Para una lengua de los pueblos: Soñarlo todo
Ni calco ni copia. Ninguna experiencia es igual a otra, lo sabemos, aunque no hay nada que no se empalme, combine o complemente con un saber anterior o simultáneo. Argentina es la historia de un péndulo entre grandes momentos democráticos y democratizadores y otros de carácter represivo, autoritario, conservador y de despojo de la vida popular.
«Queremos tener compañeros que piensen, que nos digan la verdad, que tengan capacidad transgresora, que ayuden a equivocarnos lo menos posible». Néstor Kirchner
Pasado y presente
Ni calco ni copia. Ninguna experiencia es igual a otra, lo sabemos, aunque no hay nada que no se empalme, combine o complemente con un saber anterior o simultáneo. Argentina es la historia de un péndulo entre grandes momentos democráticos y democratizadores y otros de carácter represivo, autoritario, conservador y de despojo de la vida popular. El momento actual es efecto de esa historia, pero está signado otra vez por la invención. Un gobierno electo democráticamente y con una fuerte vocación popular encuentra un freno (exterior pero interior también) cada vez que intenta activar políticas de la igualdad. Sabemos también que la situación política y económica es delicada y en cierto punto inédita: que a la tragedia del macrismo iba a sucederle la de la pandemia no hubo intuición política ni imaginación literaria capaz de semejante futuridad. Debemos encontrar la palabra justa para convocar a una gran conversación pública y a una fuerza militante donde podamos discutir en serio los grandes dramas de la Argentina. No estamos aquí para ser testimoniales, nuestra ascendencia política es la de una historia de luchas populares.
Octubre ha sido un mes intenso. Hemos vivido una serie de hechos de importante significación política. El aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. Un hombre que supo interrumpir una historia de ultrajes y despojos y rehabilitar un horizonte de emancipación y justicia social para los pueblos. El aniversario del triunfo del Frente de Todxs. Una fuerza política que se construyó durante los años de resistencia al macrismo y que encontró en la decisión justa de Cristina Fernández de Kirchner la posibilidad de una alianza con vocación de gobierno. Estos dos hechos se suman a otro acontecimiento de magnitud: Cristina habló. Lo hizo a través de una carta que todos hemos leído con importante atención. Porque nos sabemos también sus destinatarios. El destino de una palabra pública es incalculable. La relación de un pueblo con sus líderes requiere un trabajo de diálogo permanente no siempre exento de conflictos. Este mismo texto pretende ser un intento de continuar y ampliar ese diálogo.
Pero además Cristina también habló con otra carta de balance del año de gobierno, donde señala con claridad desusada los mecanismos por los cuales los jueces de la Corte Suprema fueron aceptando distintas irregularidades en sus nombramientos, que eran el correlato inevitable de su papel en el forzamiento de las leyes –esto es, tornándolas ilegales–, con la invención de dispositivos destinados a proteger intereses financieros, comunicacionales y políticos de esos mismos poderes que en el período político anterior los había señalado como cortesanos infalibles de lafware. Nunca y de una manera tan extraordinariamente nítida quedaba claro que la Corte, los grandes estudios jurídicos vinculados a las supremas finanzas que así organizan sus burbujas de poder, actuaban como un cuerpo de coraceros despellejando las leyes para poner un sello golpista salido de escribanías complotadas dentro del mismo poder judicial y voltear o condicionar a los gobiernos populares democráticamente electos. La carta que mencionamos no puede ser desaprovechada para un fin reparador que la sociedad exige: el juicio político a una Corte Suprema que ha dañado a las instituciones de la República.
