Los nuevos elefantes blancos que creó el macrismo
Seis están en Buenos Aires y uno en Entre Ríos. Faltaba diez por ciento para terminar. Quedó un millón de personas sin atención.
Seis están en Buenos Aires y uno en Entre Ríos. Faltaba diez por ciento para terminar. Quedó un millón de personas sin atención.
Mientras crece la emergencia en los hospitales públicos y se consolida el avance de los servicios de salud privados, el gobierno de Cambiemos redujo el presupuesto destinado a poner en funcionamiento pleno a siete hospitales que hoy “podrían haber atendido 30.700 internaciones, 14.300 partos, 8.730 cirugías y 1.693.000 consultas externas” anuales. La denuncia fue formulada por la Fundación Soberanía Sanitaria, a través de un informe al que tuvo acceso PáginaI12, que señala que la falta de apoyo a proyectos y construcciones hospitalarias realizadas por el gobierno anterior, entre 2003 y 2015, privó de una atención digna a cerca de un millón de personas. Los complejos asistenciales de alta complejidad que están funcionando en forma limitada o directamente cerrados son los hospitales del Bicentenario de Esteban Echeverría, Ituzaingó, Escobar –en la provincia de Buenos Aires–, y de Paraná, Entre Ríos. Lo mismo ocurre con los hospitales Samic (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad) de Cañuelas, Gregorio de Laferrere y Rafael Castillo.
En el informe se subraya que “el valor total de las obras de los Hospitales de Paraná, Esteban Echeverría e Ituzaingó era de 1.445.702.623,31 de pesos, de los cuales 1.214.384.495,04 de pesos ya habían sido abonados por el gobierno saliente (de Cristina Kirchner), restando abonar a la gestión de Cambiemos, tan solo 231.318.128,27 pesos”. Además del documento, este diario entrevistó al titular de la Fundación Soberanía Sanitaria, el ex viceministro de Salud del gobierno anterior, Nicolás Kreplak (ver aparte). De los 231.318.128,27 pesos que debía abonar la gestión del actual presidente Mauricio Macri, 84.770.215,51 pesos corresponden al Hospital de Paraná, 72.492.572,44 pesos al de Esteban Echeverría y 74.055.340,32 pesos al de Ituzaingó.
El informe de la Fundación, que denuncia el abandono por parte del gobierno macrista de los nuevos hospitales nacionales, se titula “Una manada de Elefantes Blancos”. La denominación hace referencia al edificio de 14 pisos, en Villa Lugano, que iba a ser el hospital público más grande de América Latina. El proyecto se presentó en 1923 por iniciativa del senador socialista Alfredo Palacios. Su construcción como centro para la atención de la tuberculosis comenzó en 1938, pero fue abandonada al poco tiempo. Fue retomada e impulsada durante las dos presidencias de Juan Domingo Perón, pero la obra quedó trunca en forma definitiva luego del golpe militar de 1955. La estructura del edificio, que sobrevive, quiere ser ahora demolida a pico y pala por el actual gobierno a un costo estimado en 130 millones de pesos.
La fundación señala que la construcción de hospitales “se inscribe en las políticas de consolidación del derecho a la salud” porque “es una forma de fortalecer el sistema en su segundo nivel de atención, aquel que debe dar respuesta a los problemas de salud de la población que por su complejidad no pueden resolverse en los centros asistenciales del primer nivel de atención”. Recuerda que en los primeros gobiernos peronistas, a partir de la gestión del entonces secretario de Salud Ramón Carrillo, junto con la Fundación Eva Perón, “se construyeron 4229 establecimientos sanitarios en todo el país, incluyendo 200 hospitales, que ampliaron la capacidad hospitalaria en 130.180 camas”. Un largo proceso posterior de alternancia entre golpes cívico-militares y gobiernos constitucionales hizo que el Estado Nacional perdiera presencia, delegando buena parte de la gestión sanitaria en las provincias, y propiciando el crecimiento de la medicina privada en detrimento de la salud pública.
En el informe se destaca que, a partir de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015, el Estado Nacional “recuperó la capacidad de rectoría que se tradujo en la asignación de recursos para el fortalecimiento del primer nivel de atención”, tanto en infraestructura hospitalaria como en “recursos humanos y medicamentos”. En esos doce años “se invirtieron 647.051.900 de pesos en equipamiento sanitario y 3.533.984.497 de pesos en infraestructura”, incluyendo “obras nuevas, remodelaciones y ampliaciones”.
La política del kirchnerismo, afirma el trabajo, se orientó hacia “la construcción de hospitales y la adquisición de tecnología de avanzada que permitió poner a disposición de la población una atención de salud de calidad con equidad en el acceso”. En ese marco se dispuso “la construcción de siete hospitales y de numerosos centros de medicina nuclear” (ver aparte). Esos emprendimientos se encontraban, a comienzos de 2016 “con un avance de obra significativo y con sus equipamientos adquiridos”. Sin embargo, en los últimos dos años “esas obras se han paralizado impidiendo a la población contar con recursos fundamentales e imprescindibles para el acceso a la salud”.
