Más empleo precario y menos industrial
La creación de puestos de trabajo desde noviembre de 2015 fue gracias al aumento de los monotributistas (123.000) y, en menor medida, al empleo público (57.500), que compensaron la destrucción de 33.000 puestos en el sector privado. En la industria, la caída llega a 61.500.
La creación de puestos de trabajo desde noviembre de 2015 fue gracias al aumento de los monotributistas (123.000) y, en menor medida, al empleo público (57.500), que compensaron la destrucción de 33.000 puestos en el sector privado. En la industria, la caída llega a 61.500.
El cambio ya llegó
Por Juan Manuel Telechea *
Si uno mira la situación actual del empleo desde la óptica y el discurso del gobierno, el panorama parece alentador. Desde el inicio de la gestión de Cambiemos se crearon casi 160.000 puestos de trabajo registrados, logrando superar el nivel previo al cambio de gobierno; mientras que en el sector privado, si bien esto todavía no se logró, hace 12 meses que el sector viene mostrando una dinámica favorable y es probable que, de mantenerse, alcance dicho objetivo para fin de año. Ahora bien, cuando se analiza con un poco más de profundidad, la situación cambia drásticamente. Existen varios aspectos cuestionables sobre la situación actual del empleo. En primer lugar, al desagregar por componentes al empleo registrado total, se observa que la creación de puestos de trabajo desde noviembre de 2015 fue gracias al aumento de los monotributistas (+123.000), y en menor medida al empleo público (+57.500), que compensaron la destrucción de 33.000 puestos en el sector privado, que por ahora no termina de recuperarse.
Esto no solo se traduce en un deterioro de la calidad del empleo, sino que además tampoco está claro que signifique un aumento en los puestos de trabajo. Es probable que una parte sean trabajadores no registrados que ya tenían el empleo (o percibían alguna prestación) y que ahora pasaron a estar “registrados” bajo este régimen impositivo especial, de carácter eminentemente precario.
De todos modos, la situación más preocupante se encuentra en el empleo privado registrado, ya que además de no haber recuperado el nivel previo al cambio de gobierno (luego de 20 meses de gestión), ha visto modificado su composición. En efecto, los 33.000 puestos perdidos surgen de una destrucción neta de 73.251 puestos en rubros con salarios superiores a la media, que fueron parcialmente compensados por la creación de 40.277 puestos en ramas donde los salarios se ubican por debajo de la media. Es decir, se están reemplazando puestos de ingresos altos por empleos de menor remuneración.
Estos cambios, a su vez, tienen impacto a nivel macroeconómico. Por ejemplo, podrían explicar por qué si bien el nivel de actividad está repuntando, no sucede lo mismo con el consumo masivo de bienes, cuyo comportamiento está más asociado con la evolución del poder adquisitivo de los trabajadores (técnicamente, la masa salarial).
¿A qué se debe este cambio en la composición? En gran medida a la dinámica que viene mostrando el empleo industrial, la rama más golpeada dentro del empleo privado y cuyos ingresos son aproximadamente 10 por ciento superiores a la media. En la industria se han destruido 61.500 puestos de trabajo y su caída no parece encontrar un piso, lo cual puede atribuirse a una combinación de factores: la apertura de las importaciones (particularmente en rubros como textil, calzados y el automotriz), sumado a la suba de los costos provocada por la devaluación y el incremento de las tarifas. Todavía más, esta nueva configuración entre los asalariados no solo afecta al consumo, sino que probablemente refuerza el efecto en el empleo industrial, dado que la principal demanda de este sector es el alicaído mercado doméstico.
Cabe destacar que esta caída no puede atribuirse al proceso de desindustrialización que se viene observando a nivel mundial. Si bien es verdad que la expansión de las cadenas internacionales de valor y la incorporación de nuevas tecnologías han contribuido a la reducción global de la participación del empleo industrial, eso no es lo mismo que una reducción absoluta en los puestos de trabajo, tal como se observa en el caso argentino actual.
Si bien hace falta un estudio más detallado para concluir fehacientemente que ha habido un quiebre estructural en el empleo industrial, este análisis debería servir para mostrar algo que no es novedoso pero que vale la pena repetir, y es que la política macroeconómica tiene impactos considerables a nivel microeconómico, que a su vez se retroalimentan y que de esta forma pueden llevar a modificaciones permanentes en la dinámica de las variables.
