Mestre imputado por el supuesto desvío de subsidios nacionales del transporte
“Si un funcionario es imputado, lo apartaré”, dijo el intendente Ramón Mestre en una entrevista radial el 23 de marzo pasado.
El intendente de la ciudad junto al exsecretario de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardeilhac, y quien actualmente lo reemplaza en ese cargo, César Ferreyra, quedaron sospechados de desviar fondos nacionales del transporte. La denuncia surgió a raíz de una investigación de LA MAÑANA y ADN.
Un cimbronazo político causó ayer en el Palacio 6 de Julio y en el radicalismo cordobés, la decisión del fiscal federal Gustavo Vidal Lascano de imputar al intendente Ramón Mestre, a su secretario de Transporte, César Ferreyra, y a quien lo antecedió, Juan Pablo Díaz Cardeilhac. Es que con esa primera determinación judicial en el marco de una investigación por supuesto desvío de subsidios del transporte, el jefe comunal quedó sospechado de defraudación a la administración pública nacional. También está imputado el presidente de la empresa correntina de transporte Ersa, Juan Carlos Romero.
Daniel Juez (FC):
“Esto no es un error administrativo, el intendente firmó la declaración jurada autorizando para que los subsidios de Tamse vayan a Ersa. También advertimos que estaban en la misma situación otros 25 colectivos de Tamse que habían sido alquilados por Ciudad de Córdoba, pero cuyos subsidios eran cobrados por Ersa”.
Alejadra Vigo (UpC):
“No sabemos los alcances de la imputación aunque el intendente Ramón Mestre debe ponerse a disposición de la Justicia como una vez dijo que harían sus funcionarios por el caso CBI. Mestre tiene que poner en práctica lo que dice. La falta de transparencia es una característica de esta gestión”.
Olga Riutort (Eva Duarte):
“Hay que esperar los resultados finales de la Justicia, tenemos que ser prudentes con eso. No hay que hacer leña del árbol caído, pero sabemos que es una situación muy desagradable porque a la gente le gusta tener gobernantes transparentes”.
Marcelo Rodio (Peronismo que Viene):
“Para que el fiscal haya decidido la imputación del intendente de la segunda ciudad del país, es porque sin dudas cuenta con elementos probatorios que llevan a sostener la probable comisión de un delito por parte del intendente Ramón Mestre y sus secretarios”.
Los hechos por los que el conejal del Frente Cívico, Daniel Juez, denunció al titular del Ejecutivo Municipal, se conocieron en marzo pasado tras una investigación realizada por este medio en conjunto con el programa ADN, donde se reveló que los subsidios correspondientes a ocho colectivos articulados de la empresa Tamse, estaban siendo cobrados por la UTE Ersa y Autobuses Santa Fe. Los subsidios en cuestión ascendían al millón y medio de pesos; fondos que la empresa estatal dejó de percibir por un unos meses tras la autorización del propio intendente Mestre para que sean derivados directamente a la UTE. Esto, pese a que operativamente las ocho unidades funcionaban como trolebuses bajo la responsabilidad de la Tamse.
Todo esto quedó asentado en la declaración jurada que el jefe comunal firmó junto al por entonces secretario de Transporte, Díaz Cardeilhac, y que luego fue girada a la Secretaría de Transporte de la Nación. Se trata de un procedimiento habitual que se le exige a las distintas jurisdicciones para la asignación de cupo de combustible para cada empresa de transporte.
La explicación que en su momento dieron autoridades del Palacio 6 de Julio para justificar el enroque de fondos, es que es que se trató de un acuerdo mutuo entre el municipio y la UTE, tras la firma de un convenio el 28 de agosto de 2013. Ese documento, que no cuenta con membrete ni sello oficial, deja expresado claramente que la Tamse autorizó a las empresas a cobrarle todos los subsidios: “Tamse autoriza a la UTE a que perciba la totalidad de los subsidios de carácter nacional, provincial y/o municipal que correspondan por las normas vigentes y percibe la empresa Tamse por los servicios prestados a través de colectivos, que ingresen a partir del 1 de setiembre de 2013, y de la utilización de los cupos de gasoil que le pudieren corresponder, a partir de la misma fecha”, cita textualmente el acuerdo.
Sin embargo, luego aclara que parte de esos fondos deben ser reintegrados a la empresa estatal. Sobre ese punto y sumando nuevas irregularidades al procedimiento de recepción de los aportes nacionales, Díaz Cardeilhac reconoció en marzo pasado en una interpelación en el Concejo Deliberante que, hasta ese momento, la Tamse no había recibido un solo peso de los subsidios correspondientes a esos ocho colectivos articulados.
“Lo menos relevante acá es saber si existió o no el pago (a Tamse), no lo sé. Lo importante es que quede claro que actuamos en función a lo que estaba previsto y que no existe ninguna irregularidad. Con esto, defendimos los intereses de la Tamse”, había señalaron el exfuncionario de Transporte.
El procedimiento
Ayer, el fiscal Gustavo Vidal Lascano dijo que las imputaciones se resolvieron a partir de “las pruebas que recabamos, fundamentalmente con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)”. Además, indicó que ahora se abre otra etapa de la investigación “con el período de declaración indagatoria” que quedará a cargo del juez federal Ricardo Bustos Fierro, quien luego deberá resolver sobre los imputados.
