Política socio-laboral: un balance sombrío
Más allá de los múltiples aristas para juzgar un gobierno que duró 12 años, está fuera de duda que la etapa 2003-20015 fue una de refundación social
Más allá de los múltiples aristas para juzgar un gobierno que duró 12 años, está fuera de duda que la etapa 2003-20015 fue una de refundación social: baja de 16 puntos del trabajo no registrado, desocupación que pasó a ser un tercio de la registrada en 2003, creación de seis millones de puestos de trabajo, crecimiento del alrededor del 50 por ciento del salario real y del 30 por ciento si se lo compara con los “mejores” años de la convertibilidad, y la reconstrucción de los sistemas de negociación colectiva y de política social (paritarias, Asignación Universal por Hijo, ampliación jubilatoria y otros beneficios). Incluso el año 2015, cuando se saca el polvo de la propaganda, aparece como un año bueno en términos económicos y sociolaborales: crecimiento de la actividad de 2,1 por ciento respecto de 2014 (reconocido por el actual INDEC), creación de 179.000 puestos de trabajo registrados por SIPA y crecimiento de salario real de los trabajadores registrados del sector privado del 7,5 por ciento (fuente MTEySS-SIPA), ambas tendencias importantes después del impacto de la crisis cambiaria de 2014.
Cuando asoma el primer año del gobierno de Cambiemos las múltiples regresiones en el ámbito socio-laboral son elocuentes, manifestadas tanto en aquello que el gobierno hace, como en aquello que omite hacer. Por un lado, la combinación de maxi devaluación, un mega (y mal administrado) aumento de tarifas, más el ajuste monetario han sido letales para un mercado de trabajo que se había mantenido robusto hasta 2015. Entre noviembre de 2015 y septiembre de 2016 se perdieron más de 96.400 puestos de trabajo según las bases registrales de SIPA, con el consiguiente arrastre de pérdidas de empleo informal. En el marco de la proyección de un 40 por ciento de inflación anual y los futuros aumentos de tarifas hoy congelados, la pérdida de salario real este año, aun considerando los incrementos paritarios del segundo semestre, rondará el 10 por ciento.
Desde luego, las políticas que el gobierno “calla” hablan tanto como aquellas que implementa. La agenda del gobierno anterior basada en el control de la precarización y el fraude laboral, la regulación del trabajo eventual, el respaldo a colectivos históricamente relegados como los docentes, servicio doméstico y agrarios, la regulación de la tercerización, ha sido silenciada o, en el caso de los trabajadores rurales, directamente revertida. Y como sabemos, todo lo que el Estado relega en la regulación de la institucionalidad laboral lo gana el mercado. El mantenimiento del sistema general de paritarias y programas con los movimientos sociales construido por el gobierno anterior (a todas luces una realidad impuesta contra la ideología pro-mercado de Cambiemos) no alcanza a ocultar el vaciamiento de esa agenda de derechos laborales.
Los importantes costos en empleo y salario, y la abdicación del Ministerio de Trabajo de su rol mediador entre empresas y trabajadores y promotor de derechos laborales, son parte de una clara estrategia de redistribución de riqueza hacia los tres principales “ganadores” en el nuevo régimen: el sector financiero internacional luego del pago a los buitres y la vuelta de la fiesta del endeudamiento; las empresas trasnacionales beneficiadas por la salida del control de cambios y el retiro de la mediación laboral; y el sector exportador agrario y minero premiado con la baja de retenciones, la maxi-devaluación y el levantamiento de los controles a los bienes salarios como carne y alimentos. La música la conocemos: los costos sociales por la acción y omisión gubernamental a veces son reconocidos, pero siempre es el “precio” que hay que pagar por un futuro venturoso. Cuando ese porvenir virtual quede irremediablemente lejos escucharemos lo de siempre: las “desregulaciones de mercado” nunca son suficientes.
Por: Sebastián Etchemendy *
* Profesor UTDT miembro del CETyD.
