“Preocupados por las señales de inercia”
Abogados, familiares y sobrevivientes consensuaron un plan de acción para revertir las dificultades y los retrocesos que advierten en los procesos judiciales sobre el terrorismo de Estado. Hay reclamos para los tres poderes.
Abogados, familiares y sobrevivientes consensuaron un plan de acción para revertir las dificultades y los retrocesos que advierten en los procesos judiciales sobre el terrorismo de Estado. Hay reclamos para los tres poderes.
Una veintena de abogados, referentes de organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de Estado se reunieron para analizar las “dificultades y los retrocesos” que experimentan en los procesos judiciales sobre crímenes de lesa humanidad que se están desarrollando en todo el país y consensuaron un plan de acción para “luchar contra la inercia” que encuentran en diferentes espacios del gobierno nacional, del Poder Judicial y del Legislativo. En el Congreso de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares, Hijos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, entre varias otras agrupaciones, anunciaron que solicitarán reuniones con funcionarios de los tres poderes –esta tarde los recibió el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti– y anunciaron la realización de la tradicional Marcha de la Resistencia para los primeros días de diciembre próximo.
“Estamos preocupados ante las señales de inercia y falta de impulso que se evidencian en los tres poderes del Estado” en materia de memoria, verdad y justicia, inauguró las conclusiones del encuentro la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, tarea que compartió con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, desde un escenario que también ocuparon otras madres y abuelas, y referentes de cada una de las organizaciones impulsoras del plenario: Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Hijos Capital, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, los Familiares y Compañeros de las 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica, el CELS, la Asociación Buena Memoria y la Comisión por la Memoria Campo de Mayo, entre otras.
Entre todos, consensuaron el despliegue de pedidos de reuniones de manera conjunta a referentes de esos poderes para denunciar lo expuesto y comprometieron su participación en la Marcha de la Resistencia, que organizarán en Plaza de Mayo el 7 y 8 de diciembre próximos. Poco antes de comenzar el encuentro, voceros de Lorenzetti les hicieron llegar una cita con el presidente de la Corte para esa misma tarde (ver aparte). Pedirán reuniones con el presidente de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar; el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj; con los titulares del Senado y de la Cámara baja, Gabriela Michetti y Emilio Monzó; y con la procuradora Alejandra Gils Carbó, a quien le manifestarán “el apoyo al trabajo del Ministerio Público Fiscal”.
Lita Boitano, de Familiares, pidió por la libertad de Milagro Sala y ratificó la “defensa total y unánime” al juez federal Daniel Rafecas, “a quien atacan por ser un juez incorruptible”. La Madre de Plaza de Mayo Taty Almeida calificó de “emocionante” al encuentro que se extendió durante tres horas ayer por la mañana y colmó el auditorio del anexo de la Cámara de Diputados. “Acá se respira unión y fuerza, lo que nos permite gritar que no vamos a bajar los brazos”, dijo antes de leer el documento final que todos los participantes habían consensuado tras una veintena de exposiciones de abogados, sobrevivientes, referentes de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas del plan sistemático de exterminio desarrollado por la última dictadura cívico militar.
Inercia judicial
Los organismos señalaron como “preocupante” el “ritmo cansino” que el Poder Judicial aplica a la realización de los juicios, la “lentitud para el desarrollo de los debates orales y públicos” y la “demora para conformar tribunales y obtener espacios propios para la realización de las audiencias”.
En ese sentido se pronunciaron casi todas las exposiciones que tuvieron lugar en el plenario, encabezadas por el breve informe de la Procuraduría de Lesa Humanidad: “Hay una baja de ritmo, pero no está parado el proceso”, advirtió Carolina Varsky, quien mencionó que el “ritmo más lento” se refleja en “menor cantidad de sentencias, menos audiencias por juicios, problemas para integrar los tribunales, estancamiento en la programación de los juicios, demoras en la instrucción de las causas y en la revisión de las condenas”.
Los sobrevivientes del centro clandestino El Vesubio, aportaron que hace 13 años esperan que la causa por los crímenes en ese sitio sea elevada a juicio. Los abogados de Formosa señalaron que allí “hace cuatro años que no hay juez” y el subrogante, de Corrientes, “viene una vez por semana”. El juicio que se desarrolla en San Rafael, Mendoza, sufre la misma situación, con “una audiencia cada 15 días”, apuntó la militante Sofía Dandrea. Adriana Taboada, referente de la megacausa Campo de Mayo, denunció que “por desinformación y desinteligencia entre agencias judiciales, los juicios no avanzan y nosotros quedamos en el medio”.
Reproches al Ejecutivo
Entre las actitudes reprochables al Poder Ejecutivo, los organismos consideraron “preocupante” el “cambio de paradigma en el discurso oficial” que, entienden, tiende a “consolidar el terrorismo de Estado como una guerra sucia o violencia política” y que lo encuentran evidenciado en “declaraciones negacionistas de funcionarios públicos” o la asistencia a actos oficiales de “personajes vinculados con el golpismo o que lo defienden”. En esa línea, también leen otras actitudes del Gobierno de Mauricio Macri, como el retiro de la querella de la causa contra Alejandro Reynal, ex vicepresidente del Banco Central entre 1979 y 1981, por delitos de lesa humanidad, la inacción ante las prisiones domiciliarias otorgadas a procesados y condenados por esos delitos; la derogación de una resolución del Ministerio de Defensa que impedía que los investigados fueran atendidos en hospitales militares y el decreto 721 que le “devolvió la autonomía a las fuerzas armadas”. Por otra parte, denunciaron “una fuerte embestida” contra la procuradora Gils Carbó y recordaron los recortes sufridos por el Programa Verdad y Justicia y el centro asistencial Fernando Ulloa.
Para Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, también la situación es “preocupante”: “La impresión que tengo es que van a buscar el camino de vaciamiento lento, de muerte natural de estas políticas”, advirtió el diputado que posibilitó que el encuentro de los organismos se llevara a cabo en el anexo de la Cámara.
Reclamos a los legisladores
Carlotto advirtió que elaboró un pedido a Michetti y a Monzó para que “finalmente se arme la comisión bicameral que debe investigar los delitos económicos de la última dictadura” que debería haber comenzado a trabajar en marzo pasado. Dijo que aún no obtuvo respuesta. En ese punto radica la exigencia que los organismos le dedicaron ayer, tras el plenario de exposiciones, al Poder Legislativo: “En esta casa legislativa exigimos a los presidentes de los bloques legislativos que la pongan a funcionar”, advirtieron en el documento final. “Los obstáculos para avanzar en investigar o juzgar delitos de lesa humanidad se agudizan ante la impunidad para los partícipes civiles de esa dictadura genocida y para todos los culpables civiles que siguen sin tener juicio y castigo”, concluyeron.
