Protestan en Chile por beneficios a criminales de la dictadura
Familiares de víctimas de la dictadura militar (1973-1990) se encadenaron ayer a postes del Palacio de los Tribunales y protestaron para poner fin a los beneficios que reciben violadores de derechos humanos, presos en una cárcel especial.
Familiares de víctimas de la dictadura militar (1973-1990) se encadenaron ayer a postes del Palacio de los Tribunales y protestaron para poner fin a los beneficios que reciben violadores de derechos humanos, presos en una cárcel especial.
Los presos en cuestión están recluidos en Punta Peuco, un penal especialmente creado para ellos, en los que gozan de garantías inusuales en las cárceles para presos comunes: además de contar con personal médico y paramédico, tienen hasta podólogos y si enferman de gravedad son enviados a los distintos hospitales de las fuerzas armadas.
Apostados frente a los tribunales, varios manifestantes desplegaron carteles que decían: «Ni un criminal de lesa humanidad a la calle» y «La impunidad es un crimen». Mientras tanto, dos mujeres en sillas de ruedas se encadenaron a los postes del palacio y mostraron letreros en los que rechazaban las garantías a los condenados.
Cecilia Heyder, activista de derechos humanos, dijo a The Associated Press que también rechazan las decisiones judiciales que otorgan beneficios como libertad condicional a criminales, sin importar que estén condenados a perpetuidad. A excepción de uno, los asesinos de tres comunistas degollados en 1985 están en libertad.
Sandra Moraga, presidenta del colectivo «Contra el olvido» e hija de un detenido desaparecido, dijo a la AP: «nosotros le exigimos a la Corte Suprema que no le entregue libertades a los asesinos, que respeten los tratados internacionales».
Los familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet no sólo exigen el fin de los beneficios a estos condenados, sino también el cierre de la cárcel especial en la que viven, y se ubica a 40 kilómetros al norte de Santiago.
Según la cuenta en Facebook de los familiares de los presos de Punta Peuco, La Voz de Punta Peuco, el penal «está compuesto por las oficinas administrativas, cocinas, guardia, enfermería y seis módulos con celdas con baños y patio cada uno. Los módulos más nuevos están construidos en contenedores adaptados». Asimismo, dice que «cuenta además, con una zona para deportes, con dos multicanchas, donde los reclusos practican, juegan tenis, baby futbol y caminan en las mañanas de acuerdo a sus capacidades físicas».
Sólo está descripción evidencia lo mucho que el complejo difiere de los penales comunes, cuya sobrepoblación supera el 50%, donde los delincuentes comunes muchas veces no cuentan ni siquiera con una cama y menos con agua caliente para bañarse.
El penal, creado en 1995 en plena democracia, tiene 120 cupos, la mayoría ocupados por criminales de lesa humanidad, y un puñado por policías civiles ajenos a las violaciones de derechos humanos.
Ante esto, la mayoría de los 33 represores recién condenados por la justicia debido al secuestro y desaparición de cinco guerrilleros izquierdistas en 1987 deberán cumplir su sentencia, que van de cinco a 15 años de cárcel, en un anexo de Punta Peuco construido en la periferia de la cárcel Colina I, una prisión de reos comunes.
