Polémica, una vez más, por el censo de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires
Una vez más organizaciones sociales acusaron al gobierno de Rodríguez Larreta se excluirlas del censo y de subregistrar la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad.
Una vez más organizaciones sociales acusaron al gobierno de Rodríguez Larreta se excluirlas del censo y de subregistrar la cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad.
El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, junto a la Dirección General de Estadísticas y Censos de la ciudad de Buenos Aires, llevaron adelante anoche desde las 20, hasta las 6 de la mañana de este miércoles, el censo anual de personas en situación de calle en todo el territorio porteño en medio de la fuerte polémica que se abrió por la exclusión de organizaciones sociales.
Según indicaron desde el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en un comunicado «el objetivo de este trabajo que debe realizarse anualmente es identificar concretamente cuántas personas se encuentran viviendo en calle y en los 32 Centros de Inclusión Social con los que cuenta la Ciudad de Buenos Aires, muchos de ellos gestionados por organizaciones de la sociedad civil».
Sin embargo Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron que el Gobierno porteño incumplió acuerdos sobre las políticas públicas destinadas a las personas en situación de calle y avanzó en un censo sin la participación de organizaciones e instituciones que trabajan con esa población.
La denuncia fue realizada en un comunicado que lleva las firmas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); «Proyecto 7», que trabaja con personas en situación de calle; el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); y el Movimiento Popular Nuestramérica.
Las organizaciones firmantes expresaron su rechazo respecto a la realización de un nuevo censo de personas en situación de calle que «subregistra a la población, evita recolectar datos cualitativos de minorías específicas y no atiende las recomendaciones realizadas incumpliendo el acuerdo logrado el año pasado».
El documento recuerda que el 23 de diciembre de 2020 se había firmado un acuerdo para conformar una mesa de trabajo, integrada por organizaciones, organismos públicos de defensa y agencias de gobierno que abordan la temática en la Ciudad, para desarrollar en conjunto la metodología e implementación del censo anual dispuesto por la ley 3706/11 y para diseñar políticas públicas que sean efectivas para mejorar de manera definitiva la situación de las personas que viven en la calle.
Las organizaciones subrayaron que en ese momento, consideraron que «avanzar con la mesa era un paso importante para revertir la invisibilización de miles de personas en la información oficial, que fue lo que en 2017 llevó a la realización del Primer Censo Popular, tras el fallido intento de que el Gobierno porteño corrigiera su metodología de conteo».
Las organizaciones recordaron que en 2019 se volvió a realizar el censo popular, que registró a más de 7000 personas viviendo en situación de calle.
«Los conteos que realizó el Gobierno de la Ciudad hasta el presente subregistraban a quienes efectivamente estaban en situación de calle, obviaban la población en centros de integración y dejaban de lado cualquier análisis cualitativo que pudiera servir para el diseño de las políticas integrales dispuestas desde hace una década en la Ley 3706», añadieron.
El texto enfatiza: «Consideramos que el Ministerio ha incumplido con lo acordado en diciembre de 2020, obstaculizando la participación, y por ende la incidencia, de los integrantes de la mesa de trabajo en el diseño de los instrumentos metodológicos, y decidiendo de manera unilateral la fecha y los términos en los que el censo de personas de situación de calle se llevará a cabo en el 2021».
Las organizaciones se comprometieron a seguir trabajando para generar datos que «reflejen fielmente la realidad y sirvan para diseñar políticas públicas que sean efectivas para mejorar de manera definitiva la situación de las personas que viven en la calle».
Desde el gobierno porteño indicaron que no se pudo llegar a un acuerdo con las organizaciones sociales ya que éstas pretendían realizar el censo a lo largo de varios días para evitar subregistrar la cantidad de personas en situación de calle. Desde la Ciudad indicaron que de esa manera se arriesgaban a duplicar datos y acusaron que era imposible hacerlo así por cuestiones metodológicas.
