Por primera vez en Córdoba, candidatos municipales deberán rendir gastos de campaña
Por una modificación del Código Electoral, los partidos deberán rendir cuentas dentro de los 60 días posteriores a las elecciones, detallando nombres de aportantes y montos de donaciones recibidas. Siguen sin ser regulados los topes de gastos en campaña.
Uno de los flancos abiertos del oficialismo municipal por el que actualmente se lo cuestiona en duros términos al intendente Ramón Mestre es el gasto en materia de publicidad en el marco de la campaña electoral en la que busca su reelección. Su doble rol de titular del Ejecutivo Municipal y candidato al mismo tiempo, genera la reacción de sus adversarios políticos quienes le achacan la utilización de los recursos del Estado en beneficio personal. Así, hace unos días ediles del bloque Eva Duarte y Frente Cívico le solicitaron que cese con lo que consideran el “uso indebido” de la publicidad oficial referida a actos de campaña donde promociona acciones de gobierno. Sin embargo, hasta acá los reproches quedan reducidos a un plano ético y moral ya que legalmente el intendente capitalino no está incurriendo en ningún delito ni violando alguna disposición municipal. Básicamente porque no existe ninguna prohibición para que el jefe comunal inaugure obras durante la campaña y mucho menos existe una normativa que ponga límites a los gastos realizados durante tiempos electorales.
La oposición le achaca al intendente Ramón Mestre el “uso indebido” de la publicidad oficial referida a actos de campaña donde promociona acciones de gobierno en televisión.
A contramano de lo que establece la legislación provincial y nacional, el Código Electoral Municipal (CEM) no contempla disposiciones concretas referidas al financiamiento político partidario ni a los gastos de campaña electoral. Tampoco establece que el municipio contribuya a financiar las fuerzas políticas que se presenten a las elecciones municipales, cómo sí ocurre en los sistemas de la Nación y la Provincia. Por lo que en la ciudad Capital las campañas se solventan exclusivamente con aportes de privados.
De allí que en octubre de 2013, a instancias de un proyecto presentado por el concejal y candidato a intendente de Unión por Córdoba, Esteban “Tito” Dómina, se aprobó por unanimidad una modificación al CEM (Ordenanza 10.073). La normativa que apunta a conocer cuánto se gasta y quienes financian las campañas electorales en la Capital cordobesa, fija entre otros aspectos la obligación que tienen las fuerzas políticas de rendir cuentas. Es por ello que por primera vez, tras los comicios del 13 de setiembre, los candidatos dispondrán de 60 días posteriores a las elecciones para presentar ante el Juzgado Electoral Municipal la planilla con los gastos de campaña, detallando nombre de los aportantes y montos recibidos de los mismos. Ese informe deberá luego ser publicado en el sitio Web de la Municipalidad de Córdoba dando la posibilidad a terceros de realizar observaciones.
Los espacios políticos que no cumplan con lo dispuesto serán sancionados con la inhabilitación de seis meses a cinco años para el ejercicio de los derechos de elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos municipales y además se le aplicará una multa económica.
La deuda
Si bien, la reforma del Código que se aplicará en estas elecciones pretende contribuir a la credibilidad pública del sistema electoral municipal de Córdoba, todavía queda pendiente saldar la deuda mayor: regular los topes económicos máximos en los gastos de campaña para garantizar transparencia y equidad. Esa discusión, que es la de fondo, aún no se dio y se necesitará de la voluntad política para darla. Mientras tanto, en cada elección, sobrevuelvan las sospechas sobre el origen de los fondos, sobre todo en aquellos candidatos cuyos gastos son desmesurados y no tienen relación con los supuestos ingresos partidarios.
