“Hay que restablecer el respeto a la ley”
El ministro de Seguridad porteño dijo que hay que encontrar una “solución definitiva” a los piquetes y planteó que hay que “armonizar” los derechos a la protesta y la libre circulación.
El ministro de Seguridad porteño dijo que hay que encontrar una “solución definitiva” a los piquetes y planteó que hay que “armonizar” los derechos a la protesta y la libre circulación. Anticipó que insistirán con la ley para prohibir a los cuidacoches.
Como ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo tiene bajo su órbita la Policía de la Ciudad, que se integró con agentes de la Federal y la Metropolitana y acaba de hacer su debut. “Apostamos a una policía de cercanía”, dijo el funcionario a PáginaI12 y consideró que es esencial “restablecer el principio de respeto a la ley”. Con la puesta en marcha de la nueva fuerza el control de la seguridad del distrito pasó definitivamente a manos de Horacio Rodríguez Larreta, a quien días atrás Mauricio Macri le reclamó que ahora se haga cargo de solucionar el tema de los piquetes. Al respecto, Ocampo opinó que “hay que apuntar a armonizar derechos como el de la protesta y la circulación”.
–La creación de Policía de la Ciudad es una formalización del traspaso de agentes que ya trabajaban aquí,¿cuál será entonces el principal cambio que se verá con esta nueva fuerza?
–La creación de esta policía es la formación de una nueva fuerza bajo otros estándares jurídicos y normativos, ya que la ley es absolutamente distinta a la que regía para la Federal. Obviamente está integrada por agentes de la Metropolitana y la Federal, pero el sistema bajo el que se integran es distinto.
–¿Cuál es esa diferencia?
–El gobierno civil de la seguridad.
–¿Y eso qué implica?
–Toda la gestión de las políticas de seguridad está en manos de civiles. La policía trabaja de policía. Vamos a cortar con el delegacionismo de la seguridad en la policía.
–¿Qué tan distinta será entonces?
–Apostamos a una policía de cercanía, transparente, profesional y a grandes estándares de innovación tecnológica. Mi objetivo es llevar adelante el proceso de creación de esta nueva policía en el marco de un plan de largo plazo. Hay que terminar con la idea de que la solución a los problemas de seguridad viene de la mano de medidas efectistas y cortoplacistas. Hay que tomar decisiones estructurales, y la creación de la policía es una. La integración de otros subsistemas es otra. Hay que tener una mirada integral del sistema: en algunos lugares, la seguridad es la luminaria, en otros la poda, en otros el patrullaje o el control de tránsito. Hay otras gestiones del mismo Estado que tienen que acompañar.
–Usted hizo una crítica a las “medidas efectistas”. A raíz de ciertos casos que ocurrieron en estos días, hay cierta presión para aplicarle a la nueva policía una concepción represiva. ¿Cuál es su opinión?
–La única demanda que tenemos nosotros es hacer cumplir la ley, que es lo único que tiene que hacer la policía. No hay una mirada represiva, sino todo lo contrario: insistimos en que sea cercana a la gente. Restablecer el principio de respeto a la ley es esencial, pero no sólo para la policía sino también para la sociedad. Y hay un principio central que rige el accionar de la policía que es el menor uso posible de la fuerza. Esa es la idea.
–¿Cree que los recientes episodios en el barrio de Flores están ligados a cierta resistencia interna de sectores que se oponen a la nueva policía?
–No tengo ningún dato que me demuestre que estamos en presencia de algo así. Yo no creo en nada, sólo sé o no sé. Y eso no lo sé.
–El jefe de la Policía de la Ciudad, Pedro Potocar, es un ex policía Federal y hubo críticas al respecto.
–Es un jefe que deja de ser policía. Es un nombramiento civil y por eso lo nombra el jefe de Gobierno. No afecta su condición de ex policía. La lógica del planteo central es que más allá de su formación policial, es un abogado. Su cargo tiene un rango similar al de un subsecretario.