Antecedente y después
El caso Vicentin abrió en los últimos meses una serie de consideraciones que pusieron como centro el concepto de propiedad privada. Las derechas argentinas, con matices pero sin hacer alarde de novedad, contestaron la propuesta inicial con un recurrente estribillo de guerra: que la expropiación de Vicentin habría constituido una embestida intolerable contra el régimen de propiedad. El guante que lanzaron no sólo se atrevió al ridículo de propagar la idea de que, tras Vicentin, el gobierno se quedaría con tu departamento, sino que pasó por alto, y este es el detalle relevante, el hecho de que la expropiación se propuso ante el carácter abiertamente ilegal de las maniobras de Vicentin. La estafa al Banco Nación, en connivencia con funcionarios de alto rango del gobierno de Macri, la defraudación al Estado, el roce con oscuros negocios de tráfico, los ardides de evasión fiscal y contrabando, son todas figuras de responsabilidad penal, previstas en el ordenamiento jurídico y sancionadas precisamente ante supuestos de grave lesión al régimen general de propiedad. La tergiversación circuló en el lenguaje habitual de los medios hegemónicos, tuvo la complicidad de los jueces intervinientes, el apoyo de chacareros y rentistas, y hasta la inaudita complacencia de los propios afectados por las tropelías de la empresa.
Por el Vautrin balzaciano sabemos que “detrás de toda fortuna hay un crimen” (así como detrás de cada gran propiedad hay un despojo). Juicio categórico, de difícil objeción, postula una moral de alcance universal y descansa sobre la observación concreta de acontecimientos concretos. El célebre personaje de la Comedia Humana está ahí para señalar en sus intervenciones el lado maldito de la organización social, representa el saber de una conciencia que no se engaña acerca del estado real de las cosas. Es más que obvio que el gobierno de Alberto Fernández no pretendía ni pretende ir tan lejos. Si fuera posible un psicoanálisis de los términos y usos del lenguaje político diríamos que la respuesta de la derecha, al sobreimprimir en el caso particular las condiciones generales del régimen de propiedad, puso de manifiesto su inconsciente Vautrin. Porque aunque sea cierto que detrás de los crímenes de Vicentin estén los propios de la genealogía de toda fortuna, no es de ninguna manera cierto que el gobierno del Frente de Todxs haya puesto en cuestión en lo más mínimo el derecho ordinario de propiedad privada. La hipérbole publicitaria es reveladora. Tiene la eficacia de mostrar su reverso, su punto ciego: la defensa de la propiedad aun cuando afecte la legalidad que la consagra.
El mismo asunto, lógicamente tocado por tonos distintivos, volvió a presentarse ante Guernica y la toma de tierras, y ante los campos disputados por el ex presidente de la Sociedad Rural y ex ministro de Agricultura durante el gobierno de Macri. La pregunta que entonces resulta políticamente pertinente implica considerar cuál es el grado de legitimidad que alcanzan las mayorías democráticas para respaldar acciones de gobierno que ponen en cuestión no el principio en sí de la propiedad privada, sino aquello que al interior del régimen jurídico subvierte su normatividad y se expone al crimen. Se condena públicamente a las familias desposeídas de Guernica por usurpación, pero se convalidan los crímenes de Vicentin. Se convalida la violencia del saqueo financiero, negociando las mejores condiciones de devolución y pago de aquello de lo que en el país ya fue reiteradamente expropiado por corporaciones, guardianes y lacayos del mercado de capitales. Los dueños de la tierra, para usar la expresión de Viñas, son también dueños del aparato judicial y de los instrumentos de dominación cultural y control de la subjetividad. En el marco de estos “debates”, no deja de tener interés repasar una vez más los episodios y nombres que definieron alrededor de 1880 el método de expropiación general de tierras comunales a fuerza de Remington y la adjudicación a las familias de la conquista del desierto, los Braun, los Bullrich, los Martínez de Hoz, entre otras. He aquí uno de los mayores obstáculos para una democracia plena ya señalado temprana y dramáticamente por uno de los mayores pensadores que tuvo Nuestra América, José Carlos Mariátegui: “El régimen de propiedad de la tierra determina el régimen político y administrativo de toda nación”.
Guernica: el Estado y la fuerza. Lo común
Se ha dicho que Guernica es un punto de no retorno, no lo creemos. Sabemos de la complejidad que conlleva el gobierno del Estado –tanto nacional como provincial–, y de la dificultad de resolver un problema estructural como el acceso a una vivienda digna. También sabemos todo el trabajo que llevó y está llevando adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires para atender la falta de acceso a la tierra. Y no desconocemos que este gobierno está atravesado por conflictos que no solo vienen de afuera sino que constituyen el pulso vital de un espacio de coalición. Pero es justamente por eso, porque el escenario está abierto y en disputa, y porque el gobierno de Axel Kicillof y su figura también nos interesan, que nos preocupan ciertas señales de peligro. Nos preocupa aquí el modo en que la expresión “propiedad privada” aparece como la única fuente de ordenamiento jurídico y social en el corazón de una sociedad que supo ser más igualitaria.
