sus derechos por un obrar empresarial ilícito.
En esta senda, y con el auxilio de referentes políticos que actúan como oposición edulcorada, satélite a los intereses del partido gobernante, se busca instalar en el imaginario social la falsa creencia de la existencia de una lucrativa actividad, denominada pomposamente industria del juicio, donde trabajadores, sindicatos, abogados laboralistas y magistrados del fuero obrero vendrían a conformar una cofradía destinada a defraudar empleadores, ocultando el hecho evidente que toda condena en los estrados judiciales tiene como antecedente un severo incumplimiento patronal, acreditado en el discurrir de la causa.
En esta coyuntura compleja, y ante el peligro cierto e inminente de una re-estructuración del modelo de relaciones laborales en perjuicio del sector asalariado, se presenta insoslayable que los distintos actores sociales con incidencia en el mundo del trabajo, delimiten un plan de acción coordinado, teniente a resistir el nuevo embate orquestado por los sectores concentrados del poder económico, que una vez más buscan la maximización de la tasa de ganancia a expensas del sacrificio de los sectores populares.
* Abogado de Trabajadores, miembro de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio.
Pérdida de derechos
Por Matías Maito *
En las últimas semanas el Gobierno retomó el discurso sobre la necesidad de relajar el andamiaje jurídico institucional que protege a los trabajadores. Este entramado se manifiesta a través de una legislación específica y la presencia de sindicatos que, con mayor o menor intensidad, velan por los derechos y la seguridad de los trabajadores. Esto no es algo reciente. Es un avance de la sociedad en el marco del modo de producción capitalista que se instaura en casi todo el mundo después de la crisis del ´30 y la segunda guerra mundial. En sus fundamentos se reconoce la obvia asimetría de poder entre capital y trabajo en las relaciones de producción.
Las expresiones del presidente y sus ministros apuntan a la supuesta necesidad, primero, de reducir a través de distintos mecanismos el costo laboral; y segundo, de flexibilizar el mercado de trabajo “equilibrando” la justicia laboral a favor de los empresarios. A estas expresiones se suman en tándem distintas notas editoriales del diario La Nación, que traducen en políticas concretas la forma de lograr la precarización de las condiciones laborales. Estas medidas se instauran en un contexto económico que genera preocupación para los sectores populares, por la destrucción de puestos de trabajo (formales e informales) y la fuerte caída experimentada por el salario real a lo largo del presente año (-11 por ciento).
Las propuestas del Gobierno no son originales. Conforman el núcleo de las demandas laborales de los grupos económicos en todas las regiones y países del mundo, pero encuentran particular receptividad cuando quienes ejercen la administración del Estado siguen objetivos neoliberales. Se pueden encontrar innumerables experiencias de estas políticas conservadoras, tanto a nivel nacional como internacional. Todas, sin excepción, demuestran abiertamente que estas prácticas no resuelven la falta de empleo ni mejoran su calidad; y tampoco incrementan los ingresos de los trabajadores. Por el contrario, sólo generan más desocupación, debilitamiento sindical y exclusión.
En Argentina, las políticas implementadas en los ´90 nunca dieron los resultados prometidos. A modo de ejemplo, la tasa de desempleo abierto en los principales aglomerados urbanos se incrementó de 6 a 18 por ciento entre 1991 y 1995. La tasa de empleo no registrado creció siempre durante esa década. La negociación colectiva sólo se mantuvo activa en convenios de empresa, movilizada en gran parte por los sindicatos de sectores privatizados. La negociación sectorial tendió a desaparecer. La gran mayoría de los asalariados no tuvo ningún tipo de mejora salarial a través de acuerdos paritarios.
En las experiencias internacionales, España configura un paradigma relevante para su análisis. En el contexto de la Unión Europea, es el país con mayor incidencia de la temporalidad en la contratación (un tercio de los asalariados). Por otro lado, su modelo sirvió como base para la instauración de las modalidades flexibles en nuestro país. La extensión de este tipo de contrataciones se combina en los últimos 25 años con el mayor desempleo registrado en la región.
El Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), documenta la reducción mundial de la participación de las rentas del trabajo en el ingreso nacional desde los ´80. En Italia se implementaron estas reformas del mercado de trabajo durante la década del ´90, modificando el sistema de negociación salarial para bajar los incrementos pactados.
Otro elemento que conforma el paquete de reformas propuesto por la elite dirigente de los gobiernos neoliberales lo constituye la descentralización y el debilitamiento de la negociación colectiva. El caso chileno, muchas veces impuesto como modelo de desarrollo a seguir, demuestra los efectos nocivos de debilitar los mecanismos colectivos. En ese país la proporción de trabajadores comprendidos en convenio colectivo representó como máximo el 12 por ciento en 1992, y en la actualidad no supera al 10 por ciento de los asalariados. Como queda demostrado, estos caminos sólo conducen a una pérdida de derechos de los trabajadores. ¿Retomará nuestro país esa dirección?
* Integrante del equipo del CETyD-Unsam.
