Las «Saladitas» ya constituyen el 45 por ciento del comercio en el interior del país
Se cuentan de a miles, no tienen un debido control de la autoridades y perjudican a los vendedores que sí pagan los impuestos
Se cuentan de a miles, no tienen un debido control de la autoridades y perjudican a los vendedores que sí pagan los impuestos • Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los puestos ilegales le quitan al comercio formal alrededor del 45 por ciento de las ventas promedio, cifra que en el interior puede alcanzar 10 puntos más • Las cifras en Entre Ríos, a las que accedió APFDigital
En los últimos años, la polémica feria La Salada avanzó con «sucursales» en distintas ciudades, mientras que en otras -como Córdoba- la oposición de las cámaras de comercio lograron frenarla. En Mendoza, por ejemplo, funciona el Mega Polo La Salada de Cuyo, con unos 250 puestos, y en Posadas, Misiones, hay otra con unos 100 puesteros.
Más allá del nombre que asuman, en todo el interior hay ferias, paseos o galerías de entre 15 y 30 puestos, con prendas que vienen en general de La Salada o, en el caso de la ropa deportiva, del norte argentino. De hecho, las excursiones de compra son semanales y muchas veces se realizan procedimientos para incautar mercadería original.
Fabián Castillo, vocero de la CAME y presidente de la Cámara de Comercio de Calzado de la Argentina y de la Mesa Nacional Antipiratería, admite que en el interior la lucha contra el comercio ilegal es todavía más complicada que en la ciudad de Buenos Aires donde, por ejemplo, lograron sacar a los manteros de la calle Florida y de la avenida Avellaneda.
«La clave es el ejercicio del poder de policía en la instancia que corresponde”, dice a La Nación” y agrega: “Hay desde delitos federales, como el fraude marcario, hasta contravenciones que también deben ser sancionadas. Los inspectores deben controlar que haya factura, la procedencia de la mercadería y hasta las condiciones de las instalaciones para habilitarlas.»
• Imposible competir
El presidente de la Federación Comercial de Córdoba, Marcelo Stehli, subraya que es «imposible competir si se paga alquiler, tarifas e impuestos y en la puerta venden lo mismo sin ninguna carga». Los rubros textil, electrónica barata, calzado y bijouterie son los que identifica como los más perjudicados.
Hay puestos con posnet instalado, lo que, a criterio de las cámaras comerciales, es una señal de la falta de controles. Sostienen que las inspecciones son más laxas que las que se hacen a locales instalados.
«Todo está atado a un problema social y eso es difícil de superar; hay resquemor a cerrar las ferias y nadie termina de saber cómo funcionan, si hay detrás una organización o sólo gente que compra y revende», dijo Stehli a La Nación.
Desde la CAME afirman que el problema no deja de crecer. Hace 45 días instrumentaron una aplicación para realizar denuncias desde cualquier lugar del país y ya sumaron 1.700. Ahora están preparando una campaña para realizar en los colegios con el fin de crear conciencia sobre la magnitud del problema; intentan que comprar más barato e ilegal no se convierta en parte de la cultura.
Alejandro Haene, titular de la Coordinadora Mercantil de Posadas, comenta que la cantidad de puestos informales se multiplica «ante la pasividad» de las autoridades, lo que atenta contra la continuidad de muchos comercios y la propia salud de los consumidores. «En la calle se vende de todo, poniéndose en riesgo a las empresas formales», aclara.
Las entidades comerciales coinciden en que aquellos que compran en negro mantienen el mismo esquema a la hora de vender, un círculo contra aquellos que están en blanco y no tienen chances de competir por la carga tributaria que afrontan.
En San Juan, desde hace unos años, los puesteros fueron agrupados en «ferias persas» donde no pagan alquiler, pero sí impuestos. Hermes Rodríguez, titular del Centro Comercial de esa ciudad, indica que así se avanzó en los controles, aunque reconoce que muchos de los que no pudieron insertarse en esos espacios se fueron a departamentos como Rawson y Caucete, donde los controles son menos rigurosos.
Stehli apunta que el combate de las ferias en las ciudades más chicas es más fácil, porque «se trabaja en coordinación con el Estado y se identifica más velozmente a los responsables». Castillo entiende que la «cogestión entre lo público y lo privado» es la única manera de erradicar el problema, «junto con la conciencia de la gente, que entienda que lo ilegal está manchado de sangre».
Todos aclaran que no están en contra de los artesanos, sino de quienes venden productos de procedencia dudosa. Hace poco más de un año en Mendoza se destruyeron, por ejemplo, 940.000 pares de anteojos «truchos»; la CAME asegura que empezó a detectar «cada vez más venta de medicamentos pediátricos» en la calle y que desde Interpol les confiaron que en el país hay hasta repuestos de aviones falsos.
«Los manteros en general no son más que la vidriera de una organización -explica Castillo-. Hay mafias por detrás y estamos exportando este esquema a otros lugares como Chile. Si naturalizamos la ilegalidad, ¿cómo se sostendrá la sociedad, con qué impuestos?»
En el interior, la presencia de talleres clandestinos es menos frecuente, lo que no significa que no los haya. Pero, en general, la mercadería llega desde otros lugares y se revende.
En Entre Ríos
Concordia, Victoria, Villaguay, Chajarí y Paraná son algunas de las ciudades entrerrianas que se mencionan en un informe sobre venta ilegal difundido semanas atrás por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
En Concordia hay un puesto ilegal cada 181 habitantes, en Victoria uno cada 460, en Villaguay 619, en Chajarí 749 y en Paraná 3.219.
