Hay más de 30 funcionarios de Macri en arenas movedizas
La Oficina Anticorrupción tiene abiertos expedientes sobre referentes de primera y segunda línea del gobierno macrista. Investiga si incurren en conflictos de intereses o incompatibilidades con la función pública.
Aranguren. Por recomendación de la Oficina Anticorrupción, el ministro de Energía se desprendió de sus acciones en la petrolera Shell.
La Oficina Anticorrupción tiene abiertos expedientes sobre referentes de primera y segunda línea del gobierno macrista. Investiga si incurren en conflictos de intereses o incompatibilidades con la función pública.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, ex-CEO de la petrolera Shell en el país, es sólo uno de los más de 30 funcionarios que tienen abiertos trámites ante la Oficina Anticorrupción (OA) por presuntos casos en los que se investiga si existen o no conflictos de intereses.
Según un informe de gestión de la primera mitad de 2016, el organismo a cargo de la macrista Laura Alonso tiene en análisis expedientes de 32 funcionarios de primera y segunda línea del Gobierno nacional que podrían estar incurriendo en algún tipo de incompatibilidad en sus funciones.
Entre quienes dejaron cargos en diciembre pasado con el cambio de administración y los funcionarios actuales, hay más de 150 actuaciones activas –algunas en trámite y otras resueltas, pero que continúan abiertas para realizar un seguimiento de las medidas o recomendaciones formuladas– de funcionarios nacionales.
Sólo en el primer semestre del año en curso se promovieron 47 actuaciones relacionadas con conflictos de intereses. Además, hubo otras 43 investigaciones por incompatibilidades administrativas y 18 por otras infracciones normativas.
Del trabajo de la OA se desprende que sobre conflictos de intereses se ha iniciado en 2016 la mayor cantidad de casos desde la creación de la oficina.
El año en que más asuntos se habían promovido fue 2003, con 42 casos en todo el año.
Cabe señalar que de las 18 actuaciones sobre conflictos de intereses iniciadas de oficio en el primer semestre de 2016, 12 estuvieron dirigidas a analizar o profundizar sobre la situación de funcionarios que asumieron sus cargos con posterioridad a diciembre de 2015.
Aranguren fue noticia la semana pasada, después de que la OA emitió un dictamen en el que le recomendaba desprenderse de sus acciones en la petrolera anglosajona Shell.
Pocas horas después, el funcionario dijo que se había desprendido de esas tenencias que, según su última declaración jurada a finales de 2015, tenían un valor de 16,3 millones de pesos.
Como Aranguren, hay varios funcionarios que pueden recibir respuestas similares por parte de la OA en los próximos meses.
Efecto “ceocracia”
El principal motivo de la elevada cantidad de expedientes abiertos en la OA está vinculado con el origen y el pasado inmediato empresarial que tiene la mayoría de los principales funcionarios que integran la administración del presidente Mauricio Macri.
En el informe de gestión del organismo que dirige Alonso aparece un listado de casos en los que figuran, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay. El economista, hasta asumir su actual cargo, fue titular de APL Economía. Era socio en la misma consultora Luis Caputo. El secretario de Finanzas renunció antes de asumir junto con Prat Gay.
En tanto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se desprendió de Economía y Regiones, otra consultora económica reconocida en el mercado y de la que fue cofundador. Mario Quintana, coordinador del Gabinete, tiene un expediente iniciado por su paso por Farmacity y por la firma Pegasus.
En la lista está incluido Alberto Abad, titular de la Afip. Abad es accionista en Molinos Río de La Plata, firma que, según el trabajo de la OA, mantiene una deuda precisamente con la Afip. Ese caso figura “en trámite”.
Además, hay otros cuatro funcionarios con trámites abiertos por la propia Oficina Anticorrupción vinculados a la operatoria de la compra de dólar futuro. Se trata de José María Torello (jefe de Asesores de la Presidencia de la Nación), Gustavo Lopetegui (secretario de Coordinación de Políticas Públicas), Pablo Curat (director del Banco Central de la República Argentina) y Quintana, quien aparece mencionado en otro tema.
El informe detalla, también, que siguen “en trámite” las resoluciones sobre los funcionarios del Enre y el Enargas, Héctor Sericano, David González, Daniel Perrone y Juan Garade, a quienes “se les formularon recomendaciones preventivas”.
Entre otros, la OA espera respuesta del secretario de Comercio, Miguel Braun, por su participación en una empresa familiar de supermercados.
De los 47 casos iniciados en el primer semestre, 18 fueron de oficio por la OA, 15 fueron consultas de los propios funcionarios, mientras que los restantes 14 se trataron de denuncias de terceros.
Al dictaminar sobre la situación irregular de Aranguren, Alonso pidió al resto de los funcionarios “tomar nota” de la situación. El mensaje, si bien estuvo dirigido a los integrantes de la administración federal, también sirvió para contrarrestar las críticas de la dirigencia opositora sobre Alonso, a quien le achacan su militancia dentro del macrismo.
Los obsequios al Presidente, en estudio. La Oficina Anticorrupción quiere reglamentar este punto que figura en la ley de Ética Pública, pero que no se aplica.