* Investigador del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) y docente (UNAJ).
Mitos del discurso oficial
Por Ana Laura Fernández * y Mariana González **
Desde el inicio de su gestión Cambiemos buscó instalar algunos mitos sobre el empleo público y los empleados públicos: entre ellos, que el empleo en el sector creció descontroladamente durante el gobierno anterior y que debió despedirse a trabajadores sin tareas, especialmente los que habían sido incorporados en los últimos meses de 2015. Sin embargo los datos muestran otro escenario.
En primer lugar, mientras que el empleo registrado en el sector privado tuvo un comportamiento cíclico, el empleo público tendió a crecer -especialmente desde 2003- de modo más estable. Así, hasta el año 2008 el empleo privado creció más aceleradamente que el público, mientras que desde entonces el sector privado perdió dinamismo y el sector público creó empleo a tasas mayores.
Aun así, no se observa un crecimiento explosivo del empleo público, ni en general ni en los últimos años ni en particular en 2015, de manera que la proporción del empleo público sobre el empleo total se mantuvo prácticamente inalterable en 2015 respecto a 2003: pasó del 31,6 por ciento sobre el total de asalariados registrados al 31,9 por ciento.
Además, el peso del empleo público en diversos países no guarda en general una relación unívoca con, por ejemplo, el tamaño de la economía, sino que se corresponde con el rol del Estado en tanto regulador de la actividad económica y, sobre todo, proveedor de servicios como salud y educación públicas. Entre 2003 y 2015, el Estado incrementó su presencia en ámbitos de los cuales había retrocedido en años anteriores. Así, aumentó el personal en las áreas de salud, educación y seguridad y volvió a hacerse cargo de algunos servicios que había concesionado. Es decir que el importante crecimiento del empleo público sucedió a la vez que el Estado acrecentaba sus funciones y ampliaba los servicios brindados a la sociedad.
Más allá de este panorama, desde su asunción el nuevo gobierno inició un proceso sistemático de despidos y finalización de contratos en distintas áreas de la administración pública nacional, provincial y municipal. Estos despidos fueron publicitados, con un discurso plagado de prejuicios y discriminación, afirmando que se trataba de echar a los “ñoquis” y “militantes” que irresponsablemente había dejado la gestión anterior.
Sin embargo, el propio procedimiento de despidos pone en cuestionamiento este discurso. De ningún modo fue consecuencia de un proceso de investigación que buscase identificar si algún trabajador no se presentaba a su puesto de trabajo, lo que difícilmente podría haber sido realizado en un lapso de tiempo tan corto como el transcurrido. En todos los casos las cesantías se produjeron “sin causa”, sin expresar existencia de razones de incumplimiento de tareas. Se trató entonces de buscar una justificación discursiva para un proceso cuyas razones son otras.
Desde diversas organizaciones de trabajadores se ha advertido que tanto los despidos como las amenazas de despido tienen como objetivo disciplinar a los trabajadores, doblegar su resistencia para poder reducir el salario real. El uso de la violencia física y de la fuerza pública para reprimir y contener la reacción colectiva refuerza este efecto disciplinador, ejemplificante.
Otra de las causas, también denunciada por los propios trabajadores despedidos y sus organizaciones, tiene que ver con la supresión de funciones del Estado. Especialmente, en algunas de las dependencias que tuvieron un número importante de despedidos, pueden asociarse estas desvinculaciones con la decisión de reducir las tareas de esas áreas como reflejo de un cambio de orientación y una menor intervención estatal.
Finalmente, el proceso de despidos se vinculó también con una voluntad de recambio de personal, desvinculando a aquellos que prestaron servicios durante el gobierno anterior, para simultáneamente contratar otros trabajadores elegidos por la nueva gestión, incluso para la realización de tareas técnicas o administrativas sin responsabilidad política. La evolución del empleo público registrado a lo largo de 2016 así lo muestra ya que, tras los despidos y finalizaciones de contratos, la nueva administración contrató un número mayor de nuevos empleados.
Ante la posibilidad de que el año próximo el gobierno vuelva a realizar despidos masivos y finalizaciones de contratos, es importante enfatizar la falta de veracidad de su relato sobre el empleo público.
* UNGS – Cifra.
** Flacso – Cifra.
