Quiénes pagan más impuestos

Las corporaciones y dueños de grandes fortunas se quejan de la presión tributaria pero pagan proporcionalmente menos que los grupos sociales con ingresos fijos.

Las corporaciones y dueños de grandes fortunas se quejan de la presión tributaria pero pagan proporcionalmente menos que los grupos sociales con ingresos fijos. Debate por la eliminación del impuesto a las Ganancias para trabajadores, la devolución del IVA, los gastos tributarios y una tasa del 15 por ciento a las multinacionales. El politólogo sueco no lo puede creer.

Por Alfredo Zaiat

Uno de los pilares para intervenir desde el Estado en la distribución del ingreso es el sistema tributario. La promesa de Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, de diseñar una estructura impositiva progresiva constituye un salto cualitativo en el debate electoral.

Entre la motosierra, la dolarización y el incendio del Banco Central y las reformas tradicionales para entregar negocios a grupos privilegiados (privatizaciones y eliminación de derechos laborales y previsionales), incorporar en la discusión pública el tema tributario distingue a quien lo impulsa.

Sobre quiénes recae una mayor carga impositiva define si el sistema es regresivo o progresivo, además de equitativo. Una de las características del régimen local es que los sectores medios y bajos de la pirámide de ingresos pagan proporcionalmente más impuestos que los grupos sociales y empresas ubicadas al tope.

Sólo vale si la baja de impuestos es para el mundo empresarial
Pese a la queja insistente del mundo empresarial por la presión impositiva, en realidad sólo quieren pagar aún menos de lo que hoy lo hacen. En estas semanas ha quedado al descubierto la hipocresía de ese discurso: no están preocupados por la carga tributaria general, sino exclusivamente sobre la suya. No ha habido ni un comentario favorable ni una manifestación de beneplácito por dos medidas de reducción de impuestos.

Una fue la eliminación del mal llamado Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia, y la otra fue la devolución del IVA –hasta el tope de 18.800 pesos mensuales- sobre el consumo de bienes de la canasta básica de los hogares para personas hasta un determinado umbral de ingresos. Estas dos iniciativas implican una disminución de la carga impositiva. No hay duda de ello, pero ha habido un silencio estruendoso de quienes protestan por la cuestión impositiva. Por el contrario, hubo rechazo de economistas y representantes políticos del gran capital a la eliminación de Ganancias para los trabajadores.

El último informe de coyuntura de la Fundación Mediterránea, centro de estudios de grandes grupos locales y financista del plan económico de Carlos Melconian, ministro de Economía de un eventual gobierno de Patricia Bullrich, cuestionó la medida. Lo hace porque se introducen «nuevas reglas de modo permanente, caso de la reforma del mínimo no imponible de Ganancias, aunque sin contemplar criterios de ‘equilibrio general’, ya que no se prevé reducción de gastos para su financiamiento».

Cuando el gobierno de Macri eliminó y redujo retenciones no se pusieron tan meticulosos ni ahora cuando vuelven con el mismo reclamo. ¿La oposición a la iniciativa que tiene media sanción en Diputados será porque el costo fiscal, en realidad, no está vinculado a beneficiar a grandes empresas y al complejo agroexportador? La retórica del interrogante es simplemente un recurso básico para dejar en evidencia la farsa de la preocupación de las cámaras empresariales sobre la cuestión tributaria.

¿Es correcto eliminar Ganancias para trabajadores formales de la cúpula de la pirámide salarial?
El impuesto a los Altos Ingresos –en Argentina fue denominado en forma errónea Ganancias- forma parte de cualquier sistema tributario considerado progresivo, ya sea en Latinoamérica, Estados Unidos o Europa. Se trata de un debate que fue perdido en términos culturales y políticos cuando, con habilidad, se impuso la consigna «El salario no es ganancia». La derecha política la tomó en forma oportunista y cuando fue gobierno duplicó la cantidad de trabajadores alcanzados, mientras el sindicalismo de actividades con salarios medios y altos logró imponerla.

Eliminar esta carga, entonces, es regresivo. Sin embargo, cuando se analiza en forma específica para la economía local, que está sumergida en un régimen de alta inflación desde hace varios años, la evaluación debe realizarse con la influencia de este factor distorsivo.

En este contexto propio con procesos paritarios dinámicos para tratar de empatar por lo menos la evolución de la tasa de inflación, los salarios quedan desactualizados y se requieren modificaciones periódicas del piso a partir del cual se paga Ganancias. Con esta particularidad bastante compleja y hasta ingresar en un ciclo de estabilidad de precios, sólo en estas circunstancias se puede encuadrar la justificación de la supresión de este tributo.

