Las pruebas de la trama golpista de Brasil: “Bolsonaro planeó, actuó y tuvo dominio de los actos”
El juez del caso difunde el informe final con las pruebas de urdir una asonada contra Lula en las que se basa la acusación contra el expresidente y 36 personas más.
El juez del caso difunde el informe final con las pruebas de urdir una asonada contra Lula en las que se basa la acusación contra el expresidente y 36 personas más.
La conclusión de la Policía Federal de Brasil es categórica:”Bolsonaro estaba al tanto y participó activamente” en la trama golpista. Levantado el secreto de sumario este martes, ya son públicas las 884 páginas que detallan las pruebas reunidas por los investigadores contra el anterior presidente. La semana pasada, cuando se formalizó la acusación contra el ultraderechista Bolsonaro (que gobernó entre 2019 y 2022) y otras 36 personas, se conocieron las líneas generales de la pesquisa. Ahora se han difundido los detalles, los entrecomillados, los pantallazos de los mensajes de Whatsapp que intercambiaron los sospechosos, los lugares y las circunstancias de los muchos episodios del fracasado complot.
“Las pruebas obtenidas durante la investigación demuestran de manera inequívoca que Jair Messias Bolsonaro planeó, actuó y tuvo dominio (…) de los actos realizados por la organización criminal con el objetivo de consumar un golpe de Estado”, afirman los investigadores.
Bolsonaro y 36 hombres más, la mayoría militares, están acusados de abolición violenta del Estado de derecho, entre otros delitos, por urdir una trama para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva relevara a Bolsonaro en el poder tras perder el ultra las elecciones en 2022. Sus seguidores perpetraron un asalto de las sedes de los tres poderes en enero de 2023.
Las pruebas, que colocan al anterior mandatario en el centro de los organizadores de la trama, fueron recabadas por la Policía Federal mediante registros, interceptación de comunicaciones, documentación bancaria y la confesión del secretario personal de Bolsonaro durante su mandato presidencial (2019-2022), el teniente coronel Mauro Cid.
El juez que investiga la mayoría de los casos contra el expresidente y el bolsonarismo en general, Alexandre de Moraes, ha enviado ya el informe completo al fiscal general de la unión, Paulo Gonet, que debe decidir si sigue adelante y solicita el procesamiento de los acusados o archiva la causa.
Bolsonaro ha asegurado a la prensa este lunes que nunca discutió ningún plan para perpetrar una asonada. Siempre repite que, durante su mandato presidencial, actuó “dentro de las cuatro líneas de la Constitución”.
El político ultraderechista sigue siendo el jefe de la oposición brasileña, aunque está inhabilitado para presentarse a las elecciones hasta 2030. De todos modos, él actúa como si tuviera el camino expedito para concurrir a las próximas presidenciales, previstas para 2026. El expresidente está acusado en otros dos casos: por falsificar certificados de vacunación durante la pandemia y por apropiarse de unas joyas que le regaló la monarquía saudí.
El objetivo de la trama golpista era, según la policía, impedir que el izquierdista asumiera un tercer mandato y que Bolsonaro se mantuviera en el poder pese a su derrota en las urnas. Los acusados sopesaron múltiples opciones para conseguir ese fin, incluido asesinar a Lula cuando ya era presidente electo. Dice la policía que Bolsonaro “tenía completo conocimiento” de los planes para el magnicidio, que iba a ser perpetrado por militares formados en las unidades de élite de las Fuerzas Armadas, los llamados kids pretos (chavales negros). Basa sus conclusiones la Policía Federal en conversaciones entre los supuestos golpistas y grabaciones de reuniones celebradas en el palacio presidencial.
Entre las pruebas esgrimidas por los investigadores contra Bolsonaro, destacan dos reuniones. Una celebrada con ministros, en julio de 2022, tres meses antes de los comicios, en la que los animó a difundir falsedades sobre la seguridad del sistema de votación y supuestos fraudes. La otra reunión fue en diciembre, cuando Lula ya había ganado y se preparaba para tomar posesión el día de Año Nuevo. El aún presidente convocó en el palacio presidencial a los comandantes de las Fuerzas Armadas para proponerles el golpe mediante un decreto para ampliar el poder de los militares más allá de los límites constitucionales. El jefe de la Marina aceptó sumarse a la asonada, mientras los del Ejército y la Aeronáutica lo rechazaron, además de advertir de que era ilegal. Fue la decisión de esos dos generales, según la policía, lo que impidió que el golpe prosperara.
Sostiene la policía que el plan golpista de Bolsonaro empezó cuando asumió la presidencia y se empeñó en cuestionar la seguridad de la urna electrónica, aunque nunca se ha detectado ningún fraude a gran escala con este sistema que Brasil usa hace más de 25 años, publicó El País.
