Naufraga el plan de pensiones
Nadie, ni los sindicatos, ni los ciudadanos, ni las mismas fuerzas políticas, incluso dentro de su mayoría, parece captar los beneficios ni la orientación precisa de una idea que, en la propuesta electoral, consistía en modernizar el sistema de protección social y hacerlo más igualitario.
Nadie, ni los sindicatos, ni los ciudadanos, ni las mismas fuerzas políticas, incluso dentro de su mayoría, parece captar los beneficios ni la orientación precisa de una idea que, en la propuesta electoral, consistía en modernizar el sistema de protección social y hacerlo más igualitario.
Dos mociones de censura presentadas por la oposición, 41.888 enmiendas introducidas, cientos de miles de manifestantes desde hace más de tres meses y la huelga más extensa de la historia moderna de Francia, el proyecto de ley sobre la reforma del sistema de pensiones ha derivado en un naufragio político del cual el gobierno francés intenta salir con la aprobación de la reforma mediante un decreto y no por medio de un voto parlamentario.
El Ejecutivo de Edouard Philippe no corre riesgo alguno de que las mociones de censura alentadas por la derecha de Los Republicanos y la izquierda, principalmente el partido Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, el Partido Socialista y el Partido Comunista, hagan caer su gobierno. Hacen falta 289 votos y todas las fuerzas opositoras reunidas, incluso si llegaran a un acuerdo, no acumularían los votos necesarios. El macronismo cuenta con 298 diputados. Aunque hoy muy dividida sobre esta crisis, la mayoría parlamentaria del jefe del Estado es entonces lo suficientemente amplia como para garantizarle la estabilidad, aunque no la credibilidad.
El recurso al decreto en torno a una de las promesas electorales más esperadas del presidente Emmanuel Macron demuestra el encierro en el que se encuentra el mandatario: nadie, ni los sindicatos, ni los ciudadanos, ni las mismas fuerzas políticas, incluso dentro de su mayoría, parece captar los beneficios ni la orientación precisa de una idea que, en la propuesta electoral, consistía en modernizar el sistema de protección social y hacerlo más igualitario.
Al final se transformó en una reforma que escondía en su seno, bajo el enunciado de “una reforma universal por puntos”, varias líneas de ajuste, entre ellas la extensión a los 64 anos la edad mínima para jubilarse. En la Asamblea Nacional, la derecha y la izquierda denunciaron con la misma vehemencia “el fiasco” de la iniciativa que condujo al jefe de Gobierno a estirar la mano hacia el salvavidas del instrumento constitucional (artículo 49.3) que autoriza la adopción de un texto sin voto.
Jean-Luc Mélenchon dijo en la Asamblea que este era “un día de vergüenza para la democracia parlamentaria”. La utilización del decreto ha terminado también por reforzar la idea de que la presidencia de Emmanuel Macron tiene un perfil autoritario, que no respeta el dialogo social, que está dispuesto a ir contra todo y contra todos. Además, aunque la triquiñuela del decreto puede verse justificada por la guerrilla parlamentaria de que era objeto el texto, el hecho de que la única salida haya sido esa contradice la “filosofía” del “segundo acto” del mandato de Emmanuel Macron, definido como un camino de “concertación”.
La contradicción es tanto más patente cuanto que, desde la campaña electoral de 2016-2017, la reforma del sistema de pensiones había sido presentada como la esencia misma del “progresismo”. Acabó, sin embargo, con una adopción de perfil autoritario. Compleja, mal explicada, a veces encubierta en la ambivalencia, la reforma central del mandato macronista fue mutando con los meses hacia una fisura en el centro del proceso de transformación defendido por el mandatario.
El surco que ha atravesado el partido de Emmanuel Macron (La República en Marcha) provocó el alejamiento de varios diputados de su campo en un momento político trascendente: dentro de dos semanas tendrán lugar las elecciones municipales y se prevé que el gobierno pague en las urnas el tributo de su política. Los dos diputados que abandonaron la formación en las últimas horas, Hubert Julien-Laferrière y Delphine Bagarry, justificaron su decisión por el doble hecho de que se enteraron a último momento de que se iba a recurrir al decreto, y porque gobernar así aparta a los diputados les necesario monitoreo del gobierno.
El Ejecutivo se enfrascó en una batalla que está muy lejos de haber ganado a pesar de que salga airoso de las mociones de censura y adopte la ley mediante decreto. Aún queda su aprobación por parte del Senado, controlado por la derecha, y otro paso suplementario para que se aprueben los cambios administrativos derivados de esta ley orgánica. Aquí ya no se puede utilizar nuevamente el decreto. La oposición ya ha presentado 1.800 enmiendas para frenar esta segunda fase. Con lo cual, aunque el Ejecutivo cuenta con la aprobación plena de aquí a finales de junio, el debate seguirá encendido durante estas semanas de campaña electoral.
La reforma se volvió impopular cuando, al contrario, gozaba desde el principio de una popularidad importante. Su filosofía apuntaba a terminar con los regímenes jubilatorios especiales e instaurar una igualdad de base. Esa palabra, ”igualdad”, suena a una voz conciliadora para cualquier ciudadano francés: está inscripta en el ADN nacional. Sin embargo, después de meses de explicaciones y negociaciones en torno a la reforma, el gobierno cambió de tono, alteró sus propias promesas, se saltó la fase de democracia social a la que el mismo había convocado y se embarcó en un póker político que aún mantiene en la mesa a los jugadores. Tiene la carta de la mayoría en la Asamblea y el poder, pero ha desgastado los naipes de la legitimidad y la confianza.