¿Cuál es el costo fiscal?
La Oficina de Presupuesto del Congreso elaboró un estudio acerca de cuánto dejará de recaudar el fisco, elaborado a requerimiento de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. En concreto, no es la eliminación del impuesto sino la elevación del piso (15 salarios mínimo vital y móvil, actualizable cada seis meses) a partir del cual deja fuera del alcance a casi todos los trabajadores en relación de dependencia (hoy representa un salario de 1.770.000 pesos mensuales).

El reporte calcula la menor recaudación con la estimación de los parámetros nominales a partir del 1° de enero de 2024, sin incluir supuestos de actualización en ese año, y a partir de las proyecciones macroeconómicas del Presupuesto de ese período. Estima una variación anual promedio de la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (RIPTE) de 101,8% interanual en 2024, consistente con el aumento de los recursos de la Seguridad Social (+105,2% interanual). Esta variación anual fue mensualizada para proyectar el salario mínimo, vital y móvil, que determina el mínimo no imponible.

Al incorporar otros supuestos (PIB nominal de 352,4 billones, entre otros), el informe concluye el resultado del impacto fiscal negativo para el Tesoro equivalente a 0,30% del PIB, unos 1,05 billones de pesos de 2024. Las Provincias (es un impuesto coparticipable) dejarán de recibir casi 1,7 billones de pesos (0,48% del PIB).

El informe presenta un cálculo alternativo, consistente con el comportamiento del Poder Ejecutivo en los últimos años de actualizar ciertos parámetros del impuesto, con el objetivo de reducir la cantidad de trabajadores retenidos ante el incremento de los salarios nominales a lo largo del año. De este modo, el impacto fiscal para el Tesoro disminuye a 0,24% del PIB y para las provincias, 0,39%.

El último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal calcula que, en realidad, por la mayor formalización de las operaciones comerciales y por el mayor consumo vinculado a una mejora de los ingresos de los hogares, la pérdida de recursos para las provincias será casi nula: 0,06% hasta fin de año.

¿Quiénes suben los impuestos?
Leandro Renou detalló en este diario la pérdida de ingresos al fisco por dos medidas impositivas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri. En 2016, modificó el esquema de Derechos de Exportación (retenciones al complejo agroexportador), eliminando esta carga sobre las ventas al exterior de maíz, trigo y carne y disminuyendo 5 puntos porcentuales a la de soja. En 2019, dispuso la reducción de contribuciones patronales.

Ambas iniciativas fueron equivalentes a una caída de recursos de 0,96% del PIB, más que el actual costo de las modificaciones de Ganancias para trabajadores. En ese momento no hubo inquietud del mundo empresarial acerca de cómo se financiaba semejante transferencia de ingresos a unos pocos. La diferencia sustancial con la actual reacción es que el alivio impositivo de Macri fue para grupos privilegiados.

El discurso dominante ha construido una inmensa fábula sobre quienes han sido responsable de la creación y aumentos de impuestos. Aunque parezca asombroso por la magnitud del engaño, gestiones económicas ortodoxas y conservadoras incrementaron las cargas tributarias al tiempo que liberaron de pagar impuestos a grupos poderosos:

Durante la última dictadura militar, el ministro José Alfredo Martínez de Hoz subió el IVA del 13% al 16%, generalizó este tributo al consumo y eliminó el Impuesto a la Herencia. Desde 1978 se admitió la deducción de ajuste por inflación en el balance de las empresas, con efectos muy negativos para la recaudación.

En el gobierno de Raúl Alfonsín, el régimen de Promoción Industrial (extraordinarios beneficios impositivos para grupos económicos) dilapidó recursos fiscales millonarios.

En el gobierno de Carlos Menem, el ministro Domingo Cavallo subió el IVA del 13% al 18% en 1992 y al 21% a partir de abril de 1995, porcentaje sólo superado por el 23% de Uruguay en el ranking regional. Sumó al régimen general el impuesto a los Débitos y Créditos (al cheque) y en 1991 creó el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de

Personas Físicas y Sucesiones (ITI). El Impuesto al Patrimonio se sustituyó por el Impuesto a los Bienes Personales y en 1998 se creó el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

En la administración de Fernando de la Rúa, el ministro José Luis Machinea diseñó la tablita de Ganancias que provocó una profunda alteración del alcance del tributo.

