Más ingresos para los que más tienen
La reforma tributaria que propone el Gobierno ya empezó en diciembre de 2015: eliminación de retenciones y del Impuesto a los Bienes Personales, cambios en Ganancias y más recursos a la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país. Desfinanciar el Estado como objetivo.
La reforma tributaria que propone el Gobierno ya empezó en diciembre de 2015: eliminación de retenciones y del Impuesto a los Bienes Personales, cambios en Ganancias y más recursos a la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país. Desfinanciar el Estado como objetivo.
Qué cambios y para beneficiar a quién
Hablar de reforma tributaria es un cliché de la política argentina, un lugar común. Existe un consenso tanto en los ámbitos académicos como políticos que es sumamente necesario. ¿Quién podría estar en contra de hacer una reforma tributaria que impulse el crecimiento, de pagar menos impuestos si no le aclaran qué consecuencias nocivas traería para el Estado recaudar menos o de simplificar los impuestos y quitar las “distorsiones que molestan nuestro quehacer cotidiano”? La cuestión no está en lo necesario o no de una reforma sino en qué cambios se proponen y que preocupaciones lo motivan.
Podría decirse que el macrismo arrancó su gestión realizando cambios, inspirados en su agenda impositiva. Esto significa que durante 2016 se llevaron adelante modificaciones que afectaron la recaudación total, la importancia de cada tributo y su distribución.
El primer paso se dio durante la primera semana, cuando por decreto se eliminaron las retenciones al trigo, maíz, girasol, carne y otros. Esa misma decisión estuvo acompañada de una disminución del 35 al 30 por ciento para la soja. Estos cambios no solamente afectaron a la recaudación sino también al consumo masivo, mediante los aumentos de precio en los alimentos, como el pan, el aceite, la leche y la carne. Cabe recordar que también se eliminaron las retenciones a las exportaciones de las mineras. Todas estas políticas llevaron a una caída en la recaudación por derechos de exportación entre 2015 y 2016, a pesar del incremento evidenciado en las exportaciones agropecuarias.
El segundo bloque de modificaciones se realizó en el marco de la mal llamada Ley de “Reparación Histórica a los Jubilados”, que incluyó el blanqueo de capitales. Con su aprobación, se lograron recaudar los fondos suficientes para no incrementar el déficit fiscal en 2016. Esta Ley también incluyó la eliminación paulatina en 5 años del Impuesto a los Bienes Personales. Bajo el argumento de quitar distorsiones que llevan a que las personas no quieran blanquear sus propiedades y otros bienes, se logró eliminar el impuesto más progresivo de la estructura tributaria de nuestro país (aunque de baja participación en el total de recaudación). La pérdida de progresividad se completó con los cambios en el impuesto a las ganancias, principalmente para personas físicas. Esta modificación, sumada al contexto económico recesivo, llevó a una caída de 19 por ciento en términos reales de la recaudación total de ganancias. Por su parte, los ingresos del Estado por Bienes Personales disminuyeron 24 por ciento en términos reales en el mismo período.
A estos cambios también hay que sumarle el incremento en las transferencias de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. La jurisdicción más rica del país pasó de recibir el 1,4 por ciento de los ingresos de la Nación por coparticipación al 3,75 por ciento. Si bien no se modificaron los coeficientes del resto de las provincias, esta decisión muestra una clara preferencia del Gobierno Nacional, que no se ve justificada por la transferencia de la Policía Federal, tal como se planteó en un principio. Además, la Ciudad de Buenos Aires, se vio favorecida por la transferencia de recursos, inmuebles y financiamiento nacional para la realización de obras o simplemente para ampliar la capacidad de gasto del gobierno porteño. También hubo cambios en la política del gobierno central respecto a los fondos de ANSES y al endeudamiento externo de las provincias, cuyo análisis queda fuera de los alcances de esta nota.
Todas las modificaciones mencionadas tuvieron resultados concretos y, si bien no se dieron en el marco de una “reforma tributaria”, implicaron cambios significativos en la estructura impositiva, con impactos sobre la distribución del ingreso, ya que la reducción de la carga impositiva se dio principalmente en los estratos más ricos de la población. Estas políticas no promovieron una estructura productiva menos primarizada, ni buscaron perfeccionar la intervención del Estado en la economía, ni tendieron a un mayor federalismo fiscal.
Es sabido que las rebajas de impuestos muy difícilmente permiten aumentar la recaudación, principalmente porque en Argentina la baja en la presión tributaria en general no impulsa la producción y el empleo tal como propone la ortodoxia. Por lo tanto, es muy probable que el recorte de impuestos conduzca a una pérdida en los ingresos del Estado y lleve a la necesidad de ajustar el gasto público, a fin de sostener o disminuir el déficit fiscal. En esta línea, no sorprende que junto a la discusión de la reforma tributaria se planteen cambios importantes en el régimen laboral y el sistema previsional.