La inclusión de la propiedad privada, junto a la vida y a la libertad, constituye una grave herida en la historia social y popular argentina, con la amenaza adicional que ya se aloja en el interior del movimiento popular del país, en el interior mismo del peronismo, más allá de las ambigüedades que siempre le fueron propias. Nunca, sin embargo, se había llegado a expresar la tríada constitutiva de los compromisos políticos con dos elementos como la vida y la libertad, sustrato universal del sentido de las existencias colectivas, junto a una instancia como la “propiedad privada”, que siempre fue objeto de discusiones en otro nivel de la realidad, y que así presentada, asigna a todo el conjunto de la proclama una fuerza de cuño desenfadadamente oscurantista y viscoso. Para decirlo en términos más clásicos, de derecha. No cualquier derecha sino una que se coloca en un teatro de guerra, en nombre del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. No es novedad la emergencia de un programa de la ultraderecha argentina. Lo es que crezca dentro de los pliegues del gobierno democrático. Nuestro gobierno, de evidentes bifurcaciones internas, cuyos equilibrios, alterados a menudo por el eslabón perdido, no deberían desinclinar la balanza en desmedro de una orientanción hacia lo popular. Y pese a esas “bifurcaciones internas” de endeble carnadura, de cara a un 2021 que esperamos menos inclemente que este año que está por terminar, es preciso asumir plenamente el rol del Estado: figurarse menos como intermediario que como autoridad.
La publicidad del cirujano Sergio Berni sobre el operativo en Guernica marca un momento decisivo, imposible de ignorar, en la historia reciente del Estado argentino. Berni formula en estilo de arenga militar tres derechos: a la Vida, a la Libertad y a la Propiedad Privada. “Derechos innegociables”, dice. Luego denomina implacable al operativo con la desusada cantidad de cuatro mil hombres en acción –filmados como si fueran soldados en una selva en el lejano Vietnam–, y presenta este ejercicio abusivo de escenas militares como una protección a la vida. Este tipo de publicidad establece un problema grave para la política y para el gobierno. Es el problema de si se acepta o no este planteo que invade todas las cuestiones esenciales en las áreas de la economía, la cultura, la justicia, la circulación de bienes y la vida cotidiana en general. El trípode de valores invocados no difiere en número de los que hicieron célebres las grandes trasmutaciones sociales: libertad, igualdad y fraternidad. O la tríada peronista por excelencia, independencia económica, soberanía política y justicia social. O si se quiere otra tríada del peronismo, unidad, solidaridad y organización, esta más metodológica y menos “doctrinaria” que la anterior. En los años pasados, un miembro notorio del gobierno de Macri propuso sustituir la tríada repetitiva que cantamos en el Himno nacional, libertad, libertad, libertad, por “seguridad, seguridad, seguridad”. Las escenas que mencionamos, en verdad, parecen más propias del Coronel Kilgore oliendo napalm en Apocalipsis Now, que de la historia política y social argentina. ¿Qué olemos además en las consignas de Berni? La expresión vida, tan válida como es, remite en él al antiabortismo, y libertad, al libertarismo prefabricado a la sombra del Obelisco. Todo un programa de gobierno: Fuerza Buenos Aires. En cuanto a la propiedad, esta discusión es antigua, se da en todas las épocas, y revela el modo en que los actores políticos se sitúan en un momento específico de la expresión de sus ideas, vocaciones e intereses. La que formula Berni rompe con mucho más ahínco y desparpajo esa tríada de valores, mucho más de lo que hizo el macrismo con su apelación a la seguridad.
