Menos sentencias y más domiciliarias
El estudio que hizo la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad muestra que este año se produjo la mayor disminución de sentencias desde 2010 y, por el contrario, un aumento de los arrestos domiciliarios de los genocidas.
El estudio que hizo la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad muestra que este año se produjo la mayor disminución de sentencias desde 2010 y, por el contrario, un aumento de los arrestos domiciliarios de los genocidas.
Causas judiciales estancadas en la etapa de instrucción. Demoras crecientes en la elevación y sustanciación de los juicios y, más tarde, en la confirmación de condenas y absoluciones por parte de la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia. Notable disminución del número de sentencias. Baja significativa del número de represores detenidos y, dentro de ese universo, aumento de los arrestos domiciliarios. Esas son algunas de las principales conclusiones del “Informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina”, que elabora y perfecciona año a año la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
A doce años de la reapertura de los juicios por secuestros, torturas, violaciones y asesinatos sistemáticos cometidos en la clandestinidad por la última dictadura cívico-militar, la unidad especializada que encabeza la fiscal federal María Ángeles Ramos contabiliza 575 causas en trámite, en las que están o estuvieron imputados (hasta su fallecimiento) un total de 3081 personas.
Del análisis del nivel de avance de esas causas surge una primera conclusión alarmante: mientras en doce años se dictaron 218 sentencias (38 por ciento del total), el bloque mayoritario de causas (251, un 44 por ciento) todavía está en la etapa de instrucción, la primera del extenso proceso penal (ver gráfico 1).
En 2017 la Procuraduría destacó que fue el año con mayor número de sentencias (27). Este año, en contraposición, se produjo un notorio retroceso: apenas 17 veredictos, el número más bajo desde 2010. El detalle de fallos pone en evidencia además que gran parte de esos juicios tuvieron apenas uno o dos imputados (causas Hospital Posadas II, Hospital Militar de Campo de Mayo II, Ana María Martínez, Patti-Vergara y Ford, la primera en la historia en que se juzgó y condenó a dos gerentes de una multinacional por su responsabilidad en torturas y asesinatos). Actualmente hay 17 juicios en curso y apenas 11 con fecha de inicio confirmada para 2019.
Si el análisis se realiza por imputados y no por causas el retroceso es todavía más evidente: este año recibieron sentencia 108 personas, menos de la mitad que en 2017. De los más de 3000 que llegaron a ser imputados por un fiscal, una sexta parte (537) murió sin sentencia y poco más de un tercio (1024) recibió su veredicto: hay en total 891 condenados y 133 absueltos. Ese dato, sumado a las 172 faltas de mérito y los 85 sobreseimientos en las instancias iniciales de las investigaciones, ratifican las amplias garantías de las que gozan los imputados.
El exhaustivo estudio de las “trayectorias temporales” de las causas, realizado por el Equipo de Datos que conforman cientistas sociales a cargo de la producción de estadísticas y monitoreo, muestra que las etapas de elevación, juicio y confirmación (o no) de la sentencia en las instancias recursivas demoran en promedio cinco años. El dato implica que, aún en la hipótesis de que en los próximos meses los fiscales requirieran la elevación de las 200 causas en instrucción, la finalización de esos procesos se produciría recién en 2025. La confirmación de las sentencias por parte de la Cámara Federal de Casación Penal es la instancia donde se produce la mayor demora (dos años en promedio).
El diagnóstico de la Procuraduría destaca la baja significativa en el número de elevaciones a juicio y de sentencias dictadas, que ponen en evidencia “una ralentización más profunda en la instancia de juicio”, y también las demoras que son regla en las instancias recursivas: sólo un 27 por ciento de los condenados y un 15 por ciento de los absueltos tiene sentencia firme.
La última parte de informe analiza las condiciones de detención o libertad de los imputados. Su principal conclusión es la reducción significativa del número de detenidos, que asciende a 989 en diciembre. Al mismo tiempo, dentro del universo de personas privadas de la libertad, se consolidó el arresto domiciliario como forma de detención predominante (65 por ciento). Esa tendencia se profundiza (77 por ciento) entre los represores de más de 70 años, y prácticamente se convierte en regla (82 por ciento) entre los septuagenarios que tienen condenas pendientes de confirmación.
Actualmente hay 1384 procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad en libertad. La comparación interanual desde que asumió el gobierno de Cambiemos muestra que, más allá de su fracaso en instaurar el beneficio del 2×1 para los represores, la cifra (que combina excarcelaciones con nuevas imputaciones sin prisión preventiva) fue en constante aumento (ver gráfico 2), desde 791 en 2015 hasta los casi 1400 en el presente. En paralelo, también aumentaron el último año las cifras de personas absueltas en juicio, con faltas de mérito y sobreseídas en la etapa de instrucción.
Del total de detenidos (989), en tanto, la gran mayoría (641, el 65 por ciento) goza de arresto domiciliario, cifra que también creció sin pausa desde 2015. En contraposición, se redujo año a año el número de presos en cárceles comunes (de 603 en 2015 a 262 en 2018) y aumentó la cantidad de alojados en la unidad penal de Campo de Mayo, donde se triplicó la cifra (de 28 a 86) desde que asumió Macri hasta el presente.
