Reforma laboral “recortada”: Advierten que el proyecto que impulsa el Gobierno sólo beneficia a empleadores
Se trata de un informe elaborado por el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín que analiza el proyecto que presentó el gobierno el pasado 5 de abril para regularizar el empleo no registrado
Se trata de un informe elaborado por el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín que analiza el proyecto que presentó el gobierno el pasado 5 de abril para regularizar el empleo no registrado. Además se prevé una rebaja de indemnizaciones para asalariados informales.
El Gobierno nacional presentó el 5 de abril en la Cámara de Senadores un proyecto de ley para combatir la informalidad laboral. La propuesta recupera, con modificaciones, las ideas que ya habían sido explicitadas en los distintos proyectos de reforma laboral que el Poder Ejecutivo envío al Congreso entre 2017 y la actualidad.
Al respecto, un informe elaborado por el Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín advierte que sólo se contemplan beneficios para los empleadores.
Es que el proyecto prevé beneficios fiscales, rebaja de indemnizaciones para asalariados informales y una reducción de contribuciones patronales.
“La situación económica y el estado de las instituciones laborales configuran un escenario particularmente adverso al impulso de un proceso de formalización laboral”, destaca el Cetyd-Unsam.
Desde la asunción del gobierno de Cambiemos, la incidencia del empleo asalariado no registrado creció tanto en la fase expansiva de la actividad económica (2017), como en la contractiva (2018 en adelante). Así, entre los últimos trimestres de 2016 y 2018, la tasa de empleo no registrado se incrementó 1,7 puntos porcentuales (pasando del 33,6% al 35,3%).
“Durante ese período, la totalidad del empleo asalariado creado fue no registrado. Este resultado obedece, en parte, al pobre dinamismo del empleo asalariado formal, aún durante la etapa en la cual la economía acumulaba una cantidad relevante de meses de crecimiento.”, señalan los expertos del Cetyd-Unsam y aseguran: “El Gobierno nacional pretende que una amplia y generosa exención de sanciones y penalidades dé lugar a una regularización significativa de trabajadores, a pesar de que las condiciones económicas imperantes y las decisiones políticas no contribuyeron a expandir el empleo formal y promovieron el aumento persistente del empleo no declarado”.
En este sentido resaltan que el proyecto de ley actual contiene un régimen de regularización del empleo no registrado que consiste, básicamente, en un conjunto de beneficios destinados a los empleadores que tienen en sus plantillas a trabajadores no registrados. Pero “por las propias características del empleo informal, es esperable que las acciones previstas en la normativa propuesta no tengan un impacto relevante sobre la problemática en cuestión”.
Por otro lado, el proyecto prevé una reducción de las indemnizaciones para los trabajadores informales, “lo cual reduce las compensaciones que les corresponden por haber sido empleados de manera irregular”, explican en el informe.
“Se trata pues de un proyecto de ley que altera la noción de equilibrio: todas las ventajas son para el empleador”, ya que “no sólo contiene un esquema de regularización laboral, sino que introduce una exención cuasi-universal de las contribuciones que realizan los empleadores al sistema de seguridad social”.
Así entonces, advierten que lo que plantea el gobierno es una “reforma inédita” porque subsidia el total de las contribuciones patronales durante 2 años para todas las nuevas relaciones laborales que se efectivicen a lo largo del año desde que se implemente la ley. Esta medida se suma a la ya importante exención vigente (incluida en la última reforma tributaria) que determina un monto mínimo no imponible a todas las relaciones laborales existentes.
