Reparar desigualdades históricas
Los especialistas proponen avanzar hacia el desarrollo de políticas de ingreso de alcance general no necesariamente vinculadas a una contraprestación.
Los especialistas proponen avanzar hacia el desarrollo de políticas de ingreso de alcance general no necesariamente vinculadas a una contraprestación.
El ingreso universal
Por Cecilia González Bonorino*
La necesidad de implementar un ingreso universal (IU) es tema de debate en todo el mundo. La pandemia ha acelerado y puesto de manifiesto el proceso de exclusión y desigualdad social que es propio del sistema económico en que vivimos. Tal evidencia se nos presenta como una oportunidad para reparar desigualdades históricas, construyendo un nuevo pacto social, un nuevo Estado de Bienestar, que avance en la expansión de derechos y ofrezca respuestas a una situación extremadamente crítica en términos económicos y sociales.
El IU propone asegurar un mínimo de ingresos a la población, que garantice la satisfacción de las necesidades básicas para su subsistencia. Se sostiene en el hecho de que las personas no pueden ser libres si su existencia material no está garantizada. A diferencia de otras políticas sociales, se supone incondicional e individual y se otorga a todas las personas independientemente de su situación familiar y condición laboral.
El IU encuentra fundamento en el reconocimiento de que la riqueza es algo que se produce y genera socialmente, ya que cada uno y cada una aporta, pero el mercado tiende a concentrarla. Incluye al trabajo doméstico y del cuidado necesario para la sostenibilidad de la vida y la reproducción de la sociedad, realizado mayoritariamente por mujeres. El cálculo para la Argentina es que el aporte económico que éste proporciona ronda en torno al 20 por ciento del PBI y sin embargo no es reconocido. A pesar de la pandemia, que dejó en evidencia la interdependencia entre el mundo económico y del cuidado, la discusión del IU continúa desarrollándose en el terreno de la economía tradicional que, cercada por el mercado, legitima una situación de desigualdad y desvalorización de las actividades esenciales para la vida.
Las discusiones sobre el IU se desarrollan en el mundo mucho antes de la pandemia, como respuesta a los cambios en los modos de producción generados con el avance de la tecnología. La automatización, la inteligencia artificial y la hiper conectividad ponen en riesgo miles de empleos, en su mayoría no calificados, comprimiendo cada vez más el mercado laboral. No se trata solo de máquinas que ensamblan electrodomésticos, sino que también son algoritmos que remplazan analistas, sistemas de homebanking o plataformas de e-commerce que amenazan miles de empleos en bancos y comercios. Mientras las oportunidades laborales se reducen, la riqueza tiende a concentrarse en pocas manos. Actualmente, el 1 por ciento más rico de la población concentra la mitad de la riqueza global y la mayoría de estas personas son dueñas de empresas de tecnología. Incluso el Banco Mundial, alineado a la visión liberal, reconoce que la revolución digital concentra la riqueza en dos sentidos: la creación de monopolios y la brecha digital que amplía las dimensiones de la exclusión social.
En la Argentina, la situación es más preocupante, teniendo en cuenta rasgos estructurales como la precariedad laboral, que afecta al 40 por ciento de las y los asalariados, y la emergencia del fenómeno del trabajador/a pobre, que pone en duda la efectividad del empleo como herramienta de ascenso y bienestar social. En este marco, aumentan los fundamentos para definir una protección social por fuera del mercado, como la que propone el IU, ya que al no condicionar las transferencias de ingresos sortea la “trampa de la informalidad”.
Sin dudas la implementación de un IU ayudará al combate de la pobreza y proveerá el impulso necesario para una reactivación económica inclusiva. No obstante, el debate nos brinda la oportunidad de superar el discurso hegemónico y avanzar por el camino que nos dirija hacia una mayor justicia distributiva. Ciertamente esto no se logra solo con política social, es indispensable pensar su articulación con la política tributaria. Llevar adelante una reforma tributaria progresiva, en línea con el impuesto a las grandes fortunas, no puede escapar del debate de la reconstrucción social post pandemia.
