Mayor desigualdad
El primer año del gobierno de Mauricio Macri ha cerrado con un balance negativo desde el punto de vista de los trabajadores, como ha sido señalado en numerosas notas y artículos.
18/01/2017 OPINIÓNEl primer año del gobierno de Mauricio Macri ha cerrado con un balance negativo desde el punto de vista de los trabajadores, como ha sido señalado en numerosas notas y artículos. La inflación más alta de las últimas dos décadas provocó un serio deterioro en el poder adquisitivo de los salarios. Las negociaciones paritarias, que tuvieron lugar en un escenario de despidos, finalizaciones de contratos laborales y pérdida de puestos de trabajo tanto en el sector privado como en el sector público, no lograron revertirlo completamente. El salario real promedio sufrió una pérdida significativa, que hubiera sido aún mayor si se hubiera aceptado sin resistencia la referencia del 25 por ciento que buscaba imponerse para la negociación salarial.
Este retroceso en las condiciones de vida de los trabajadores no ha golpeado a todos por igual. Como suele suceder en situaciones de crisis, los hogares con menor nivel de ingresos son los más vulnerables. Fueron estos hogares los más perjudicados y, como resultado, se verificó un importante aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso. Así, mientras que en el segundo trimestre de 2015 la relación entre el ingreso familiar promedio de los hogares del primer decil (el de más bajos ingresos) y el décimo decil era de 16 veces, llegó a ser de casi 20 veces en el tercer trimestre de 2016 (último dato disponible).
Una de las principales razones que explican esta mayor desigualdad es un empeoramiento en la distribución de los ingresos de los ocupados. En otras palabras, un ensanchamiento de la brecha entre los que más y menos ganan. En el tercer trimestre de 2016 el ingreso laboral promedio de los ocupados del primer decil alcanzó sólo a 1497 pesos y la media correspondiente al decil 10, a 29.830 pesos, fue equivalente a 20 veces ese valor. Vale aclarar que se trata del ingreso de todos los ocupados, ya sean asalariados registrados, no registrados o no asalariados (fundamentalmente, trabajadores por cuenta propia), y que la desigualdad real es mayor a la que pueden medir las estadísticas, ya que existe un elevado nivel de subdeclaración de ingresos y problemas de captación de los ingresos más altos en las encuestas a hogares.
Entre 2015 y 2016 los ingresos laborales promedio de todos los deciles, excepto el último, crecieron menos que el nivel general de precios medido por el IPC-9 provincias. Es decir, los ingresos laborales promedio del 90 por ciento de los ocupados cayeron, mientras que sólo el promedio del 10 por ciento que más gana creció por sobre la inflación. La pérdida de poder adquisitivo fue particularmente intensa para los trabajadores de los primeros deciles. Entre el segundo trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2016 el ingreso laboral de los ocupados del primer decil cayó 13,5 por ciento en términos reales, el del segundo decil, 12,4 por ciento y el del tercer decil tuvo una reducción de 10,2.
Estos pocos números permiten aproximarse a la realidad de la parte de la población que más ha sufrido el impacto de la recesión económica y el deterioro en el mercado laboral. El desempeño de la economía a lo largo de 2016 no ha mostrado que esta situación haya sido revertida, y los brotes verdes anunciados para el segundo semestre nunca comenzaron a germinar.
Peor aún, el actual gobierno no tiene entre sus objetivos prioritarios ni la creación de empleo, ni la mejora en las condiciones de vida de los trabajadores, ni la reducción de las desigualdades existentes. Tampoco existe una estrategia que pueda atraer y generar inversiones que empujen el desarrollo de los sectores productivos nacionales. Por el contrario, se ha privilegiado la especulación financiera e iniciado un peligroso ciclo de endeudamiento externo del cual una parte importante salió del país como fuga de capitales. Se trata de un esquema que está en las antípodas de los intereses de los trabajadores y sus consecuencias en materia de salarios, empleo, desigualdad y condiciones de vida en general así lo testimonian.
Por Mariana L. González *
* Investigadora de Cifra-CTA y Flacso-Conicet.