México nacionalizó sus reservas de litio
Con un decreto presidencial, México terminó un proceso que comenzó el año pasado con la reforma de la ley minera: consolidar al litio como propiedad del Estado para su extracción del subsuelo mexicano y su posterior explotación.
Con un decreto presidencial, México terminó un proceso que comenzó el año pasado con la reforma de la ley minera: consolidar al litio como propiedad del Estado para su extracción del subsuelo mexicano y su posterior explotación.
«Lo que estamos haciendo es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México, de ustedes, de todos los que viven en esta región de Sonora, de todos los mexicanos», determinó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. De esta forma, México terminó un proceso que comenzó el año pasado con la reforma de la ley minera: consolidar al litio como propiedad del Estado para su extracción del subsuelo mexicano y su posterior explotación.
La normativa establece que cerca de 234.855 hectáreas de reservas que abarcan siete municipios – Arivechi, Divisadero, Granados, Huásabas, Nácori Chico, Sahuaripa y Bacadéhuachi- en el Estado de Sonora, al norte del país, son consideradas como una reserva mineral de litio y que su exploración, explotación y aprovechamiento debe ser realizado por el gobierno mexicano. La medida establece que no se van a retirar las concesiones ya otorgadas, linea que beneficia a la empresa china Ganfeng Lithium que cuenta con el proyecto de exploración más avanzado en la región.
La firma del decreto viene a completar el proceso que el gobierno comenzó en abril del año pasado, cuando consiguió una modificación de la Ley Minera que reconocía al litio como un recurso exclusivo del pueblo de México y determinó que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento quede a cargo del Estado a través de la creación de LitioMx, empresa pública a cargo de la Secretaría de Energía.
La modificación de la ley implicó conflictos, a los que AMLO apuntó durante la presentación de la firma del decreto de nacionalización: “Hay, desde luego, amparos, ya saben ustedes cómo son los conservadores, que quisieran que México se convirtiera en una colonia de los extranjeros, que no fuese un país independiente, libre, soberano; nada más que no van a poder con sus amparos ni sus controversias en el Poder Judicial”. Con el decreto el gobierno mexicano fijó el área concreta donde se concentra el mineral y la denominó Reserva Minera.
México se encuentra en el décimo lugar de la lista de países con reservas de litio. El Servicio Geológico de Estados Unidos calcula que cuenta con 1,7 millones de toneladas, el 2,3 por ciento de las reservas mundiales. Un número significativamente menor a los 21 millones de Bolivia o los 19 de Argentina que calcula el mismo organismo. Sin embargo, los números son proyecciones porque el país cuenta con proyectos tempranos de exploración y no ha comenzado con la fase de explotación.
Es que el suelo mexicano ofrece el mineral en arcilla en vez que en salares como en Argentina o en Bolivia. Este detalle requiere una mayor tecnología para conseguir la materia prima con el grado necesario para realizar baterías y el Estado mexicano no cuenta con la experiencia necesaria: «Ahora viene la parte tecnológica, porque el litio aquí está, según los técnicos, en arcilla entonces requiere un tratamiento especial. Pero los investigadores están haciendo estudios para buscar la forma de extraerlo, procesarlo, es decir, separarlo de la arcilla y tener ya esta materia prima, que es básica para la elaboración de baterías», explicó López Obrador.
La experiencia argentina
Cada vez que hay un movimiento relacionado con la posición estratégica de un estado frente al litio, es inevitable referir a la experiencia Argentina. En Argentina la controversia se remonta a la Constitución de 1994 que ratificó el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales. De esta manera Argentina cuenta con un régimen federal de regulación y promoción de la actividad minera a través del cual las provincias tienen el dominio de los recursos mineros y la competencia para adjudicar concesiones para explorar y explotarlos, mientras que la Nación recibe la mayor parte de los recursos tributarios vinculados a la actividad y los instrumentos de política productiva y de ciencia y tecnología.
Con el Estado Nacional imposibilitado de interferir en este esquema, las tres provincias que cuentan con la actividad más desarrollada, es decir Salta, Jujuy y Catamarca, crearon la Región Minera del Litio a través de un Tratado Interprovincial, para desarrollar conjuntamente los aspectos económico y social derivados de la investigación, extracción, producción, industrialización y comercialización del recurso y sus productos y derivados.
El tratado aún no tomó forma. Actualmente Jujuy y Catamarca son las únicas dos provincias donde hay proyectos en fase de producción comercial, y cuentan con regímenes distintos. Jujuy declaró al litio como recurso estratégico y participa con la empresa estatal provincial Jemse en las sociedades de los proyectos, con sus correspondientes utilidades.
Catamarca, en cambio, no participa societariamente en ningún proyecto de litio. En esta provincia opera comercialmente el Proyecto Fénix, que está en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca) y pertenece a la compañía Livent Corporation, subsidiaria del grupo estadounidense FMC. Salta aún no tiene un esquema porque todavía no tiene ningún proyecto en producción, pero adhirió al Tratado para fijar un criterio similar en los tres distritos.
