Lo que crece es el desmonte
El proyecto fue presentado en junio. Pero Greenpeace sostiene que la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de Diputados, la radical María Burgos, lo tiene guardado, mientras los desmontes ilegales crecen.
El proyecto fue presentado en junio. Pero Greenpeace sostiene que la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de Diputados, la radical María Burgos, lo tiene guardado, mientras los desmontes ilegales crecen.
Greenpeace denunció ayer que la diputada jujeña de la Unión Cívica Radical María Gabriela Burgos demora desde hace casi un año la Ley de Delitos Forestales en el Congreso de la Nación. La norma establece penas de entre dos y diez años de prisión para quienes ocasionen intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos; penaliza también a quienes ayuden a cometer esos delitos y a los funcionarios que sean cómplices por permitir la deforestación en zonas prohibidas. “El tiempo pasa y los desmontes siguen, como también los desalojos violentos a los campesinos e indígenas que viven en las zonas deforestadas”, advirtió en diálogo con PáginaI12 el coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, Hernán Giardini.
En junio de este año la organización ambientalista presentó un informe en el que demuestra que durante los primeros 6 meses de 2017 fueron desmontadas unas 45 mil hectáreas de bosques entre las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco, de las cuales un 42 por ciento se produjo en regiones protegidas por la Ley de Bosques. “Grandes productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la Ley de Bosques y no tienen condena. Las multas hoy son para ellos tan bajas que las calculan como un gasto más de su producción, con lo cual no les hace ninguna diferencia”, denunció Giardini. El activista subrayó, además, que “los conflictos en los campos en donde se desmonta están creciendo desde hace un tiempo. Donde hay desmonte hay desalojos y violencia por parte de los empresarios contra las comunidades, y la violencia aumentó”.
Por estos motivos, Greenpeace, en conjunto con organizaciones campesinas y originarias, elaboraron el proyecto de la Ley de Delitos Forestales, que fue llevado al Congreso el año pasado por la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda. Sin embargo, los impulsores de la norma denuncian que la diputada Burgos, quien preside la comisión de Legislación Penal, tiene el proyecto cajoneado. El coordinador de la campaña de bosques señaló que “la ley apunta a los grandes propietarios y empresarios que hacen lo que quieren con las tierras, y cuentan con la connivencia de los gobiernos provinciales. Hoy en día quemás una superficie de bosques del tamaño de la Ciudad de Buenos Aires y nadie lo investiga”.
Las penas que establece la norma para los que realicen desmontes en zonas prohibidas o sin autorización son de entre dos y diez años, y a quienes ayuden a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico les corresponderá entre dos y seis años de cárcel. Según explicó Giardini, uno de los aspectos fundamentales de la ley es que “los funcionarios quedan más expuestos, ya que si se determina que son cómplices de un desmonte ilegal también pueden ir presos”. “Con esta ley, el hecho de que la Justicia Federal intervenga ya cambiaría la forma de proceder de las empresas y la complicidad de los gobiernos, porque podrían ir todos presos, no sólo pagar multas. Hoy nuestro Código Penal no considera delitos a los daños al medio ambiente. Por desmonte ilegal no puede haber condenas sobre los empresarios responsables porque los casos terminan en contravención, además de que, según indica la Ley de Bosques, deberían reforestar lo destruido, lo cual hasta el momento no vienen cumpliendo nunca”, agregó el activista.
Entre los gobiernos provinciales que más han avalado el desmonte, según Giardini, se encuentra el de Salta, presidido por Juan Manuel Urtubey, “que modificó las categorías de los bosques para permitir el desmonte en zonas prohibidas”. En esa provincia deforestaron 7009 hectáreas entre enero y junio, de las cuales 678 fueron desmontadas ilegalmente. Giardini también mencionó la provincia de Santiago del Estero, “donde el gobierno es cómplice del desmonte para el uso del suelo para ganadería”, y en los primeros seis meses del año avanzaron sobre más de 8 mil hectáreas prohibidas. “Después hay casos como el de Neuquén, donde el gobierno municipal de Villa La Angostura desmontó 12 hectáreas prohibidas, de las cuales 3 eran del Parque Nacional Nahuel Huapi, para hacer una pista de motocross”, añadió. Por último, el activista afirmó que en la provincia de Córdoba los bosques actualmente están en peligro “con el avance de los barrios cerrados en las afueras de la ciudad de Córdoba, y el gobierno provincial los habilita”.
