¡Qué sea ley!
Desde el 2015 nuestro país transita una ola feminista que puso sobre la mesa re-pensar y deconstruir nuestras prácticas. Ante este imperativo todo pensamiento y acción pasó a estar bajo la lupa y los mecanismos de modificación de pautas sociales no son la excepción.
Desde el 2015 nuestro país transita una ola feminista que puso sobre la mesa re-pensar y deconstruir nuestras prácticas. Ante este imperativo todo pensamiento y acción pasó a estar bajo la lupa y los mecanismos de modificación de pautas sociales no son la excepción. En este sentido, los feminismos nos presentan la posibilidad de pensar el cambio cultural, ya no a través de una estrategia punitivista, sino que a partir de la educación y capacitación. Como todavía nadie nace feminista, es necesario que generemos las herramientas para que todes lleguemos a serlo.
Cuando en el año 2018 el Congreso de la Nación sancionó la Ley Micaela para los tres poderes del Estado, el Estado argentino asumía, por primera vez, la responsabilidad de que todes sus funcionaries incorporen perspectiva de género a cada una de las prácticas que se ejecutan. Sin dudas esta perspectiva nace de una confianza profunda en la capacidad que tienen las personas para repensar y modificar sus prácticas cotidianas. Con ese mismo espíritu es que surge el proyecto de ley que presentamos el viernes pasado junto a la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires Gisela Marziotta. Entendemos que cuando nos referimos a Ley Micaela hablamos de un cambio cultural con perspectiva feminista y que es el Estado el responsable de garantizar que la capacitación esté presente en todos los ámbitos necesarios.
A pesar del rol fundamental que sabemos que tiene la publicidad en la construcción de sentidos y en reforzar los estereotipos machistas imperantes en nuestra sociedad, el control y regulación que existe sobre ella es escaso, y, por momentos, nulo. Es un hecho que a la hora de señalar responsables ante la circulación de una publicidad con sesgos, se apunta a la marca patrocinadora. Sin embargo, nadie pareciera preguntarse acerca de las mentes encargadas de producir el mensaje. Las agencias de publicidad resultan indemnes cuando deberían ser consideradas tan responsables como la empresa para la cual desarrollaron el spot.
¿Por qué siempre es tarea de las compañeras feministas denunciar aquellas publicidades machistas? Seguramente los números ayuden a clarificar la cuestión:
En el año 2018, una investigación realizada por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) arrojó interesantes resultados. En primer lugar, si bien la industria publicitaria es bastante paritaria en relación al conjunto de la fuerza laboral –trabajan en ella 49,5 por ciento de mujeres y 50,5 por ciento de varones–, existen fuertes estructuras de segregación vertical y horizontal que obstaculizan el pleno desarrollo laboral de las mujeres. Dentro de los sectores fundamentales de la industria, solo el 37,5 por ciento de quienes dirigen las Áreas de Cuentas y apenas 8 por ciento entre quienes dirigen las Áreas Creativas se identifican como mujeres. En cambio, nos encontramos con la sorprendente cifra de que hay un 100 por ciento de mujeres a cargo de las Áreas de Administración y Finanzas de las agencias. La segregación horizontal es bastante significativa: mientras en Administración y Finanzas se concentra un 100 por ciento de trabajadoras mujeres, en Cuentas hay un 67 por ciento y en Creatividad un 32 por ciento.
Esto implica que, por un lado, las publicidades estén hechas en su gran mayoría por varones y, por el otro, que las mujeres tienen mayores dificultades para acceder a áreas mayormente masculinizadas. Si queremos que existan publicidades que nos representen de una forma real a las mujeres y a las diversidades, necesitamos que personas que se autoperciban del colectivo LGBTIQ+ y las mujeres estén a cargo de reflejar nuestras realidades. También es cierto que el simple hecho de ser mujeres no nos convierte en feministas, por eso es necesario que las capacitaciones en género las reciban todas las personas que forman parte de las agencias de publicidad. La sensibilidad sobre esta temática deber ser extendida, no nos sirve que existan unas pocas con la “alarma detectora de machismos”, necesitamos que la mayoría de las personas desarrollen la capacidad de identificarlos. El objetivo de esta ley, y todas aquellas devenidas de la Ley Micaela, es disputar el sentido, la norma, lo que se genera en base a la inercia. Proponemos implementar múltiples y diversas instancias de reflexión en lo que se dice en los medios masivos de comunicación porque entendemos que los relatos construyen sentido y su contenido no resulta indiferente. Asimismo, considero que este proyecto de ley tiene gran importancia ya no solo como otra herramienta que funcione para que las publicidades eviten reproducir estereotipos de género y discursos machistas obsoletos, sino también para habilitar que cada vez más industrias incluyan en sus prácticas cotidianas, y al interior de los espacios de trabajo, perspectiva de género.
En concreto, el proyecto de ley que presentamos promueve que la autoridad de aplicación sea responsable de la elaboración de un informe anual donde se expliciten los avances en la aplicación de la ley, así como también la recolección de datos cualitativos y cuantitativos que permitan la implementación de políticas públicas específicas para erradicar la violencia por razones de género en las agencias de publicidad y las productoras publicitarias. Esto se debe a que en el presente carecemos de información actualizada que habilite al Estado Nacional a ejecutar políticas públicas con impacto real en las necesidades de las mujeres al interior de las agencias, y de quienes somos las principales afectadas de los sentidos que se construyen a través de las publicidades: las mujeres.
Hoy en día, la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor y Arbitraje realiza una magnífica tarea a la hora de capacitar sobre temáticas de género a diversos sectores vinculados con la publicidad a través de la Escuela Argentina de Educación en Consumo. Al mismo tiempo, son los responsables de aplicar multas a quienes quebranten las normas establecidas. Este proyecto de ley busca institucionalizar este esfuerzo realizado por la actual gestión de Sebastián Baroccelli, director nacional de la institución, para que perdure en el tiempo y sea una política pública que mantenga a la Argentina en su posición de vanguardia en la aplicación de estrategias que terminen con la violencia machista.
Por Ayelen Spósito
* Ayelén Sposito es diputada nacional del Frente de Todos.
