Los jubilados y la licuadora previsional: claves para entender el ajuste de hoy y de siempre
Más allá de la derogación de la movilidad jubilatoria, el sector pasivo debe soportar recortes una y otra vez, corriendo muy de atrás a la inflación.
Más allá de la derogación de la movilidad jubilatoria, el sector pasivo debe soportar recortes una y otra vez, corriendo muy de atrás a la inflación.
Nadie podrá decir, ni ahora ni desde la renacionalización de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP), que los jubilados hayan sido los culpables de la situación fiscal del país. Menos en el arranque del gobierno de Javier Milei; donde, según el último informe del el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el haber jubilatorio mínimo arrancó el año con una pérdida de poder adquisitivo del 17% respecto a diciembre.
Pero, además, menciona el trabajo elaborado por el economista Nadín Argañaraz (ex Fundación Mediterránea) en relación a 2017, la pérdida real del haber de enero fue del 57%, con lo que ahorro de gasto público hecho con los jubilados en los últimos 6 años es de US$26.000 millones. Este 2024, si no se recompone el poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas, el ahorro fiscal podría llegar en términos cambiarios actuales a los US$10.000 millones.
El Gobierno reconoce la situación. Pero alega que la idea no es ajustar sobre jubilaciones ni planes sociales, algo que el propio Javier Milei dejó en claro al inicio de su gestión. Los fondos para mejorar sustancialmente los pagos a los pensionados están presupuestados e incluso es un capítulo que fue negociado y aceptado en el acuerdo cerrado en enero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este 2024.
Cristina Georgieva, la titular del FMI, avala un leve desvío de la meta de déficit fiscal, mientras el Gobierno atienda las necesidades de los sectores más postergados de la población.
El organismo que conduce Kristalina Georgieva incluso le permite al Gobierno desviarse de la meta fiscal de 2% de superávit del PBI dispuesto para este año, siempre que se trate de atender los efectos del ajuste sobre este sector social.
Para Milei la culpa no es de él ni de su Gobierno, sino de «La Casta» y del Congreso. Alega que en la ley «Bases» que Diputados rechazó en particular, luego de haberla votado en general, un capítulo específico explicaba que la indexación para los jubilados igualaría la inflación, luego de abandonar definitivamente la ley de movilidad que había aplicado Alberto Fernández durante su gestión y que a su vez había reemplazado a otra de Mauricio Macri; que había modificado otra de Cristina Fernández de Kirchner.
Sin embargo, la idea igualitaria a la inflación de Milei, representa un eventual acto de justicia, pero hacia delante. No contemplaba «Bases» una retribución para lo que se perdiera hasta la aprobación y reglamentación de la ley; con lo que si en el mejor de los casos, la mejora para jubilados se aprobaba en marzo, se hubiera aplicado desde abril, con lo que el ajuste sobre jubilaciones hubiera regido mínimamente en el primer trimestre del año.
Fuerte ajuste
Aplicando la medición de IARAF, sería un ajuste fiscal de no menos de 2.500 millones de dólares, en un momento clave de la política monetaria de Milei. Pero ahora, si el actual statu quo continuara y no mejorara la ley de movilidad aplicada en el Gobierno anterior, el ajuste a los jubilados continuará firme mientras la inflación continúe en alza. Y los jubilados tengan que cobrar por la evolución de los salarios reales como en la actualidad.
Preocupación entre jubilados y pensionados en cómo llegar a fin de mes.
Según el trabajo de IARAF, «como Argentina vive inmersa en un problema fiscal recurrente, los jubilados son los elegidos para ajustarlos, porque al ajustarlos baja el gasto público real y de esa manera se muestran mejores resultados fiscales. Los jubilados no cortan rutas, no se movilizan ni crean actos masivos.
La sociedad avala «el ajuste del ajuste sobre los jubilados». Menciona la consultora que «en este informe se pretende cuantificar el ajuste sobre los jubilados, con números concretos y simples. En el mes de enero de este año, el poder adquisitivo de un jubilado se redujo un 17% respecto al del mes previo de diciembre.
Esto vale para el que cobra bonos y para el que no los cobra. La inflación generó esa licuación de los haberes. Si la comparación se hace contra el haber promedio mensual del año 2017, la caída es del 57% en el caso de no cobrar bono o del 35% en el caso de cobrar bono. Esto significa que un jubilado que cobra bonos pudo adquirir en enero un 65% de los bienes y servicios que podía adquirir en promedio durante 2017».
Y que «es llamativa la indiferencia de la sociedad ante esta crítica situación de uno de los grandes grupos poblacionales más vulnerables de nuestro país. La clase política seguramente seguirá discutiendo cuál es la mejor fórmula para evitar que los jubilados dejen de perder poder adquisitivo, tratando cada partido político de justificar que la suya es la menos dañina».
