Otro guiño judicial
La Cámara Federal revirtió la medida que había ordenado la jueza Arroyo Salgado en una causa por presunto delito de lavado de dinero. Investigan la compra de un departamento en Miami.
La Cámara Federal revirtió la medida que había ordenado la jueza Arroyo Salgado en una causa por presunto delito de lavado de dinero. Investigan la compra de un departamento en Miami.
La Cámara Federal revocó ayer el embargo preventivo por 8 millones de pesos al intendente de Vicente López, Jorge Macri, que había dispuesto la jueza Sandra Arroyo Salgado en la causa por presunto delito de lavado de dinero. La magistrada investiga las operaciones financieras vinculadas a la compra de un departamento en Miami por 403.000 dólares que denunció el año pasado la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y que involucra al intendente y su esposa Florencia de Nardi. La maniobra fue canalizada a través de una empresa montada en esa ciudad estadounidense que recibió un sospechoso préstamo de una firma-sello de goma uruguaya cuyo director figura en los Panamá Papers. En ese marco se dictó el embargo que la Cámara Federal de San Martín revocó por considerar que “no estaba justificado ni apoyado en las constancias existentes en la investigación en trámite”.
El embargo preventivo había sido solicitado por el fiscal federal Matias Di Lello que actúa en la causa. Al validar ese pedido, Arroyo Salgado también estableció el embargo a De Nardi por otros 8 millones de pesos. Notificados de la decisión de la jueza, los abogados de la familia apelaron la medida que suma un total de 16 millones de pesos. De todas formas, el primo del presidente Mauricio Macri presentó ante el tribunal de San Isidro un seguro de caución. El instrumento contratado a la filial local de la aseguradora multinacional Chubb le permite al mandatario comunal ofrecer una garantía de pago evitando el embargo efectivo de sus bienes mientras espera que la causa finalice.
Hasta ahora, el también titular del Grupo Bapro ni siquiera fue indagado. Las autoridades de Estados Unidos, por su parte, tampoco respondieron los exhortos de información vinculados a las empresas involucradas. Ayer la Cámara sostuvo que la resolución del embargo “no desarrolló ni argumentó respecto de los requisitos legales exigidos para disponer, en el estado embrionario de la pesquisa, la cuestionada medida cautelar”. “Por ello la Cámara dejó sin efecto y remitió las actuaciones al juzgado de primera instancia”, explicaron fuentes judiciales.
La maniobra por la que se investiga al primo del Presidente fue identificada el 18 de julio de 2012 cuando la AFIP verificó la participación del intendente de Vicente López en la firma Icon Unit 1704 LLC. La sociedad constituida en Miami adquirió un inmueble ubicado en 485 Brickell Avenue 174 por una suma 403.000 dólares. La firma fue montada aproximadamente un mes antes de la operación con un capital de 10 mil dólares, fondos cuyo origen tampoco está determinado. El intendente justificó el origen de los fondos para la compra del departamento con la recepción de dos préstamos, uno otorgado por la sociedad uruguaya Fawsley SA por 184 mil dólares y otro por la entidad BAC Florida Bank por 219 mil dólares.