Por último, es de destacar que el paquete de reformas es coherente con una manera de pensar la economía y la sociedad. Su espíritu está fundado en que la población se sienta cada vez más libre para progresar en base a su esfuerzo individual, pague menos impuestos y se eliminen las distorsiones que implica el accionar estatal. Es decir, un funcionamiento de la economía con menos Estado y más mercado.
Fondo del Conurbano
El Fondo del Conurbano Bonaerense (FCB) perjudica a la provincia de Buenos Aires. Se creó con el fin de favorecerla y hoy la inmensa mayoría del mismo se reparte entre todas las provincias menos a la que pretendía desarrollar. Ahora bien, así planteada la cuestión hay una víctima (la provincia de Buenos Aires) y varios victimarios (las otras provincias). Cualquier discusión que busque resolver el conflicto debe evitar caer en este tipo de planteamientos simplistas.
El FCB se creó en 1992 y se basó en el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias. En paralelo, a las demás provincias se le destinó un 4 por ciento del mismo impuesto con objeto semejante, porcentaje del cual Buenos Aires quedaba fuera. Cinco años después se aprobó un tope nominal y fijo de 650 millones de pesos para el FCB. Este andamiaje legal hoy se ha convertido en una trampa. Lo que lo ha hecho aún más perjudicial para Buenos Aires es que el excedente (todo el 10 por ciento por encima de los 650 millones de pesos) no se volcó a la masa coparticipable en la que Buenos Aires hubiera recibido su parte. Esto fue así debido a que la normativa estipula que el remanente se distribuye entre las demás provincias. Así, en 2016 de los 60.000 millones de pesos destinados a infraestructura social (10 por ciento del FCB + 4 por ciento del Fondo para las demás provincias), Buenos Aires recibió sólo 650 millones.
El 1 de agosto de 2016 Buenos Aires presentó en la Corte Suprema una demanda contra el Estado nacional para recuperar la totalidad del FCB; también el retroactivo del último lustro. A su vez exigió ser incluida en el reparto del fondo de infraestructura social del 4 por ciento. Según la propia gobernación la demanda podría superar los 300 mil millones de pesos. A fines de noviembre, el máximo tribunal admitió la competencia originaria para tramitar la demanda y en junio pasado convocó a las provincias para que tomen intervención.
Como reacción ante esta activación de la causa, los gobernadores peronistas solicitaron una audiencia con Ricardo Lorenzetti y publicaron un documento en el que recordaron que el Área Metropolitana de Buenos Aires se sigue llevando más del 60 por ciento de los subsidios del transporte, que las tarifas de servicios públicos (gas, energía, agua) que paga la población de sus provincias son mucho más altas que en el AMBA y que en los últimos dos años ha habido una concentración de la obra pública nacional en esta área, lo cual profundiza las brechas de competitividad. Inteligentemente unen el conurbano a la Ciudad de Buenos Aires, tomándolos como una sola región (recordemos que en el 2016 la gran ganadora en reparto de la coparticipación fue CABA al sumar un 3,75 por ciento).
En ese documento hay también un llamado a encauzar la discusión por la vía legislativa. En el 2016 en el Senado nacional se presentaron tres proyectos (PJ-FPV, GEN y PRO). Los tres buscan modificar la situación actual en beneficio de Buenos Aires. Difieren en los mecanismos para superarla; que fisco se ve más afectado; y cuál es el papel de los municipios. Esto va a contramano de la apuesta oficialista a que haya una resolución judicial, decisión que muestra las dificultades políticas con la que seguramente se encontrará en el ámbito legislativo.
En ese ámbito seguramente se deba sumar el papel de los intendentes. ¿El FCB es para toda la provincia o sólo para el conurbano? ¿Qué lugar ocuparán los mandatarios locales en el “nuevo” FCB? ¿Recibirán parte de esos fondos de manera directa o dependerán, una vez más, de decisiones del gobierno provincial? Estos son distritos que ya se ven perjudicados por la coparticipación provincial y que dependen en gran medida de fondos extrajurisdiccionales, tanto para realizar obras como para cubrir los gastos corrientes (los municipios del conurbano concentran alrededor de dos tercios de la población provincial y reciben menos de la mitad de los fondos coparticipables; los distritos del interior de la provincia reciben el doble de fondos por habitante que los del conurbano). Una recuperación del FCB sin participación de los gobiernos locales incrementará aún más las dependencias y desigualdades.
En síntesis, resolver la situación del Fondo del Conurbano necesita de una discusión más profunda, que supere la idea de víctimas y victimarios. Una discusión en la que se discuta realmente sobre federalismo, carga fiscal, coparticipación nacional y provincial, cuestión metropolitana, y desigualdad. Una discusión política, no jurídica.
