Lula pide aumentar el gasto social previsto por Bolsonaro

Los equipos de transición negocian superar el "techo de deuda", que tiene rango constitucional para sumar 35 mil millones de dólares

Los equipos de transición negocian superar el «techo de deuda», que tiene rango constitucional para sumar 35 mil millones de dólares

El primer gran reto económico y político de Lula da Silva, ganador del balotaje presidencial de hace una semana, será negociar con el Congreso ajustes al alza del presupuesto de 2023. Como en todas las transiciones, el nuevo gobierno hereda el presupuesto enviado por la administración anterior. En este momento el equipo de Lula busca reajustar varios programas sociales.

En este caso se aplica inicialmente el presupuesto presentado por el gobierno de Jair Bolsonaro, quien fue derrotado por Lula el domingo pasado. Este presupuesto no proporciona los fondos necesarios para cumplir las promesas del ganador. El presupuesto de Bolsonaro implica una contención del gasto en áreas como Salud y Educación. Se estima que hay 175.200 millones de reales que serán objeto de negociación. Son unos 35.000 millones de dólares, una cifra enorme.

Dirigido, por el lado del PT por el vicepresidente electo Geraldo Alckmin (PSB), el equipo de transición quiere lograr, para la fecha de la toma de posesión de Lula, el 1º de enero, un reajuste para cumplir con los compromisos de campaña. Entre ellos están: el programa Brasil Ayuda: 150 reales adicionales, por niño de hasta 6 años, a las transferencias de las familias beneficiadas por el plan y un aumento real (por encima de la inflación) del 1,3% o del 1,4% del salario mínimo en 2023. Además, se buscan recursos para la Salud, como los del programa Farmacia Popular.

El jueves pasado, el ponente del presupuesto 2023, el senador Marcelo Castro (MDB-PI), y Alckmin anunciaron que propondrán, a los presidentes de la Cámara y del Senado, la aprobación de un proyecto para eliminar el “techo de gasto” instituido a nivel constitucional de las acciones consideradas “inaplazables” y para las que no hay suficientes recursos previstos. Esta maniobra se llama “PEC de transición” . PEC es un acrónimo de Propuesta de Enmienda Constitucional. Se discute y vota en dos rondas en cada cámara del Congreso. Para ser aprobada, necesita el voto de tres quintas partes de los diputados (308) y senadores (49). Un problema para Lula es que las primeras bancadas en las dos cámaras responden al presidente saliente, Jair Bolsonaro. Este sacó en la primera rueda electoral del 2 de octubre los mejores resultados en las competencias legislativas.

Los expertos entrevistados por el grupo Globo destacaron que Lula deberá hacer frente a unas finanzas públicas ajustadas para financiar sus promesas de ayuda. Uno de los focos de atención de la economía será cómo apoyar a la población vulnerable sin pisotear la responsabilidad fiscal. El gobierno debe evitar a toda costa la fuga de los inversores, que provocaría una subida del dólar y nuevas presiones sobre la inflación. Un difícil balance entre las promesas, basadas muchas veces en las dos presidencias anteriores de Lula entre 2003 y 2010, en otra etapa de la economía local e internacional, y las más estrechas posibilidades actuales. Un legislador declaró: “No hay recursos (en el presupuesto actual) para la Bolsa Família (Ayuda a Brasil), para la Farmácia Popular, para la salud indígena, para las comidas escolares. Hay muchas deficiencias en el presupuesto. Hemos decidido la idea de aprobar una eximición del techo de gasto algunos gastos que son inaplazables”.

El techo de gasto es una norma de rango constitucional creada para limitar el crecimiento de la deuda pública. Establece que el importe total del gasto público en un año determinado no puede superar el del año anterior, ajustado a la inflación. El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), dijo que cree que el Congreso tendrá buena voluntad para votar esta medida y flexibilizar el techo de gastos es “natural”. La propuesta de eliminar gastos del techo de gasto no es nueva y fue adoptada por el gobierno de Jair Bolsonaro, por ejemplo, para pagar la Ayuda a Brasil y crear beneficios sociales en un año electoral. El paquete se conoció como “Kamikaze”.

Este lunes, el equipo de transición debe reunirse con Lula en San Pablo. Esta semana está prevista otra reunión con el legislador a cargo del presupuesto en Brasilia. El objetivo es completar y presentar la redacción de la reforma dentro de este período de transición. El coordinador del equipo de transición para el presupuesto, el senador electo Wellington Dias (PT), dijo que los técnicos elevarán, hasta el próximo martes, el valor relativo a cada punto considerado crítico, para garantizar los recursos necesarios en 2023. “Vamos a tener que ya el martes tienen la redacción de esta enmienda constitucional y la definición de los valores y la posición del presidente electo, el presidente Lula”, dijo Dias.

El relator del presupuesto 2023, el senador Marcelo Castro, ya ha dicho que el Congreso tendrá buena voluntad con las promesas hechas por Lula. Sin embargo, dijo que necesita escuchar ideas sobre cómo ajustar los compromisos adquiridos. “Sólo en Bolsa Família tendríamos un aumento de aproximadamente 70 mil millones de reales. No hay espacio presupuestario. No nos inventamos los números, no fantaseamos con los números”, advirtió.

Se abriría un crédito extraordinario en el presupuesto 2023 para financiar los ajustes al alza pedidos por Lula, con recursos por fuera del techo de gasto. Esta alternativa se considera el mejor camino, porque el presidente electo no estaría obligado a entrar en negociaciones directas antes de asumir. Un PEC, una Propuesta de Enmienda Constitucional, requeriría de acuerdos tempranos con los líderes del “Centrao”, el bloque de partidos que respalda a Bolsonaro, rechazado por los aliados de Lula.

Fuente: La Capital