Un mosaico de reclamos por los montes
El miércoles pasado se realizó la última marcha contra el desmonte, en Córdoba. El próximo jueves se realiza otra de comunidades indígenas en Tucumán por un violento desalojo. Buscan poner freno a la destrucción de la naturaleza
El miércoles pasado se realizó la última marcha contra el desmonte, en Córdoba. El próximo jueves se realiza otra de comunidades indígenas en Tucumán por un violento desalojo. Buscan poner freno a la destrucción de la naturaleza
Miles de personas marchan en defensa de los bosques nativos en Córdoba. Comunidades indígenas caminan siete días en defensa de sus territorios en Jujuy. Organizaciones sociales y Pueblo Mapuche de pie frente a petroleras en Neuquén. Comunidades diaguitas de Tucumán marchan contra el Poder Judicial. Sólo un puñado de movilizaciones que suceden en toda la Argentina y que tiene un punto en común: la defensa del territorio frente a empresas y funcionarios (políticos y judiciales).
Las entidades del agronegocio y el gobierno de Córdoba impulsan desde 2016 una nueva ley de bosques, para posibilitar el avance empresario sobre los últimos restos de monte nativo que quedan en la provincia. Según datos oficiales, Córdoba cuenta con sólo el tres por ciento del bosque que tenía a inicios del Siglo XX. Ya en 2010, burlando todo un proceso participativo que había incluido audiencias públicas y participación plural, el gobierno de Juan Schiaretti aprobó una legislación bautizada “la ley desmonte”, en sintonía con los pedidos de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez/CRA), Sociedad Rural y sectores de Federación Agraria.
Sucedieron media docena de graves inundaciones y hasta aludes (también por la especulación inmobiliaria, que desmonta en los cerros). “Fue un tsunami que se vino del cielo”, fue la excusa del gobernador José Manuel De la Sota ante las inundaciones de 2015. Al año siguiente, nuevamente Juan Schiaretti gobernador, intentó una nueva legislación para avanzar sobre los bosques.
“No aceptaremos el capricho de políticos y empresarios. Estamos acá porque sabemos que menos bosques significa más inundaciones. Marchamos en pos de la vida y por la real participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el territorio que habitamos”, explicó el documento de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (Codebona), que reúne a un centenar de organizaciones sociales, campesinas, indígenas, estudiantiles y asamblearias.
El miércoles 28 de junio hubo una multitudinaria marcha en la capital de Córdoba. Fue la tercera manifestación masiva por los bosques en sólo siete meses (las otras fueron en diciembre y marzo). Con miles en la calle, la Codebona ya contabiliza al menos tres logros: freno momentáneo de la ley (el oficialismo la pospuso para luego de las elecciones), instaló en la agenda la importancia del bosque y explicitaron que ningún color partidario tiene vía libre para avanzar con el extractivismo (agronegocio, megaminería).
En Jujuy, durante siete días caminaron 300 kilómetros una treintena de comunidades originarias nucleadas en la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, en reclamo por sus territorios, en denuncia por la violación sistemática de los derechos indígenas. Argentina cuenta con legislación que protege los derechos de comunidades originarias. Incluye el “derecho a consulta” (el Estado debe garantizar que las comunidades den su consentimiento cuando alguna actividad pudiera afectar su territorio).
En Jujuy intentan avanzar con la minería de litio (incluso con sectores científicos que desoyen la opinión de las comunidades originarias que viven en el lugar) y con el proyecto minero Chinchillas, de plata y estaño, en mano de la multinacional Silver Standard (en sociedad con Golden Arrow). “Están afectando el monumento natural Laguna de los Pozuelos y violan todos nuestros derechos. Pero seguiremos marchando, luchando hasta el último suspiro”, advirtió Mercedes Maidana, de la Asamblea de Indígenas Libres.
En Neuquén se realizó en junio un encuentro multisectorial impulsado por el Observatorio Petrolero Sur (Opsur). Participaron medio centenar de organizaciones sociales, asambleas, feministas, comunidades mapuches, organismos de derechos humanos, partidos políticos, investigadores y referentes de México, Colombia, México, Estados Unidos e Inglaterra. “Es necesario que las corporaciones y gobiernos reparen el daño cometido y evitar que se sigan cometiendo. Es necesario parar el fracking ya y frenar el megaproyecto Vaca Muerta, que no es más ni menos que una de las etapas superiores y más integrales del extractivismo”, exige el documento consensuado, llamado “declaración de Vista Alegre” (localidad neuquina que rechaza la avanzada petrolera sobre las chacras).
Mendoza cuenta con una ley (número 7722) que limita la megaminería. Desde hace años que el sector empresario impulsa su derogación. El caso llegó hasta el máximo tribunal provincial, que en 2015 confirmó la constitucionalidad de la ley y su vigencia. Aún así, el lobby empresario y Gobierno buscan derogar la legislación. Las asambleas socioambientales se movilizaron en numerosas oportunidades. La última, en General Alvear, inauguraron un monumento a la ley. “Defendemos el agua y la vida”, resume la placa conmemorativa, que también es bandera de las asambleas mendocinas.
El gobierno informó en mayo la construcción de una central nuclear en Río Negro. Y generó el inmediato rechazo de las asambleas, organizaciones y comunidades, que volvieron a flamear la bandera “en la Patagonia no”, nacida en la década del 80 y mantenida durante los 90, cuando los distintos gobiernos intentaron instalar un basurero nuclear en Chubut. La Unión de Asambleas Patagónicas se manifestó en junio ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), reunido en Bariloche, y afirmó: “Más allá de la decisión del gobierno argentino y rionegrino, los habitantes patagónicos rechazamos la planta nuclear por inconsulta, arbitraria e ilegítima, y por considerar esta fuente de energía como sucia, peligrosa y costosa”.
La Comunidad India Colalao de Tucumán sufrió el 28 de junio un violento desalojo, que incluyó decenas de policías e infantería. Denunciaron una escalada de violencia, que tiene como principal impulsor a jueces y fiscales. El próximo 6 de julio marcharán comunidades indígenas de toda la provincia hasta los tribunales de la capital provincial. Ivana Morales, de la comunidad diaguita, afirmó que en todo el país son violados los derechos indígenas para explotar los recursos naturales: “Esto no termina acá. Llevamos 525 años resistiendo. Y en 2017 continúa la lucha”.