La fundación sostiene que “los recursos físicos en salud y la tecnología médica (centros de salud, clínicas, hospitales, equipos de diagnóstico, etc.), disponibles y accesibles a toda la población, son esenciales para la garantía de la salud como derecho”. Para lograr ese objetivo los hospitales constituyen “un recurso físico de suma importancia para la atención sanitaria” porque “más allá de su alta valoración social” porque su construcción “es parte de la consolidación de la red asistencial que busca dar respuesta efectiva e integral a los problemas de salud-enfermedad” más complejos.
El gobierno anterior dio comienzo a la construcción de hospitales “en zonas densamente pobladas de la provincia de Buenos Aires como La Matanza, Ituzaingó, Esteban Echeverría, Cañuelas y Escobar” y también en Paraná, Entre Ríos. Algunos de los hospitales fueron concebidos como “centros de referencia para los procedimientos de alta complejidad (Hospitales Samic), otros como hospitales para atender a la comunidad en general y particularmente a los afiliados del PAMI”, denominados Del Bicentenario.
Esos hospitales generales Del Bicentenario fueron proyectados para que contaran con “terapia intensiva, terapia intermedia, quirófanos, consultorios de urgencia y emergencias, shock room, internación (organizada por cuidados progresivos), consultorios externos, hemoterapia y aulas para docencia”. En su planificación original “contaban con tecnología para el diagnóstico que incluía: tomógrafos, rayos, mamógrafos, ecógrafos y laboratorios equipados”. Por su parte, los centros de alta complejidad “tomaron como ejemplo el modelo de fortalecimiento de los recursos humanos, tecnológicos y económicos aplicados en el Hospital Garrahan y el Hospital de Alta Complejidad El Cruce ‘Néstor Kirchner’, en Florencio Varela, con la implementación exitosa de tecnología avanzada”.
El modelo de gestión elegido para los nuevos hospitales fue el Samic. La característica central es la articulación de su actividad asistencial con los sistemas locales de salud y el mantenimiento de su autarquía financiera y organizativa. La administración y el financiamiento son de tipo mixto, con la participación, según cada caso, del Estado nacional, las provincias y los municipios. Cada uno de estos hospitales atendía “alguna demanda particular de la zona o del sistema de salud”.
El Hospital de Cuenca Alta, en Cañuelas, por ejemplo, fue planificado “para funcionar como referencia nacional en toxicología, en colaboración con la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) en la resolución de los casos de intoxicación de la población generados por la contaminación de la cuenca”. Su área de influencia incluye siete municipios, con una población aproximada de 500 mil personas.
Desde la asunción del presidente Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal “se paralizaron o suspendieron todas las actividades programadas para poner en funcionamiento” a los Hospitales del Bicentenario. Muchos de estos hospitales dieron comienzo a sus actividades de manera parcial en 2015. En algunos casos “se pusieron en funcionamiento los consultorios externos, camas de internación, vacunatorios, el área de diagnóstico por imágenes y los laboratorios”, lo que demuestra “el estado de avance de las obras que, en la mayoría de los casos, se acercaba al 90 por ciento de ejecución”.
El Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría “se encuentra con la obra prácticamente terminada, pero actualmente está habilitada para su funcionamiento solamente el área de consultorios”, mientras que “el resto del espacio y el equipamiento tecnológico, como los de neonatología, no están siendo utilizados”. El informe de la fundación asegura que “este hospital debería estar operando al 100 por ciento de sus capacidades desde inicios de 2016”.
En el caso del Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, las obras están paralizadas “con un nivel de abandono tal que, como trascendido por varios medios de comunicación, este año fueron retirados materiales de construcción, equipamientos médicos y mobiliario”, por decisión de las autoridades gubernamentales. El Hospital del Bicentenario de Paraná se inauguró parcialmente en diciembre de 2015 y en la actualidad “podría estar funcionando con un 100 por ciento de su capacidad, pero la obra se encuentra paralizada y su funcionamiento es parcial, en las mismas condiciones que en 2015”.
Según el informe, se estima que el costo de operación anual para cada uno de los hospitales del Bicentenario “es de 387.428.349 de pesos”, de acuerdo con los calculado de valores de mercado en 2016. El presupuesto actual destinado a esos establecimientos “ni siquiera se acerca a este monto”. El Hospital Samic de la Cuenca Alta “concretó su plan de obras en octubre de 2015, con una inversión total de 536 millones de pesos”. Desde esa fecha el hospital “funcionaba con el personal de la primera etapa de atención pero sin recibir pacientes; en la actualidad el hospital está cerrado”.
Los otros dos hospitales Samic fueron construidos en La Matanza, un partido que tiene una población aproximada de 1.700.000 habitantes, y con “una capacidad de respuesta sanitaria por debajo de las necesidades de su comunidad”. El hospital construido en la localidad de Gregorio de Laferrere, significó “una inversión total del Estado Nacional de 413 millones de pesos”, mientras que el que se levantó en la localidad Rafael Castillo, también en La Matanza, tuvo un costo de 374 millones de pesos.
En 2015 se había realizado la apertura para la realización de pruebas de funcionamiento, definición de necesidades y ajustes en estos dos hospitales. La puesta en funcionamiento total estaba prevista, en los dos casos, para comienzo de 2017. Sin embargo, “al día de hoy esto no ocurrió y estos hospitales siguen funcionando con una capacidad operacional mínima”. En el caso del hospital de Rafael Castillo “la obra está paralizada desde marzo de 2016”.