En el gobierno de Mauricio Macri, se duplicó la cantidad de trabajadores en relación de dependencia que pagaron Ganancias, cuando en campaña electoral se había prometido que ninguno sería alcanzado por este tributo.

En los gobiernos de Eduardo Duhalde y del kirchnerismo, lo más relevante en el frente impositivo fue la instauración en escala creciente de los Derechos de Exportación, que son señalados como impuestos aunque, en realidad, son aranceles de comercio exterior.

Cuando se observa el recorrido impositivo de casi 50 años queda en evidencia el engaño respecto a quiénes fueron los responsables de aumentar la presión tributaria.

El pliego de condiciones de las corporaciones
Los dueños de las compañías más grandes del país reunidos en la Asociación Empresaria Argentina presentaron en sociedad el documento «El sector privado es clave para el desarrollo». Nunca antes ellos habían mostrado públicamente un pliego de condiciones tan amplio, con el explícito objetivo de orientar la educación presidencial para el próximo habitante de la Casa Rosada.

El cuarto de los doce puntos está titulado «Reducir la muy elevada presión tributaria». Sentencia que la presión tributaria sobre el sector formal ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, muy por encima de la de otros países de la región y ha alcanzado un nivel elevadísimo. Exige que «es imprescindible reducirla, comenzando por los impuestos distorsivos. La evasión impositiva y la informalidad laboral deben ser erradicadas, así como debe avanzarse en la simplificación impositiva, de modo de distribuir la carga tributaria de manera justa y equilibrada entre todos los actores económicos».

El ministro Sergio Massa, sin mencionar el documento, en la presentación de las medidas de alivio a monotributistas, autónomos y micropymes, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, replicó que «si queremos un país con cuentas en orden, tenemos que discutirlo y poner blanco sobre negro que el esfuerzo esté acorde con los ingresos».

El Gobierno planea enviar al Congreso un proyecto de ley que establezca una tasa mínima para gravar a grandes empresas multinacionales que no tienen sede en el país pero que tienen ganancias por sus operaciones. El Ministerio de Economía propone un impuesto de 15% para ese grupo de compañías que actualmente pagan, según estimaciones oficiales, el 2,44 por ciento.

Se trata de una discusión que tiene lugar en las principales economías de Occidente en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): cómo cobrar por las ganancias de grandes empresas que no tienen sede física en los países donde tienen actividad.

El politólogo sueco no lo puede creer
El politólogo sueco que escribe su tesis de posgrado sobre la Argentina con su novia pelirroja progre me llama preocupado porque no puede comunicarse con Mario. Le cuento lo que pasó. Llora y dice: -‘Cómo sigo ahora, perdí un amigo y no terminé la tesis, él había asumido el desafío de explicarme el peronismo y ahora venían las elecciones.

-No sé… el diálogo entre ustedes me recordaba las célebres Llamadas internacionales de Osvaldo Soriano, esa comunicación telefónica entre el encargado de la publicación Créase o no y el corresponsal de Buenos Aires, que iba en la contratapa del diario hasta 1996….

– (Me interrumpe sollozando). No puedo creerlo, no será una joda de él, usted sabe cómo se divertía y siempre salía con una broma…quería hablar con Mario sobre esa idea de Massa de una reforma tributaria progresista –dice con la voz entrecortada.

– Sí, hay varias medidas que ya se están aplicando y otras que tienen que ser aprobadas en el Congreso, como la eliminación de beneficios a sectores privilegiados (gastos tributarios) y una tasa mínima del 15 por ciento a multinacionales.

– Esto que me cuenta lo hablamos varias veces con Mario, que los ricos en Argentina pagan pocos impuestos en comparación internacional. Me había contado una excelente anécdota, que la incorporé a la tesis, que es fabulosa: a fines de la década del ’80 y principios de los ’90, funcionarios argentinos van a Washington a pedir ayuda financiera, y quienes los reciben les dicen ‘cuando ustedes le cobren impuestos a (Amalita) Fortabat por su fortuna no van a tener que venir a pedir’.

– Así es. Angela Merkel, en una de las giras de Alberto Fernández, también comentó lo mismo al Presidente: «Nunca entendí por qué en la Argentina los ricos no pagan más impuestos», le dijo.

– …. ¿Es verdad lo de Mario?… no puedo creerlo… disculpe, tengo que cortar, no puedo seguir.

– No tuve la oportunidad de decirle que en una nube dibujada por Rep, Mario va a seguir escribiendo ‘esta historia continuará’.

Fuente: Página 12