–¿Cuál será la política policial en relación a los piquetes?
–Hay protestas que lo que quieren obtener es visibilidad, entonces hacen un corte y ese es el eje central. En otras protestas, el corte es la consecuencia de la masividad de la convocatoria. Hay una diferencia. Yo creo que hay que tener una mirada mucho más integral, que no sea sólo de intervención policial.
–¿Cómo sería esa mirada integral?
–Lo que está en discusión es la forma en que nos expresamos políticamente. El piquete contiene, muchas veces, un reclamo justo pero no se tiene en cuenta la lesión de derechos de terceros. Y cuando esto es sistemático, se convierte en un problema. Reducir la mirada a la intervención policial es no encontrar una solución definitiva. La política de negociación tiene un rol central y el sistema judicial también, ya que muchas veces se cometen delitos que luego no son punidos. Hay que tener una mirada sistémica, teniendo en cuenta que desde hace muchos años se validó este método como parte de la protesta. Hasta mediados de los años 90, el ámbito de expresión de disconformidad de una política pública era la Plaza de Mayo: llenabas una plaza y rápidamente modificabas una medida política. Con Menem se planteó un quiebre, el Estado dejó de escuchar a la gente y ahí empezaron los piquetes como forma de protesta. Ahora está muy instaurado como método. El problema tiene dimensión cultural, más que policial, lo cual no significa que no haya que intervenir policialmente bajo el principio del uso de menor uso de la fuerza posible. Hay que apuntar a armonizar derechos como el de la protesta y la circulación.
–¿Van a insistir con la ley para prohibir a los cuidacoches?
–Sí, porque tenemos una gran deficiencia normativa. El 99 por ciento de las causas que se inician, que son más de tres mil por año y la mayoría iniciadas por intervención policial, terminan archivadas porque no se puede probar. No hay condenas. La norma es absolutamente ineficiente. Lo hemos planteado miles de veces en la Legislatura, de hecho fui autor de un proyecto de ley cuando era legislador. Y después lo padecí como fiscal, en el sentido de que no tener la herramienta legislativa. La definición es mucho más jurídica que policial. La Legislatura tiene que sancionar una la ley que sea aplicable. Seguimos insistiendo ahí con eso.
–En 2016 hubo desalojo de manteros, ¿qué va a suceder este año?
–Apuntamos a separar a la gente que necesita el trabajo y es explotada, pero el Estado tiene que tener mecanismos de intervención social para evitar eso. Del otro lado hay organizaciones delictuales, mafiosas, que son los mismos que compran, los proveedores, venden las mismas cosas. Son los que organizan y alquilan los lugares en la calle. El que está sentado en la vereda es el último eslabón de una cadena delictual y mafiosa. Hay que tener una mirada para ellos, con el acento en la igualdad de condiciones y posibilidades de desarrollo, y a las organizaciones delictivas hay que aplicarles la ley con sanciones judiciales.
–¿Insistirán también con regular el uso de las motos?
–Seguimos planteando el tema en la Legislatura. Es una mirada sobre el uso de la moto con acompañante, visibilizar algunas cuestiones que permitan una mejor acción policial. Lo planteé por primera vez en 2010. Lo que se busca es el robo de teléfonos celulares. ¿Por qué? Porque desde que los smartphones se pueden reconectar a la red de telefonía, es el objeto deseado. En febrero empezamos a hacer reuniones con las telefónicas. Lo que planteamos que hay que buscar que sea imposible reconectar el teléfono a la red. Tuvimos idas y vueltas y finalmente el Enacom sacó una resolución que obliga a generar una base de datos común donde se puedan denunciar los teléfonos robados. Eso va a hacer que los teléfonos no se puedan reconectar. Calculamos que en abril ya no se podrá hacer más. Y creemos que el delito va a bajar muchísimo. Hoy estamos en 5 mil robos por día de teléfonos, es el delito más importante en volumen. Aspiramos a tener mucha colaboración de las compañías de telefonía.
