Lanzaron una plataforma digital para mapear tierras productivas
El Sistema de Inteligencia Geoespacial sobre posesión y tenencia de la Tierra (SIGeT) permitirá conocer la situación de las zonas donde viven los agricultores familiares y orientar políticas de arraigo rural. Entre otras incógnitas, develará la proporción real de tierras extranjerizadas.
El Sistema de Inteligencia Geoespacial sobre posesión y tenencia de la Tierra (SIGeT) permitirá conocer la situación de las zonas donde viven los agricultores familiares y orientar políticas de arraigo rural. Entre otras incógnitas, develará la proporción real de tierras extranjerizadas.
“La cuestión de la tierra es central porque es estructural, a nivel del país, y porque atraviesa a nuestro sector”, explica la abogada María José Castillo –directora de Tierras Agropecuarias del Ministerio de Agricultura de la Nación– a propósito de un innovador mapeo georreferenciado presentado junto al MInisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación: El SIGeT, Sistema de Inteligencia Geoespacial sobre Posesión y Tenencia de la Tierra. La plataforma permite conocer el estado de tenencia y posesión de las tierras donde habitan las comunidades indígenas, de familias campesinas y de la agricultura familiar, para implementar políticas de arraigo. Algo que explicita la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar sancionada en 2014, a la espera de reglamentación.
En la informalidad del pequeño productor, desarrollar el sector implica sistematizar la información. El secretario de Agricultura Familiar de la Nación, Miguel Gómez, precisa: “Para garantizar el acceso a los derechos, necesitamos saber dónde están, quiénes son, qué producen los agricultores familiares». Castillo añade: “Hay que construir datos oficiales para tener confiabilidad al ejecutar políticas» para el sector.
Hay diez millones de hectáreas en la agricultura familiar, campesina, indígena y de la pesca artesanal, según diferentes registros oficiales. El sistema georreferenciado, gestionado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología –el proyecto ganó un premio del programa ImpaCT.Ar–, permitirá afinar las políticas de arraigo rural. Y develar, entre otras incógnitas cuál es la proporción real de tierras “extranjerizadas”. O el total de casos de «tierras en conflicto», que hasta hoy registra 180. Se contemplan tierras fiscales y otras en diferente estado de titularidad. Allí, los conflictos por intimación de desalojo llegan a situaciones de extrema violencia: intimidaciones con armas de fuego incluidas.
La cuestión de la tierra
De “la cuestión de la tierra” surgen las posibilidades de producción y de hábitat, detalla Castillo. “Pero no teníamos hasta hoy, una herramienta para conocer la situación de posesión y tenencia de la tierra, ahora la tenemos” explica. «El SIGeT superó nuestras expectativas” agrega ya que la propuesta de Agricultura Familiar gano el programa ImpaCT.AR, y se sumó luego la Universidad del Centro (Tandil). Y una empresa nacional, Space Sur, para su ejecución.
“Partió de una necesidad que detectamos, por la carencia de datos oficiales sobre tierras”, detalla Castillo. En el último informe oficial de 2013 “había 68.000 familias sin seguridad jurídica sobre sus tierras: son 9 millones de hectáreas” señala. “Nos interesa la plataforma porque actualiza la información en forma permanente. ¡Es muy difícil construir políticas públicas con datos de diez años atrás!”, fundamenta.
En 2021 comenzaron a recabar los primeros datos. Entre ellos, los que aportaba la discusión por la prórroga para suspender desalojos que impone la Ley 27.118 de Agricultura Familiar. Sumando al mismo amparo jurídico que brinda la Ley 26.160 de Emergencia Territorial para las comunidades indígenas.
Hoy, registrados en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) “hay 200.000 núcleos productivos” puntualiza Castillo. Casi medio millón de personas. “Además hemos cargado 1.800 comunidades indígenas en la base. Estamos hablando de diez millones de hectáreas” define. En tanto desde el INAI les anticipan que solo la mitad de las comunidades está registrada.
“No solo se trata de tierra pública sino también la que está en posesión antigua y hay que regularizar” señala la abogada. Al tener actualización permanente, la plataforma permite ingresar los datos cuando se producen. La herramienta además de innovadora “es de mucha utilidad para construir políticas para el sector”, afirma. «Es muy dificil sino con datos de hace diez años, y no había una base, compartida y actualizada» añade.
Agricultura familiar
La FAO estableció que el 25 de julio es el Día Internacional de la Agricultura Familiar. Fue en 2014, cuando también instituyó que ese era “el año» de la agricultura familiar. Esto reconoce a estas “unidades productivas” con su aporte a la seguridad y a la soberanía alimentaria, a la biodiversidad y los procesos de transformación productiva sostenibles.
En la Argentina, la agricultura familiar, campesina, indígena, o de la pesca artesanal es valiosa en lo cultural y lo productivo: genera empleo y ofrece alimentos diferenciados de la producción industrial. Sin embargo, padece precariedad jurídica sobre sus tierras. Hay 180 conflictos con intimación de desalojos. “Sabemos que son más, pero sobre 180 tenemos datos certeros y contacto con los afectados directos” comparte Castillo.
El mapeo permitirá identificar, sobre datos georreferenciados el estado de cada caso. «Vamos a tener en un mismo lugar –describe Castillo–, toda la información sobre tierras. La información de Agricultura, del INAI en relación a tierras; del censo agropecuario y del poblacional” enumera. “Así podemos ir a una provincia y saber cuántos agricultores familiares hay, cuál es su relación con la tierra, y si esa tierra está en un área protegida, o se encuentra extranjerizada”, argumenta.
Extranjerización
El sistema también develará la incógnita sobre la tierra extranjerizada ya que cada provincia puede tener hasta un 15 por ciento de tierras vendidas a extranjeros. Lo define la Ley 26.737 de 2011, para limitar y controlar la venta a extranjeros.
Según los primeros cruces de información del SIGeT, en algunas provincias se llega al 30 por ciento. Y quienes más poseen tierras argentinas, son estadounidenses.
Muchas ventas, además, no contemplan a los agricultores familiares que las habitan. Es importante conocer cuántos agricultores se encuentran allí y qué producen. En todos los casos, esto facilita planificar el desarrollo rural y se impulsa «el arraigo» afirma Castillo. Y añade: «Es un trabajo en red, es interministerial, por eso es posible».
