Paso en falso del Intendente de Córdoba con el servicio de higiene
Controversia. Una ordenanza sobre la basura generó duras críticas
Pretendía que comerciantes se hicieran cargo de la basura que generan y abaratar así costos en limpieza urbana. Frente a críticas de la cámara del sector, dio marcha atrás.
A las dificultades que ya venía afrontando para afianzar una política de higiene urbana en la ciudad, el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, sumó ayer otro tropiezo.
Pocas horas después de haber dispuesto –a través de un decreto– que los comercios debían hacerse cargo en un plazo perentorio de 30 días de darles destino final a los residuos que generan, dio marcha atrás en esa iniciativa, que había recibido múltiples críticas.
Este retroceso se dio, además, en una semana donde se multiplicaron quejas de los vecinos porque las dos empresas a cargo de la recolección de residuos: Lusa y Cotreco, no completaron sus rutas de trabajo y muchos barrios quedaron llenos de basura.
A su vez, continúa en sin definición la licitación abierta hace un año y medio para concesionar ese servicio por los próximos siete años.
Dicho proceso llegó hasta la etapa de adjudicación, pero ahí quedó estancado por los elevados costos, lo que llevó al concejal opositor y precandidato a intendente por el PJ, Esteban Dómina, a reclamar que se declare desierta la convocatoria.
Ahora, el polémico decreto firmado por Mestre establecía que los comerciantes que generen basura se tenían que hacer cargo de la misma, contratando por su cuenta “un servicio de transporte de residuos debidamente registrado”.
Esa medida con seguridad iba a derivar en menores costos para el municipio, y en una responsabilidad y erogación extra para los particulares.
La obligación, tal como estaba planteada, alcanzaba a “todo establecimiento o comercio habilitado para el expendio o consumo de comida o comestibles, posea o no servicio de mesas y/o mostrador para consumo en el lugar”.
A todos ellos los empujaba a “contratar a su cargo un servicio de transporte de residuos convencionales debidamente registrados”.
El decreto también alcanzaba a locales habilitados para eventos, hipermercados, supermercados y shoppings.
Reacción
La réplica inmediata provino de parte de la Cámara de Comercio, cuyo titular recientemente reelegido en ese cargo, Horacio Busso, es a la vez presidente de la firma Cotreco.
Busso calificó como “una locura” la pretensión oficial, que a su criterio vendría a cargar una nueva mochila sobre las espaldas de comerciantes.
Por otra parte, deslizó sospechas sobre la secretaria de Ambiente municipal, Gabriela Faustinelli, a quien sindicó como la ideóloga del contenido del decreto.
Busso explicó que en los pliegos de la licitación en marcha, se prohíbe a las prestatarias “hacer servicios especiales”, con lo cual no podrían ellas cobrar prestaciones extras a los vecinos o, en este caso, los comercios.
“No se si será un negocio de Gabriela Faustinelli para favorecer a algunos amigos”, lanzó, sin dar mayores precisiones.
Apenas conocida la reacción comercial-empresaria, desde el Ejecutivo salieron a aclarar mediante un comunicado que el decreto iba a ser dejado sin efecto en cuestión de horas.
Según las consideraciones de la ordenanza, ésta se encontraba orientada a “contribuir con la mejora sostenida de la higiene urbana, haciendo más eficiente y equitativo del proceso de recolección y disposición final de los residuos sólidos urbanos”.
Tal afirmación no puede interpretarse fuera del marco de referencia que supone la negociación abierta entre el Ejecutivo y las firmas oferentes en la licitación, para acercar los precios que estas cotizaron a lo que efectivamente puede erogar el municipio.
