Provincia negó tener la obligación de asistir a Bell Ville por las inundaciones
La acción de amparo fue oportunamente acompañada de un petitorio al cual adhirieron más de 2.000 ciudadanos bellvillenses.
Lo hizo a través de un informe ante la Justicia, en el marco de la acción de amparo presentada por dos letrados de esa ciudad, con el fin de que haya argumentos para tomar medidas impositivas, financieras y crediticias.
El Gobierno de la Provincia rechazó a través de un informe, el pedido de declaración de emergencia económica solicitado en una acción de amparo presentado por dos abogados de Bell Ville recientemente.
En esa presentación, pedían que la Provincia explicara cuáles fueron las causas por las cuales una gran parte de Bell Ville quedó bajo agua producto de la crecida del río Ctalamochita.
Además, según la presentación, el gobierno Provincial debía encargarse de la asistencia de los vecinos que sufrieron consecuencias de las inundaciones.
Cabe recordar que el amparo presentado ante la Justicia iba acompañado por un petitorio con 2.132 adherentes; 1.508 de ellos lo firmaron en la vía pública y otros 624 a través de Internet.
Esa misma carta se envió al fiscal General de la Provincia Alejandro Moyano, y en ella se solicitaba además “investigar las causas que originaron la catástrofe”.
A principios de abril, el juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Bell Ville, Damián Abad, hizo lugar al recurso de amparo impulsado por los abogados locales.
El texto de la presentación señalaba que “el Gobierno de la Provincia declare finalmente el estado de emergencia en la ciudad”.
Sin embargo, el objetivo de este amparo fue rechazado por el gobierno de Córdoba, informaron los letrados Ernesto Gavier y Agustín López.
Según aseguraron, tomaron conocimiento de la respuesta brindada por el gobierno Provincial en la que “niega y rechaza que tenga obligación de asistir a Bell Ville”.
Al mismo tiempo responsabiliza al municipio de la reconstrucción de la ciudad y asistencia a los vecinos damnificados.
“La acción de amparo no tiene por objeto investigar posibles responsabilidades humanas en el manejo de los diques, sino que, en cumplimiento de obligaciones constitucionales, el Gobierno de la Provincia asista a la ciudad de Bell Ville en su reconstrucción, como así también a particulares damnificados por la inundación, tal como lo ha hecho en Yacanto por los incendios, o en Villa Carlos Paz también por inundación”, expresaron los abogados.
Y agregaron que “denunciamos esa discriminación negativa. Esperamos por otra parte que una vez que presentemos las pruebas pertinentes, el juez nos dé la razón, lo que significará una ayuda para el Intendente y para toda la ciudad. Desde la Provincia, no se considera necesaria la declaración de emergencia económica o de cualquier otra índole, debido a que, de acuerdo a los dichos del gobierno de Córdoba, la Municipalidad de Bell Ville ha realizado un extenso relevamiento en los daños producidos, cubriendo los gastos necesarios”, señalaron los letrados.
Gavier sostuvo asimismo que en el informe se manifiesta que “es el intendente el que debe hacerse cargo” de los daños y recordó una conferencia de prensa que brindó tiempo atrás Nelson Ipérico. En la misma, el mandatario habría dicho que no era necesaria la declaración de emergencia.
Cabe destacar que para el municipio todavía no realizó el cálculo de la inversión que demandará reparar la ciudad tras las inundaciones y asistir a los vecinos que se vieron damnificados, aunque consideran que el costo a afrontar será millonario.
De haber sido aprobado el amparo, se hubiera declarado el estado de emergencia, habría sido necesario adoptar medidas económicas, impositivas y crediticias.
Los letrados anticiparon que van a insistir en el pedido ya que consideran que la Justicia debe revertir esta situación y la Provincia asistir a los bellvillenses que padecieron las perdidas por la crecida del río Ctalamochita.