Historizar lo (im)propio
A lo largo de la historia, muchas veces fueron contrapuestos estos eslabones del trípode de valores invocados, junto al apresto de batalla de “los cuatro mil” policías de la “emancipación social”. ¿Por qué no se los movilizó en contra de la insurrección policial ocurrida meses pasados? Lo propio y lo impropio son motivos de discusión en todas las sociedades históricas. Pero en el sentido que Berni usa la expresión “propiedad privada” no es lo que se estaba discutiendo, pues el coronel emplea este concepto con un propósito bélico y solapadamente lo justifica con el indiscutible sostén de vida y libertad, sigilosamente, en el sentido de enlazar con latentes fuerzas antidemocráticas subyacentes en el país. ¿Qué otra propiedad privada está defendiendo con sus tropas de asalto que no sea la gran Propiedad formada históricamente en la Argentina en todo su ciclo de país independiente?
Y ahí sí hay que distinguir la propiedad privada constituida por los medios de vida regulares de cada persona, sus derechos a los bienes propios, desde su casa, sus utensilios personales, sus adquisiciones y todo lo garantizado por los códigos civiles, las tenencias domésticas, los legados particulares por transmisión implícita familiar, etc., diferenciados de la gran propiedad agraria, latifundiaria, corporativa y financiera. La apelación al orden es en este momento el llamamiento más efectivo para el reagrupamiento de una renovada derecha en la Argentina. Impedir que esto ocurra debería ser un imperativo de todas las fuerzas democráticas, en tanto tras la idea de “orden” que pretende la derecha se oculta siempre la extracción de un beneficio sobre la maximización de la desigualdad. Por lo demás, la discusión acerca de la propiedad privada, que la Constitución garantiza, es inescindible de la discusión sobre la propiedad social y comunitaria, y otros tipos de propiedad. No es un hecho desconocido por nadie que la gran propiedad latifundiaria –tanto territorial como financiera y corporativa– se hizo a partir de fundaciones políticas que se constituían en derecho, pero primero empleando la fuerza. Y sabemos desde hace siglos que lo que define al Estado es la Fuerza. Pero sería mucho más interesante que la Fuerza del Estado frente a la Crisis se explicite por medio de la capacidad de socializar lo común. Es esto: que lo común –el acceso a la tierra por ejemplo– no sea monopolizado por pequeños sectores sino socializado para sujetos que necesitan de esos bienes para resguardar el sentido más profundo de la vida.
La más antigua de las discusiones, la fundación de lo social, luego se reviste de códigos, normas y exclusiones garantizadas por el uso de las armas, que “legalizan” una nueva clase de propietarios y que pasa de su ilegalidad inicial a legislar luego sobre la legalidad. A partir del “olvido” de esa violencia originaria se instituye el resto de las tramas propietarias, que necesariamente trae el drama de los excluidos y de los privados de toda propiedad. Es en contra de ellos, en su lógica demanda, que se dirige el mentado “derecho a la propiedad”. Y en este caso es en contra de la vida y la libertad de miles y miles de familias desposeídas. Los procedimientos de Berni están ahí para omitir u obscurecer este pecado original de la existencia de un tipo de propiedad cada vez más concentrada en pocas manos, cuya historia, cómo se forjó, es la misma historia de la injusticia en el país. Los gobiernos populares del siglo XX que no se dispusieron a ser representantes directos de la concentración propietaria, procuraron diversas formas de ampliación de justicia social, por eso imaginaron y pusieron en práctica el horizonte de la propiedad social como adjunto indispensable de la propiedad privada, admitiendo que se trataba de una función, la función social de concentración propietaria, que se convertía en instancia de una nueva juridicidad a partir de la cual comenzaban los amplios desarrollos, posibilidades y negociaciones –sobre la vida, la libertad y la justicia– de los movimientos populares.
