Luz verde en España para exhumar a Franco
La familia había recurrido en la Justicia el procedimiento de exhumación determinado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que estipulaba su traslado al cementerio de El Pardo
La familia había recurrido en la Justicia el procedimiento de exhumación determinado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que estipulaba su traslado al cementerio de El Pardo
El Tribunal Supremo de España decidió por unanimidad aprobar el plan del Gobierno de España para exhumar los restos de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos.
Los restos del dictador español deberían haber sido exhumados el 10 de junio pasado, pero su familia había recurrido en la Justicia el procedimiento de exhumación determinado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que estipulaba su traslado al cementerio de El Pardo, donde yace la mujer del genocida. Los familiares de Franco pretendían que la inhumación se produjera en el cementerio de La Almudena, en el centro de Madrid. Pero el Gobierno lo había descartado por cuestiones de seguridad.
La exhumación de los restos de Franco fue una de las primeras medidas de Pedro Sánchez, después de asumir la jefatura del Gobierno por una moción de censura que terminó con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Luego de haber firmado aquel decreto en agosto del 2018, el proceso para retirar los restos del dictador se empantanó en los tribunales por los recursos interpuestos en la Justicia por la familia de Franco.
Tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, declaró que se trataba de una “gran victoria de la democracia”, y que era una determinación de su gestión “reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo”.
El Valle de los Caídos se encuentra en las afueras de la Comunidad Madrid, y es un complejo que ordenó construir Franco durante los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Allí se encuentran enterrados los restos de más de 33 mil combatientes de la Guerra Civil, además del cuerpo de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española. Según la Ley de Memoria Histórica, aprobada durante la gestión del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el Valle de los Caídos debía convertirse en un sitio para honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a raíz de la Guerra Civil de 1936-1939, y de la represión política que le precedió.
El eurodiputado de Unidas Podemos, Miguel Urbán, celebró la medida aunque consideró que es un paso dentro de una carrera más amplia que es la de exhumar el franquismo en España, y acabar con la impunidad de la que gozan los criminales franquistas en el país. “Es fundamental eliminar todos los obstáculos para que se puedan juzgar los crímenes y los criminales del franquismo en nuestro país, o sino, para dejarle vía libre a la querella argentina para que pueda juzgarlos”, afirmó el eurodiputado de la formación morada.
El padre de Urbán, Luis Miguel Urbán, fue torturado por “Billy el Niño”, uno de los más nefastos integrantes de la policía política de Franco, y contra quien la jueza argentina María Servini de Cubría dictó una orden de extradición, en el marco de una causa abierta en el 2010 para investigar los crímenes cometidos por el franquismo.
Durante los últimos años, la investigación abierta por Servini de Cubría se encontró con diversos obstáculos. Desde la Ley de Amnistía española hasta las decisiones de la Fiscalía General para dificultar la admisión de las causas abiertas por los delitos cometidos durante la dictadura franquista. Ahora que se logró avanzar con la exhumación de los restos de Franco, Urban espera que el PSOE impulse decididamente la supresión de esos impedimentos.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó que la intención del Ejecutivo es exhumar los restos del genocida “cuanto antes”, para evitar la cercanía con el comienzo de la campaña electoral para las elecciones generales del 10 de noviembre.
En cualquier caso, la culminación del proceso puede encontrar algún otro obstáculo judicial. Mientras que la familia del dictador advirtió que reclamaría el fallo del Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional, un juez de la Comunidad de Madrid deberá tomar una decisión sobre las medidas cautelares presentadas por los familiares respecto a las obras para levantar la losa que cubre la sepultura donde se encuentra Franco.
La reacción de los partidos de derecha ante el fallo del Tribuna Supremo fue dispar. Mientras que el PP expresó su respeto por la decisión de la justicia, Albert Rivera, de Ciudadanos, acusó a Pedro Sánchez de jugar con los “huesos de Franco” para dividir a los españoles, y Vox pidió a la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP con los votos del partido de ultraderecha, que obstaculice el procedimiento de la exhumación.
