Los municipales de San Luis quieren una suba del 35%
El sindicato que agrupa a los empleados elevó una nota con el reclamo. Solicitaron que alcance al personal de «Ayuda Económica». Piden que sea en un solo pago.
El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Luis pateó el tablero y se convirtió en el segundo gremio estatal que solicitó formalmente un aumento de sueldo en lo que va del año. La institución que conduce Alejandro Sosa pidió un incremento salarial del treinta y cinco por ciento. La nota ya fue recibida en la Intendencia capitalina y empezó los circuitos administrativos hasta llegar al jefe comunal Enrique Ponce.
«No queremos que sea escalonada, ya que no exige una erogación presupuestaria que comprometa al Municipio» (Alejandro Sosa)
“Ya nos dieron el número de expediente. Ojalá pronto tengamos respuesta”, dijo expectante el representante de los empleados del Gobierno de la ciudad.
El reclamo apunta a beneficiar no sólo al personal de planta permanente, contratados e interinos, sino que también pretende alcanzar al plan social municipal, más conocido con el nombre de “Ayuda Económica”.
Sosa y el resto de la comisión directiva argumentaron la petición de recomposición salarial en la necesidad de compensar la vertiginosa suba del costo de vida y defendieron el porcentaje exigido en que “guarda concordancia y similitud con la modalidad y parámetros observados a nivel nacional”.
El primero en plantearlo en el ámbito local fue el Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu), que requirió al Superior Tribunal de Justicia un reajuste del cuarenta por ciento.
El ex concejal fue más allá y le pidió a Ponce que la mejora sea de una sola vez. “No queremos que sea de aplicación escalonada ya que la viabilidad y razonabilidad de lo requerido no exige en exceso una erogación presupuestaria que comprometa los recursos económicos y financieros municipales”, justificó.
El gremio aprovechó la nota para pasarle factura al jefe del Ejecutivo de la ciudad por la falta de respuesta a otra que hicieron el 13 de diciembre.
Allí gestionaron una suma fija de mil pesos en consonancia con la medida que tomó la administración pública provincial. En ese escrito también dejaron abierta la posibilidad a que ese monto sea incorporado al sueldo, pero como remunerativo y bonificable, a cuenta de futuros aumentos y para acercarse a los parámetros fijados en el Salario Mínimo Vital y Móvil nacional, que se estableció en 3.600 pesos a partir del 1 de enero de este año.
“Si nos hubieran hecho caso en ese momento, ahora la erogación presupuestaria sería mucho menor”, se quejó quien en diciembre concluyó su cargo como edil del bloque Compromiso Federal.
Problemas con el presupuesto
Sosa salió a respaldar al juez de Faltas municipal, Alejandro Ferrari, quien la semana pasada denunció públicamente que la Intendencia le cambió una hoja del presupuesto que él había enviado para este año y que finalmente se enteró de la maniobra cuando la ordenanza fue publicada en el boletín oficial de la Comuna.
«A nosotros nos hicieron algo similar con los interinatos y el congelamiento de vacantes, dos logros que intentamos plasmar en una ordenanza y que cuando la logramos, el Ejecutivo la publicó pero no completa, con lo cual siguió perjudicando a los compañeros», exclamó.
El dirigente recordó que había conseguido el consentimiento de varios de los bloques para lograr sacar del «freezer» a los empleados que acumulan muchos años en una misma categoría y promocionar los ascensos en espacios que fueron dejados por empleados que se jubilaron o ya no cumplen tareas en la Municipalidad.
