Protesta gremial y recorte político en Río Segundo: denuncias de corrupción y crisis municipal
La gestión de Darío Chesta atraviesa un combo de ajuste político, protestas gremiales y causas judiciales.
La gestión de Darío Chesta atraviesa un combo de ajuste político, protestas gremiales y causas judiciales.
El municipio de Río Segundo vive días de fuerte convulsión política y social.
Este martes, unos 200 empleados municipales, junto a secretarios generales de distintos gremios, se manifestaron frente a la Municipalidad con bombos y bombas de estruendo.
Reclaman atrasos en los salarios, rechazan el pase de trabajadores contratados y jornalizados a la categoría de “becados” –sin aportes previsionales ni obra social– y denuncian que la gestión local incurre en prácticas “que atentan contra la dignidad de los trabajadores”.
El conflicto gremial se inscribe en un escenario más amplio de crisis: hace un mes el intendente Darío Chesta (Hacemos Unidos por Córdoba) exigió la renuncia de todo su gabinete y dispuso un drástico recorte de la planta política. La decisión implicó pasar de seis a cuatro secretarías, de tres a dos subsecretarías y de 14 a ocho direcciones, además de eliminar seis subdirecciones.
Según el jefe municipal, la medida responde a la necesidad de achicar el gasto político y liberar fondos para sostener la asistencia social en un contexto de caída de la coparticipación y falta de apoyo nacional.
“Los tiempos difíciles exigen decisiones firmes, responsables y con sensibilidad. Este no es solo un gesto político, es una acción concreta para cuidar a quienes más lo necesitan”, justificó Chesta, que aseguró que los sueldos están al día, pese a las denuncias sindicales.
Gremios en pie de guerra
La conducción sindical sostiene que desde junio hay atrasos en los salarios y que el municipio adeuda cinco meses de aportes sindicales. Denuncian además que cerca de 100 trabajadores fueron pasados a la categoría de becados, lo que en la práctica significa que “los puso en negro”.
“Los dejó sin aportes previsionales y sin obra social. Es directamente un atentado contra la dignidad de los trabajadores”, afirmó Jorge Martín, secretario General. Según cifras del sindicato, de los más de 600 empleados municipales, unos 400 se encuentran actualmente bajo la modalidad de becados.
A la tensión gremial y a los recortes políticos se suman las denuncias judiciales que pesan sobre la administración de Chesta
En la fiscalía de Alta Gracia se investigan presuntas irregularidades en la construcción de una plaza y de un vacunatorio.
Inicialmente, la causa estaba a cargo de la fiscal de Río Segundo, Patricia Baulies, pero fue apartada cuando Chesta designó como defensor a su expareja. Antes de ese desplazamiento, la fiscalía había allanado la Municipalidad y recolectado pruebas.
Desde que la investigación pasó a Alta Gracia no hubo nuevas medidas conocidas. Sin embargo, el sindicato vinculó los atrasos en los pagos y el pase de trabajadores a becados con una supuesta maniobra para acelerar las obras presuntamente irregulares y emitir cheques coincidiendo con el ingreso de partidas de coparticipación provincial.