En la historia de la formación de las grandes propiedades en el país hay notorios hechos de usurpación, de exclusión, de violencia, de expulsión. Todos hechos de fuerza que son la sal, la sangre y la viga maestra de esta historia. Nunca se habló de expropiar pero sí de la indemnización adecuada y cuando se lo hizo fue por razones vinculadas a las guerras mundiales o a picos específicos de la intensidad de las luchas políticas. Nunca nadie debió temer a los movimientos populares en cuanto a sus bienes, y a las propiedades del tamaño y naturaleza que fueran legalmente obtenidas, pues no se planteó nunca revisar la estructura originaria de la formación rentística nacional, a partir de la conquista del desierto, o más lejos aún, de la larga secuencia de la expulsión de los pueblos originarios de sus territorios. La propiedad privada ilimitada es la negación de la propiedad de las grandes mayorías. En nuestras grandes tradiciones populares debemos buscar hoy esa memoria de luchas democráticas.
El derecho a la tierra, a la sacralidad de la tierra, es muy anterior al derecho a la propiedad privada. En el derecho a la tierra se sintetiza el sentido de la vida. Mientras que la propiedad privada ilimitada está sintetizada en el sentido de la privación de la propiedad y de la vida de las grandes mayorías. Si las “ocupaciones de tierras” son cuestiones menos securitarias que sociales, hay que intervenir menos securitariamente que socialmente. Si hubiera habido una sola persona resistiendo el desalojo de Guernica, en esa singularidad se habría manifestado la humanidad entera. La igualdad y la justicia social tienen que ser el signo de nuestra vocación política.
Orden y normalidad
Desde luego, el problema de la violencia policial no termina en Buenos Aires. La institución policial en todo nuestro territorio muestra similar ferocidad, igual bravuconería, idéntica violencia. Sus prácticas siguen ligadas a las de la dictadura, se verifican allí temibles continuidades. La lista de atropellos sería interminable. A modo de repaso incompleto, que abarca sólo los últimos meses, señalamos: el ataque a las comunidades Qom en Chaco, la desaparición y asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, el asesinato de Joaquín en Córdoba, la connivencia de la policía de Santa Fe con el negocio narco, la represión a manifestaciones obreras en La Rioja, igual accionar contra la movilización por los femicidios en Jujuy, los desalojos de tierras ocupadas en Tucumán y Salta. Algunas postales macabras del accionar implacable de las fuerzas de seguridad provinciales.
Es indispensable marcar, al mismo tiempo, el contraste de estas actuaciones con la indiferencia ante denuncias en torno a violencias de género. A modo de ejemplo, la misma policía que no tenía efectivos para buscar a Abigail el día de su desaparición en Tucumán, esa misma policía que no encontró a su asesino, muerto a manos de una horda desaforada, se presentó con 4 mil efectivos para desalojar el terreno en que fue hallado el cuerpo de la niña.
Resuenan en la memoria nombres que explican en gran parte esa persistencia aterradora: Bussi, el Malevo Ferreyra, Ledesma, Musa Azar, entre los más emblemáticos. Memoria que restituye los modos autoritarios de ejercicio del poder, de la distribución de favores, de una cultura política arraigada en prácticas de obediencia servil. No menos responsabilidad les cabe a los superiores políticos de esas fuerzas. En los 37 años que cumple la democracia en nuestro país ha sido imposible revertir las prácticas violentas de quienes, en teoría, deberían cuidarnos. Una deuda que se parece más a la urgencia de impulsar una transformación paradigmática, revolucionaria en cuanto a políticas de seguridad. Una transformación en la dirección de construir una seguridad popular respetuosa de los derechos humanos, al servicio de la comunidad a la que pertenece, formada en instituciones que ofrezcan más valores democráticos que disciplinamiento. Es indispensable procurar el tránsito de unas fuerzas de seguridad concebidas bajo el modelo autoritario de la dictadura cívico-militar-clerical, a unas fuerzas integradas al mundo civil y a la vida democrática. Es urgente, es vital, porque los abusos se perpetúan, se multiplican, se ensanchan en toda nuestra geografía.
