Los trabajadores de Parques Nacionales reclamaron contra la venta de un predio
Se tratra de un terreno ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. La iniciativa oficial se enmarca en una serie de medidas que perjudican al organismo.
Se tratra de un terreno ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. La iniciativa oficial se enmarca en una serie de medidas que perjudican al organismo.
Los trabajadores de Parques Nacionales nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que el gobierno nacional se dispone a rematar mediante un decreto el predio de la calle Ancón, en la Capital Federal, condenando al organismo a alquilar a perpetuidad a precios obscenos como los US$ 130.000 que paga hoy mensualmente.
Para manifestar su oposición a este nuevo avance del macrismo contra el patrimonio estatal, se dirigieron este martes al Congreso Nacional, para llevar también allí su reclamo.
«Desde 2017, la Administración de Parques Nacionales (APN) alquila para sus oficinas centrales un edificio construido por Caputo Construcciones por un monto de US$ 130.000 por 36 meses. Es decir, US$ 1.560.000 por año en alquiler. Un gasto inédito para Parques Nacionales, ya que corresponde al 50% de los gastos operativos de las áreas protegidas», detallaron los trabajadores en un comunicado.
«Es decir, alquilar un edificio en el centro porteño equivale a conservar y proteger 1.300.000 hectáreas. Mientras gastan estas sumas excesivas, diversas oficinas del interior y áreas protegidas no han tenido ni tienen para pagar la luz, el gas o el combustible para movilizarse», continúa el texto.
Según revelaron los representantes de ATE, «los funcionarios fundamentaron la decisión de alquilar estos tres años en que durante este tiempo se iba a construir un edificio propio en el predio de la calle Ancón. No solo no sucedió, sino que deciden venderlo».
«Esta medida, más otras iniciativas como la privatización de áreas protegidas por 30 años bajo el slogan de ‘oportunidades naturales’, o la flexibilización de los controles ambientales (Decreto 368/2019) son una manifestación más del achicamiento del Estado, pérdida de soberanía y privatización de bienes de todos los argentinos en desmedro del ambiente», finaliza el comunicado.
