Proponen crear un ente autárquico para manejar Astillero Río Santiago y evitar su privatización
La iniciativa busca eliminar un artículo del contrato de transferencia que habilita la privatización de la empresa, además darle impulso a la industria naviera y asegurar los puestos de trabajo.
La iniciativa busca eliminar un artículo del contrato de transferencia que habilita la privatización de la empresa, además darle impulso a la industria naviera y asegurar los puestos de trabajo.
En el medio de una álgida discusión con el gobierno provincial, que los trabajadores leen como un intento de privatizar o incluso desguazar Astillero Río Santiago, el bloque de diputados de Unidad Ciudadana presentó un proyecto de ley para darle carácter de entidad autárquica a la empresa estatal.
El proyecto de ley, que lleva la firma del diputado Miguel Ángel Funes, deroga el artículo del Contrato de Transferencia de Nación a Provincia que habilita “la privatización parcial o total” de la empresa. Pero además crea un fondo provincial mediante el cual ARS puede administrar sus propios recursos independientemente.
También habilita a Astillero a hacer frente a los contratos nacionales e internacionales de construcción de barcos y otros productos de la industria pesada.
Para eso, crea el “Ente Administrador Astillero Rio Santiago”, que, según se comunicó de manera oficial, impulsa “un nuevo paradigma de co-gestión empresarial y laboral en donde la clase trabajadora se sienta parte del modelo productivo de la provincia de Buenos Aires y en particular de la industria naviera”.
El ente está conducido por un cuerpo de directores elegidos por el Poder Ejecutivo y los trabajadores a través del voto directo con un mandato de cuatro años.
El proyecto impulsa la creación de un “Fondo Provincial del Astillero Río Santiago” destinado al financiamiento de las erogaciones que demande el cumplimiento de los objetivos básicos de la industria, que estará conformado por una asignación anual de la Ley de Presupuesto, pero también subvenciones, transferencias y aportes que reciba “del Poder Ejecutivo, del Estado Nacional, Provincias, Municipios, de organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y de particulares, destinadas a los objetivos de cumplir con las construcciones navieras en marcha y otros trabajos de metalmecánica pesada ya iniciados”.
