No hay acuerdo para crear la policía municipal en San Rafael
La idea de este cuerpo policial surgió de los concejales de la Unión Cívica Radical María José Sanz y Lucas Quesada.
Una propuesta para crear la policía comunitaria en San Rafael provocó opiniones encontradas y avivó la discusión sobre de quién es la responsabilidad de la seguridad en el departamento. Otras veces se anunció la creación de cuerpos similares o se hicieron proyectos de vigilancia barrial que pronto quedaron en la nada. Desde la comuna, que sería la encargada de los gastos, el intendente Emir Félix señaló que «sólo si hubiera una ley provincial que transfiriera los fondos para ello, el municipio abordaría este tema».
La idea de este cuerpo policial surgió de los concejales de la Unión Cívica Radical María José Sanz y Lucas Quesada, quienes presentaron el proyecto. Ellos proponen que la policía municipal tenga funciones esenciales como patrullaje, vigilancia e información, y que cuente con equipos de comunicación conectados directamente con el CEO. Sus miembros serían capacitados por el Instituto Universitario de Seguridad Pública, pero no podrían portar armas de fuego.
De aprobarse, el municipio debería arbitrar los medios para dotar de movilidad al cuerpo policial, con la compra de patrulleros, motocicletas o bicicletas necesarios para el patrullaje de las zonas céntricas. Al respecto Félix dijo que para que «no sea sólo cosmética, y fuera eficiente en seguridad San Rafael necesitaría al menos 600 policías municipales para los 18 distritos que lo componen, y un mínimo de 30 móviles». Agregó que la comuna colabora en otros temas que ayudan a prevenir delitos como la iluminación de las calles o la urbanización de asentamientos.
La propuesta de los ediles toma de ejemplo los preventores municipales de Capital, pero «no considera que San Rafael es mucho mayor en geografía y con menos disponibilidad económica para solventar gastos y sueldos», señalaron desde la comuna.
Como ejemplo de iniciativas anteriores, en 2008 el Concejo Deliberante sancionó la ordenanza que establecía la creación de la policía municipal de tránsito pero nunca se puso en marcha por la imposibilidad de nombrar jueces y tribunales viales.
