El municipio de Casilda declaró la emergencia económica hasta junio

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La ordenanza allana el camino para que el nuevo gobierno pueda gestionar ante la provincia adelantos de coparticipación.

 

El Concejo de Casilda sancionó un proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo para declarar la emergencia económica, financiera y administrativa de la Municipalidad hasta junio del próximo año. La decisión allana el camino para que el flamante gobierno casildense pueda gestionar ante la provincia la obtención de adelantos de coparticipación entre otros recursos extraordinarios para hacer frente a distintos compromisos, priorizando el pago de salarios y la prestación de los servicios públicos.

Es que a días de haber arrancado la actual gestión conducida por el intendente radical Juan José Sarasola tuvo que cancelar el 50 por ciento de los haberes atrasados de noviembre que le dejó la administración saliente y ya no cuenta con disponibilidad de fondos suficientes para el pago de los haberes de este mes y el aguinaldo, por lo que resultaba «imprescindible» la aprobación de la referida herramienta para echar manos, al menos por un tiempo, a la ayuda económica provincial a fin de palear el crítico panorama.

La declaración de emergencia se da en momentos en que la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe (Festram) expresa su preocupación por los haberes atrasados en distintos municipios, algo que sus dirigentes hicieron saber en una audiencia con autoridades proviciales (ver aparte).

Los objetivos de la medida. La emergencia económica tiene como objetivos «la contención del gasto público, mejorar el flujo de aportes al municipio por parte de los contribuyentes, recuperar el equilibrio presupuestario y financiero para hacer sostenible el normal funcionamiento de la administración municipal y asegurar la prestación de los servicios y funciones esenciales del Estado (local)», según se puntualiza el artículo segundo de la ordenanza correspondiente.

Sobre los acreedores del municipio por obligaciones contraídas antes del 10 de diciembre, la normativa establece, a excepción de los que tengan causa laboral, que deberán pedir por escrito su verificación ante el Departamento Ejecutivo para su correspondiente admisión y posterior pago. Este sería efectivo a través de la modalidad, forma de cancelación y plazos que en cada caso acuerde la secretaría de Hacienda.

Y para las obligaciones posteriores a la fecha mencionada la cancelación de pago se pactará al momento de ser contraídas «respetando el nivel y capacidad de endeudamiento existentes».

Si bien la emergencia vence en junio el Ejecutivo está facultado a suspender total o parcialmente su vigencia siempre y cuando se haya logrado el objetivo para el que fue declarada.

Situación «heredada». situacióEntre otros fundamentos la actual administración hizo hincapié en la compleja situación económica heredada además de resaltar la necesidad de que el «Estado municipal pueda valerse de remedios extraordinarios que aseguren el cumplimiento de sus fines» aunque aclarando que «las facultades otorgadas por la emergencia nos son ilimitadas y han de ser utilizadas dentro del marco de la Constitución Nacional».

Además de los salarios de diciembre y el pago en concepto de sueldo anual complementario el municipio debe afrontar deudas a proveedores por más de 2.5 millones de pesos más otras compromisos cuyos montos están siendo determinados a través de una auditoría externa.

Y a ello se suman problemas advertidos en diversas áreas y que requieren de recursos para ser solucionados como el estado de deterioro que presenta el parque automotor municipal. Una situación similar fue detectada en el área industrial donde «las vías de comunicación presentan baches, roturas, ondulaciones y otras irregularidades que dificultan el tránsito y lo vuelven peligroso en una zona de mucha actividad y circulación».

También se necesitan fondos para reestablecer el funcionamiento de las cámaras de seguridad que se encuentran fuera de servicio desde el 26 de octubre a causa de la caída de un rayo así como para la compra de elementos básicos destinadas a situaciones de emergencia fundamentalmente climáticas.

Además, se encuentran paralizadas por el mismo motivo las actividades de la secretaria de Cultura entre otras tantas falencias que fueron enumeradas en los considerandos del sancionado proyecto de declaración de emergencia económica.

Si bien la iniciativa fue aprobada por unanimidad en general surgieron diferencias de criterio en algunos puntos. La controversia más notoria en torno a un artículo que intentó introducir la oposición para garantizar que la medida no vulnere derechos laborales pero no prosperó gracias a la postura del oficialismo que hizo valer su mayoría legislativa.

Preocupación de la Festram

Los representanes gremiales de los trabajadores municipales plantearon a las autoridades de la provincia su preocupación por los empleados de aquellas municipalidades y comunas que aún no han percibido los haberes de noviembre, y las dificultades anunciadas para hacer frente al pago de la segunda cuota del aguinaldo. Y en este contexto, solicitaron una intervención especial del Estado provincial para atender esta delicada situación y evitar la generalización de conflictos.

El planteo fue realizado durante una reunión que mantuvieron el ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Farías, el secretario de Regiones, Municipios y Comunas, Carlos Torres, con representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia (Festram), encabezados por su titular, Claudio Leoni, en el marco de la audiencia solicitada por la entidad sindical.

Los representantes gremiales calificaron como muy positiva la reunión y destacaron la inmediata respuesta del gobierno provincial a la solicitud de audiencia reclamada por la entidad que agrupa a todos los trabajadores municipales y comunales de la provincia.

Desde hace tiempo, la Festram viene denunciando situaciones de precarización laboral y problemas con el pago de los salarios, algo que se hizo más evidente en algunos municipios donde los gobiernos cambiaron y se encontraron con situaciones económicas y financieras complejas, que los obligaron a postergar pago de salarios y pedir auxilio a la provincia.

El ministro de Gobierno trasmitió la posición del gobernador Miguel Lifschitz, quien indicó que se hará «un esfuerzo de asistencia financiera en apoyo a aquellos municipios y comunas que lo necesitan para cumplir con ese objetivo». De esta manera, Festram espera que en las próximas horas comiencen a resolverse los conflictos y se alivie la tensión con el pago del aguinaldo con anterioridad a las tradicionales fiestas.

Comisión paritaria. Por otra parte, y frente al reclamo de la urgente convocatoria a la comisión paritaria para analizar la recomposición salarial como consecuencia del incremento de precios y los efectos de la devaluación, la provincia se comprometió a iniciar inmediatas conversaciones con intendentes y presidentes comunales con el objeto de constituirla a la mayor brevedad en enero, el marco de negociación colectiva establecida por ley 9.996.

La Festram resolvió convocar a un plenario de secretarios generales para la semana que viene a los fines de informar las gestiones realizadas y resolver las acciones a seguir en los próximos días.

Fuente: La Capital, Rosario