*Economista UBA e integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav)
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Valorar oficios de la economía popular
Por Carolina Brandariz** y Martín Navarro ***
Durante la pandemia, nació el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que actualmente es recibido por 8,9 millones de personas. Se trata de un instrumento muy valioso que permitió que el Estado llegue a muchísima gente que necesita sostener su ingreso. En estos momentos se debate si esa ayuda debe continuar y bajo qué forma debería hacerlo.
Está claro que el eje rector debe ser el trabajo. Sin embargo, hay una mirada discutible sobre la posibilidad de lograr que el buen funcionamiento de la economía consiga la empleabilidad de estos trabajadores. Esta mirada no solo es poco probable, ya que cada año crece la precarización laboral en todo el mundo, sino que además, se desconoce el saber y el valor de los oficios de estas personas.
Consideramos que la economía popular ya genera trabajo, por eso no es necesario inventar nuevas contraprestaciones. Tal vez la evolución de los instrumentos actuales, como el IFE, sea avanzar hacia el salario universal de la economía popular y poner toda la fuerza del Estado para lograr registrar a todos los trabajadores de este sector.
La Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social tiene por objetivo instrumentar de manera adecuada el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) y al mismo tiempo implementar el Salario Social Complementario (SSC). Se busca que el SSC esté relacionado al salario mínimo vital y móvil, para que estos trabajadores accedan al consejo del salario y a la primera paritaria salarial del sector.
Creemos que el RENATEP debe ser el reemplazante natural de gran parte del IFE. Porque es un deber hallar y reconocer los saberes de punta a punta de la Argentina. No es necesario pedir o inventar una nueva contraprestación, porque la mayoría de estas personas ya desarrollan sus oficios.
Es el deber del Estado otorgar los derechos laborales y valorar estos oficios impulsando capacitaciones con el reconocimiento del mundo educativo. Se deben pensar políticas que generen una infraestructura acorde, acercar a estos trabajadores y trabajadoras a la innovación e incluirlos a las cadenas de valor del desarrollo local. Este camino además busca romper la lógica del ingreso o la renta. Necesitamos ver a estos trabajadores como parte de la solución. Incluir estas experiencias al rompecabezas productivo y de servicios. La innovación no pasa tanto por reconvertirlos al ofrecerles una ocupación de forma externa, sino por reconocerlos, valorizarlos y protegerlos. Nuevamente, estas personas ya trabajan.
En este punto, vale hacer un poco de historia reciente. El 7 de agosto de 2016, nace el grupo de Los Cayetanos (CTEP, CCC, Barrios de Pie), con el fin de impulsar la Ley de Emergencia Social. En el tiempo transcurrido hasta el final del gobierno de Mauricio Macri, los Cayetanos entendieron que el camino era seguir construyendo una alianza, y hacía fines de 2019 nació la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Social). En su lanzamiento, este gremio, que representa a los trabajadores de la economía popular, le propuso al presidente de la Nación, Alberto Fernández, poder transformar los planes sociales en pos de fortalecer el trabajo.
Por otro lado, cabe recordar que el trabajo no es únicamente aquella relación asalariada de dependencia, generalmente vinculada al empleo. El cuidado es también trabajo. Dar valor a las riquezas que produce el conjunto de los trabajadores es fundamental para visibilizar y registrar institucionalmente a todos aquellos trabajos que desempeñan millones de argentinos y argentinas.
En la región, el arribo a la agenda del cuidado es desde el reconocimiento de esta actividad como el nudo de la desigualdad para millones de mujeres. Sin embargo, muchos países están discutiendo si los Estados de bienestar actualmente tienen que garantizar un nuevo derecho. Junto con la educación, la salud y la seguridad social, aparece el cuidado. Planificar esquemas de trabajo que garanticen distintos servicios del cuidado es una propuesta por la cual se valorizaría económicamente el cuidado, a la vez que se garantizaría un nuevo derecho.
** UPNP, Aguas Fuertes, Agenda Argentina, Directora en Desarrollo Social
*** UPNP, Espacio Atahualpa, Agenda Argentina