Política y economía
Hemos escuchado el llamado a un gran acuerdo nacional en la comprensión de que los problemas estructurales de la Argentina difícilmente se puedan abordar si no es con todas y todos. En este panorama es difícil ignorar la postura distante, casi contraria, de los grandes empresarios en relación al destino del país. Reacios a realizar un aporte solidario circunstancial que no afecta en nada sus abultados patrimonios, vienen oponiéndose a toda medida que intente impulsar el gobierno para poner en marcha la economía. Sus demandas –devaluación de la moneda, suba de precios, reducción del déficit eliminando las transferencias a los millones de perjudicados por el macrismo y la pandemia– se contraponen a los deseos de recuperación y progreso de la mayoría del país, incluso de vastos sectores empresariales. Es necesario denunciar las tretas de las grandes riquezas para resolver la cuestión de la pobreza. Parece evidente que el catastrófico recorrido económico del macrismo encontró en estos sectores de la elite su actual custodia extra-estatal. El propio FMI parece más consciente de los límites que impone la realidad social para exigir un ajuste, que una elite fuertemente ideologizada y empoderada que pone en escena los límites que conlleva toda política popular basada en el mero consensualismo. Ésta podría ser una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado la experiencia fallida del alfonsinismo.
El estilo presidencial apunta a establecer puentes de colaboración con todos los sectores, incluso los más encumbrados, pero se encuentra sólo con exigencias intransigentes y boicots abiertos –como la corrida cambiaria y las olas de rumores impulsadas por los grandes medios– a la gestión oficial. La permanente presión ejercida por la derecha económica sobre el gobierno apunta a que abandone rápidamente sus pretensiones de generar un sendero de crecimiento e inclusión social, para cristalizar en cambio la regresión provocada por la gestión macrista. El gobierno no puede ceder a esas presiones, sin alejarse de la base política y social que le da sustento. Pero ese esfuerzo político de resistencia a los embates constantes de las corporaciones sólo podrá sostenerse con una ampliación de la conciencia y movilización de los sectores populares. Frente a los numerosos instrumentos de intervención con los que cuenta la derecha para actuar en la escena política, se deben desplegar y contraponer las iniciativas y la creatividad de amplios sectores de nuestra sociedad.
Una lengua para la historia
Los modernos movimientos populares ensayaron desde moderadas atribuciones de respeto a la inclusión de experiencias sociales colectivas, diversificación de la formación de capitales pequeños y medianos, cooperativismo, y en un pequeño número de casos, existieron expropiaciones vinculadas a los ardores de las luchas políticas. Ante casos como los que presenciamos ahora, la propensión a negociar esta cuestión con los grandes propietarios, desde el primer peronismo hasta un pequeño impuesto a las desmesuradas fortunas, chocó con la renuencia obtusa de un núcleo condensado de grandes propietarios que se tutean con la ilegalidad permanentemente y les gusta escuchar a lo lejos las órdenes que puede dar un Berni –figura reemplazable, por cierto– sobre la subordinación y valor a los policías adiestrados para expulsar a los pobres entre los más pobres, a los condenados de la tierra que se les priva de lo que un movimiento popular puede dar. Que en negociaciones aceptables que coronen acciones no menos lógicas de demandas colectivas por un mínino derecho a la existencia digna, no se los llene de humareda lacrimógena remedando defoliantes que los ejércitos de ocupación usaron en las selvas de otros continentes, sino que se preste atención y se atiendan reclamos perfectamente cumplibles con el mínimo de energía que los movimientos populares deben tener, para no dejar de ser efectivamente populares, es lo menos que podemos reclamar. Y convertirse en escudo protector de los mismos a quien debe reclamarle que cedan lo que un ordenamiento legal más justo determine, como lo mínimo imponible para que el Estado no acabe entrenando cuerpos de agentes de lucha por la Propiedad, contra los que no tienen ninguna, siquiera la de su propio cuerpo. Y en este sentido, podemos afirmar que “cuando la historia es escrita como debe ser escrita, es la moderación y la prolongada paciencia de las masas, y no su ferocidad, lo que ha de provocar el asombro de la humanidad” (C. L. R. James, Los jacobinos negros).
