Por el Plan Urbano, hay una pelea millonaria por honorarios en Río Cuarto
Las constructoras y los colegios profesionales presentaron un amparo en 2011 contra los límites establecidos para los edificios. Plantearon que sufrirían un perjuicio de $ 503 millones. Ahora, como perdieron, dos abogados del Municipio les reclaman $ 1.700.000 y piden que les traben embargos
Fue una pelea pública que duró meses. Las empresas constructoras y los colegios de profesionales del rubro batallaron y polemizaron contra el Municipio y el Concejo Deliberante porque el nuevo Plan Urbano que se aprobó en 2011 limitaba el negocio de las torres, que fue un boom durante la década pasada. La pelea llegó a tal punto que los privados recurrieron a la Justicia, donde presentaron un amparo para tratar de frenar la nueva legislación. Sin embargo, fracasaron. La Justicia rechazó sus pretensiones en primera y segunda instancia. Y fueron condenados a pagar las costas del juicio. Ahora, los abogados municipales que defendieron al Estado presentaron un incidente de regulación de honorarios con cifras que sorprenden: reclaman que las empresas y los colegios les paguen más de 1.700.000 pesos por el trabajo que debieron realizar en la causa.
Los abogados son Ignacio Fernández Sardina, subsecretario de Legal y Técnica del Municipio, y Nicolás Rins, fiscal adjunto. Los demandados son la Cámara de la Construcción de Río Cuarto, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba Regional Río Cuarto, el Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba Regional Río Cuarto y el Colegio Profesional de Maestro Mayor de Obra y Técnicos en Ingeniería y Arquitectura Regional 2.
El 4 de agosto de 2011, los profesionales y las empresas presentaron un amparo en contra del Municipio para impedir que se aplicara la ordenanza 1082, que ponía en marcha el nuevo Plan Urbano. Esa legislación surgió después de que surgieran denuncias y quejas de vecinos por los perjuicios que causaba el boom edilicio en las casas de familia principalmente del centro de la ciudad. Las torres provocaron, en muchos casos, serios daños a las casas particulares. Por eso, en la nueva ordenanza se establecían retiros laterales, es decir, una distancia mínima entre los edificios y las viviendas de familia. Eso obligó a los constructores a comprar terrenos de mayores dimensiones o directamente dos lotes, lo que incrementó los costos de las inversiones.
Ante los cambios fueron a la Justicia y reclamaron que el Plan Urbano fuera declarado inconstitucional por ser “actos manifiestamente ilegales y arbitrarios” y porque, según dijeron, restringía el derecho de propiedad. Plantearon que se reducía la superficie apta para la construcción y estimaron el daño económico que sufri-rían por la instrumentación de las nuevas condiciones. Después de presentar un relevamiento de los baldíos que aún quedan en la ciudad, indicaron que el perjuicio económico ascendería a 503,7 millones de pesos.
Ese fue el monto que los abogados de la Municipalidad utilizaron para reclamar una regulación de honorarios millonaria.
“Recordemos que se encontraba en juego, según las propias actoras, la totalidad de los terrenos baldíos de la ciudad de Río Cuarto (…) Tomados los baldíos de la Ciudad de Río Cuarto según las bases de datos del Municipio, el valor fiscal de la diferencia de los metros cuadrados menos que pueden construirse con el nuevo plan urbano aprobado por la Ordenanza N° 1082/2011, respecto de la anterior normativa (por cada lote de terreno baldío) y su valuación (fiscal) es la suma de pesos quinientos tres millones seiscientos noventa y seis mil doscientos veintitrés con sesenta centavos ($503.696.223,60)”, plantean los abogados municipales. Es decir, el daño que sufrieron las empresas y los colegios está medido en los metros que se pierden de construir con la nueva legislación en los baldíos que tiene el radio urbano.
Los abogados municipales aplican porcentajes sobre esos 503,7 millones. Toman el 2 por ciento del valor de referencia, que les da algo más de 10 millones de pesos y aplican, después de analizar la complejidad de la causa que tuvieron entre manos, un 13 por ciento sobre esa cifra. Llegan a 1.309.610 pesos. Sin embargo, ese cálculo corresponde solamente al trabajo que debieron realizar en la primera instancia del pleito judicial.
También reclaman el pago de honorarios por la segunda instancia, después de la apelación que hicieron las constructoras y los colegios. Por ese concepto señalan que deberían cobrar 429.921 pesos.
Así, el total alcanza 1.734.230 pesos. Los abogados reclamaron además que se trabe embargo sobre las empresas y los colegios de profesionales.
En el caso de la Cámara de la Construcción, viene sosteniendo un conflicto con la Municipalidad no solamente por el caso del nuevo Plan Urbano, que está en plena vigencia. Además, las empresas nucleadas cuestionaron duramente a la gestión de Juan Jure por la cesión del contrato del plan de viviendas.
