Pobreza e indigencia: «El foco de las políticas públicas debería estar en los menores de 14 años»
En el Gran Santa Fe hay 27.212 personas que ingresaron a la pobreza en un año.
En el Gran Santa Fe hay 27.212 personas que ingresaron a la pobreza en un año. UNO Santa Fe dialogó con la licenciada en Economía e investigadora María Eva Bellini, del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico – Benjamín Hopenhyan
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer las cifras de la pobreza en la Argentina. El promedio nacional de ese indicador alcanzó al 40,9 por ciento de las personas, mientras que el 10,5 por ciento de los argentinos es indigente al finalizar el primer semestre de 2020. En cuanto al Gran Santa Fe, el documento difundido por el Indec muestra números alarmantes. En este conglomerado urbano de 533.099 personas, hay 226.866 que son pobres y 58.150 que son indigentes. Es decir que el 42,6 por ciento de los pobladores del Gran Santa Fe son pobres y el 10,9 por ciento son indigentes.
UNO Santa Fe consultó a María Eva Bellini, licenciada en Economía e investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico – Benjamín Hopenhyan para analizar cómo estos datos afectan a las economías regionales y qué se debe atender desde los cargos de decisión para revertir el problema. «En el Gran Santa Fe se incrementó un 4,4 por ciento en un año los valores de pobreza, y más fuertemente en el Gran Rosario, con 6,3 por ciento. A nivel nacional aumentó 3,9 por ciento, que significan más de un millón de personas que ingresan a la pobreza», observó la especialista.
Además, destacó sobre los indicadores: «Pobres son aquellas familias o personas que en función a la canasta básica total no llegan al ingreso mínimo considerado. Mientras que el indicador de indigencia es para aquellos que están por debajo de la canasta básica alimentaria que se basa en los valores nutricionales mínimos que debería tener cualquier persona según su sexo y edad. Quiere decir que ni siquiera alcanzan a cubrir el costo de la alimentación. Las personas pobres alcanzan a cubrir eso, pero no los servicios básicos que garantizan una vida digna. Se vio la caída fuerte de la actividad económica y la semana pasada se vieron también los datos del mercado de trabajo, obviamente esto repercute en el nivel de vida y en las condiciones básicas que debería garantizar cualquier sistema».
«A junio los valores de la canasta básica alimentaria para una persona estaba en 5.834 pesos, mientras que la canasta básica total por adulto estaba dentro de los 14.178 pesos. Si nos vamos a los valores de hogares para un mismo período, de un promedio de cuatro personas, la canasta básica alimentaria era de 18.321 pesos mientras que la canasta total 44.521 pesos. Serían los ingresos mínimos de un hogar de dos personas adultas y de dos menores».
Sobre cómo impacta en la economía regional, Bellini apuntó: «Principalmente en que las familias no están teniendo los consumos mínimos que necesita cualquier persona para desarrollar sus actividades. Por ende, se genera un fuerte impacto en el consumo, y en relación a los comercios que brindan cualquier tipo de servicio, y repercute en que tengan caídas también en sus ingresos; lo que supone riesgo o mayor vulnerabilidad, como se ve en los indicadores del mercado de trabajo, en los puestos en cada rubro».
«En particular en el Gran Santa Fe, a diferencia de Rosario, hay fuerte importancia del sector público que mantiene al menos una no vulnerabilidad de ingresos en instituciones administrativas estatales como el gobierno provincial y las universidades; un fuerte sector de la economía pública hace recircular. Con la restricción en la mitad del primer semestre por la cuarentena, muchos de los otros sectores se vieron perjudicados aunque se garantiza de parte de los Estados la continuidad de ingresos fijos. Independientemente si estos han sido actualizados o no respecto de la inflación. Hay una fluidez, esos ingresos no se cortaron. Y al haber restricción para circular, obviamente que no podíamos consumir de la misma manera. Otro sector importante además del comercio, es la construcción, que está asociado a los sectores más vulnerables en particular el Gran Santa Fe», sostuvo. Y explicó en relación a la indigencia, y las políticas públicas necesarias: «Alcanza a casi 60 mil personas en el Gran Santa Fe, que respecto al año pasado se incrementó en 27.212 personas. Y en el Gran Rosario es bastante significativo, porque pasó de tener 74.712 personas en esta situación a 176 mil. Hay un fuerte componente en estas personas, que son los menores de 14 años. No tener calidad nutricional en los primeros años de vida, que posibilita un mejor desarrollo cognitivo y hacia adelante en fortalecer su sistema inmunológico, es donde deberían estar dirigidas las políticas públicas para garantizar el acceso de alimentos. En ese sentido una buena medida fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que fue dirigido a esa población».
«El gobierno nacional puso el foco en complementar la alimentación de las familias y las personas. Y en el gobierno provincial hubo políticas de distribución de módulos alimentarios que fortaleció porque hay sectores que por diferentes cuestiones no acceden a las asignaciones nacionales. Después, cómo salir adelante a partir de ahora me parece que lo va a marcar la pandemia y las políticas que generen más puestos de trabajo y fortalecer las demandas del consumo. Porque tampoco nadie va a invertir en un país o va a abrir puertas de nuevas industrias, o comercios que lamentablemente han cerrado sus persianas si no hay consumo. Entonces, en eso tiene un rol fundamental las transferencias del Estado en sus diferentes niveles», dijo la economista a UNO.
Asimismo, observó: «Otra deuda es vincular estos datos con las jefaturas de hogar, por género, y también en ese sentido sería interesante para justamente tener más elementos para el análisis que desde otros datos se observa así. Por ejemplo se sabe que las mayores beneficiarias del IFE han sido mujeres y las del ATP también. En ese sentido hay un esfuerzo del Estado nacional por mantener los ingresos de las familias de trabajadores informales, formales o precarizados para garantizar el nivel de vida. Si esas transferencias no se hubieran estado dando tendríamos índices mucho mayores. Pero claramente en este marco de la pandemia, refleja cuán vulnerables son los ingresos de las familias ante situaciones de crisis muy profundas. Que partimos de una base de debilitación de cuatro años, y este 2020 fue el último pinchazo para que el globo termine de explotar en esta cuestión coyuntural que sucede a nivel mundial. Entonces, también hay que replantearse la seguridad social, para garantizar los derechos básicos a las personas y es a lo que el sistema económico debería dar respuesta».