Hoy esa chispa de ilusión recorre América Latina. La insurrección popular en Chile por una nueva constitución democrática. La importante movilización popular en Perú contra todo un sistema político y cultural neoliberal. La recuperación democrática en Bolivia. Reconocemos en este hecho la importancia del gobierno argentino, en particular la hospitalidad brindada por Alberto Fernández a Evo Morales y Álvaro García Linera. Sin este gesto de amistad política, que rubrica y confirma la fraternidad de la Patria grande latinoamericana de Bolívar y Martí, el triunfo del MAS hubiera sido difícil de imaginar. A esta penúltima etapa hay que agregarle la nueva victoria democrática del Gran Polo Patriótico Simón Bolivar, que significó también una derrota de Trump, del imperialismo y de las sanciones asesinas en contra del hermano pueblo venezolano. Incluso en Estados Unidos puede verse desplegada una fuerza plebeya que tiene un importante eslabón en los inmigrantes, en los movimientos feministas y que ha tomado relieve en torno al movimiento Black Lives Matter, pero que lo excede. Creemos ver aquí la posibilidad de un nuevo internacionalismo, bandera disputada a los pueblos por las derechas globales. Un internacionalismo de los pueblos menos ligado al neoliberalismo, el mercado de capitales y a la economía de las finanzas (que son las formas en que opera el imperialismo y el colonialismo) que a la constitución de una nueva tierra de emancipación y justicia social. Este es nuestro desafío. Este, nuestro destino.
La ciudad: una disputa indeclinable
La peste puso en mayor grado de nitidez el malestar, los desequilibrios y la violencia que conocimos de la ciudad neoliberal. Los años macristas fueron suficientemente explícitos, como los de Martínez de Hoz y Cavallo. Es el modelo de una ciudad que en sentido amplio viene a suspender el orden público, a limitar su lengua y arraigo político, a destruir sus legados, a condicionar el horizonte histórico de la multitud democrática. Una ciudad organizada sobre el terror, la privatización, el saqueo a gran escala y lógicas mafiosas luego federalizadas. Su más resonante emblema publicitario se sostuvo en un empaque de “modernización”. Detrás de esa calculada apariencia vimos ruinas, decorados, escuelas cerradas, ciudadanos arrojados en rincones, en zaguanes desnudos, plazas enrejadas, despojos. Vimos el derecho a la ciudad reducido a renta inmobiliaria y policía autónoma. La figura de Mauricio Macri evoca el peor porteñismo, la cáscara de una rancia tradición liberal, embrutecida, el porteño truhán, el capataz de estafa. Idealmente la urbanidad neoliberal aspira a despojarse por completo de la promesa de igualdad, de conversación colectiva y vida en común que universalmente representó la ciudad. Quiere uniformidad y exclusión, la medida del mérito y la consagración subjetiva del empresario de sí mismo. Macri fue la continuidad y el resultado de esa cultura; desde ahí planificó y produjo el asalto a la Nación. La “city” macrista extendió un tejido de múltiples tentáculos, comunicacionales, jurídicos, financieros, de vigilancia y coacción que no responden al principio de integración colectiva, civil, del que la ciudad era portadora, y dejan más difundido e irresuelto el viejo nombre de la desigualdad: villa miseria.
Una muy apresurada interpretación concibió en el actual jefe de gobierno porteño la posibilidad de un diálogo con un presunto sector moderado de la derecha argentina. Alrededor de las imágenes de un ciclo de conferencias de prensa dictadas en común con el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y muy espacialmente alrededor de las fantasmagorías y banalidades que produjo la entrada triunfal de la palabra grieta en el léxico político argentino, se creyó estar ante una oportunidad de consenso, de promoción de una cuota de racionalidad que suavizara diferencias y antagonismos. Horacio Rodríguez Larreta se mantuvo astutamente a distancia de las marchas desquiciadas que alrededor de la plaza de la República invocaron ese nombre degradándolo a esoterismo, superstición y delirio destituyente. Se imaginó un sector prudente y juicioso de la derecha y se insinuó una estrategia que pudiera profundizar la conjetura de un enfrentamiento con el bando que jugaba el papel duro. Una serie de episodios recientes vinieron a desmentir esa plácida estimación consensualista. Los negocios inmobiliarios en Costanera, el discurso de la ministra de educación de la ciudad, y la respuesta desencajada del jefe de gobierno por la disputa de recursos, vuelven a trazar un horizonte realista acerca de cómo pensar el lugar que ocupa Rodríguez Larreta. Gobierna la misma ciudad que gobernó Macri, con el mismo espíritu, la misma lógica, el mismo paisaje neoliberal, los mismos entramados oscuros de poder. Es imperioso disputar ese modelo de ciudad que quiere ser modelo de ciudad de toda la Argentina, reponer el estilo, la idea y el lenguaje de una ciudad emancipada, recuperar las tradiciones y legados populares e impedir que desde esa plataforma se produzca un nuevo asalto a la Nación. Invoquemos la resistencia popular de las grandes marchas feministas, de defensa de la educación pública y de rechazo a los beneficios que intentaron imponer en favor de genocidas acusados de crímenes de lesa humanidad. Construyamos una “nueva polis” que sea disputa de todas las ciudades del país para un verdadero federalismo popular. Confiamos en esa memoria restituida en las calles de la ciudad futura.
