Mafia de los medicamentos: Revés en la causa para el “Momo” Venegas y el intendente de San Pedro
El juez federal Sebastián Casanello ratificó la investigación contra el sindicalista rural y el jefe comunal bonarense Cecilio Salazar.
El juez federal Sebastián Casanello ratificó la investigación contra el sindicalista rural y el jefe comunal bonarense Cecilio Salazar. “Aún no se ha despejado la duda acerca de si los hechos que son materia de investigación puede ser atribuidos o no a los acusados”, dijo.
El juez Casanello explicó que “aún restan medidas de prueba por producir, como por ejemplo, el análisis de la documentación recolectada y el entrecruzamiento de información entre los estudios periciales scopométricos, los expedientes APE cuyos troqueles resultaron apócrifos y los tratamientos médicos recibidos por los pacientes afiliados a OSPRERA”.
Asimismo dijo que “también resta determinar el perjuicio económico que habría sufrido el Estado Nacional producto de las presentaciones de reintegros de medicamentos que formuló OSPRERA ante la Administración de Programas Especiales con troqueles apócrifos”.
Cabe recordar que Venegas está bajo investigación por el supuesto mecanismo ilegal de falsificación de unos 25 expedientes médicos para el suministro de drogas de alto costo que era subsidiado por los programas especiales (APE) del Ministerio de Salud.
En la causa se investiga, además, si se les suministraron a los pacientes medicamentos adulterados, sin sus principios terapéuticos activos en condiciones de sanar a quienes los recibían.
Venegas y otros imputados, entre ellos el intendente de la ciudad bonaerense de San Pedro, Cecilio Salazar, pidieron sus sobreseimientos, pero Casanello replicó que “aún no se ha despejado la duda acerca de si los hechos que son materia de investigación puede ser atribuidos o no” a los acusados. El fallo coincide con el dictamen del fiscal federal Franco Piccardi.
Más adelante, el magistrado sostuvo que “con el devenir de la investigación se arribó a la sospecha de que la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), era una de las obras sociales que formaba parte de la cadena de comercialización ilícita de sustancias medicinales que estaban destinadas a programas especiales de distribución gratuita por el Ministerio de Salud de la Nación”.
La investigación involucra, además de Venegas y Salazar, al presidente y vice de OSPRERA, a Alejandro Wittemberg, gerente de Prestaciones; Ariel Hernández y Juan De León, médicos auditores; Luis Alberto Aguirre, encargado de cobranzas y Marta Arviza, empleada administrativa.