Retornar sobre lo irresuelto
Existe una cuestión ulterior en la Argentina que es obligatorio considerar: la cuestión de lxs presxs políticxs –todoxs dirigentes populares– fraguadxs por el macrismo como forma de disciplinamiento social, condición de gobernabilidad y persecución a través de la implementación del lawfare, una cuestión de la vida pública que aún está vigente y que no pudo resolverse. No se trata ni de “detenciones arbitrarias” ni de “políticos presos”. Volver sobre esto tiene el sentido profundo de retornar sobre lo irresuelto. Alrededor de esa cuestión indigna tenemos que ser capaces de convocar los mayores esfuerzos con vistas a movilizar grandes apoyos populares con el objetivo de crear una conciencia colectiva que repudie esa condición antidemocrátca. No se trata de solicitar indultos sino de la necesidad de juicios justos, al margen de todo privilegio de clase, raza o género. Se trata de exigir un gran acto de justicia que pueda implicar el ejercicio de una libertad plena. Resolver lo irresuelto implica también y sobre todo un profundo debate sobre la democratización de uno de los poderes menos democráticos de la Argentina: el poder judicial, ejercido por un número acotadísimo de cortesanos y cuya condición perpetua emparenta ese poder más con las formas monárquicas que con aquéllas de una república moderna. Y como esa antigua foto de Tosco, arriba de un balcón cordobés, en cuya baranda colgaba una enorme bandera, decimos: por una navidad sin presxs políticxs.
Soñarlo todo
En una sociedad capitalista donde los cuerpos públicos están obligados a ser el arquetipo publicitario de sí mismos, para marcar distinciones sociales o promesas fáciles de consumo, Diego Maradona fue mucho más allá con el suyo. Si no rechazó convertirlo en una marca valorizable en un complejísimo mercado profesional, dio vuelta todo eso con ingenios futbolísticos que eran tatuajes en una fervorosa imaginación que atravesaba, como un tótem o una genial marioneta, las multitudes populares del mundo. Y además tatuó su propio cuerpo. Todos sus movimientos, memorizados en las canchas de fútbol, eran vertidos de inmediato a memorias de redención, pues si el número 10 se encerraba en una apelación a las divinidades, él tenía en las extremidades del cuerpo la señal tatuada de otros dos rostros tan notorios, que terrenalmente lo habían soñado todo, menos compartir goles, toques de destreza inigualable con el pie, gambetas de insólito barroquismo –capaces de conjugar las formas del exceso y del don–, que parecían descender de una montaña maestra y encantada.
Maradona: símbolo y mito de la vida popular argentina, latinoamericana e internacional. Brindamos para que seamos capaces de recoger la herencia de la energía del mito para ubicarla en la vida institucional, política, social y militante de cara a un año menos inclemente o incluso lo decimos mal, de un año, el 2021, que pueda ser para todxs emancipado, libre, inventivo, disidente, vitalista, popular, político. Para un 2021 en el que podamos hacer de la Argentina un lugar donde la palabra justicia no sea propiedad de unos pocos sino la viga maestra que rige los asuntos comunes de todas y todos. Los movimientos feministas y antipatriarcales vienen llevando adelante una fuerte lucha por eso: ¡Que sea Ley!
Por Comuna Argentina
