En Río protestan contra los recortes
En la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro se debatían las medidas de austeridad impulsadas por el gobernador Pezao, del oficialista PMDB, mientras afuera se manifestaban profesores, enfermeros, bomberos y policías.
En la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro se debatían las medidas de austeridad impulsadas por el gobernador Pezao, del oficialista PMDB, mientras afuera se manifestaban profesores, enfermeros, bomberos y policías.
Miles de profesores, enfermeros, bomberos, policías y otras categorías de funcionarios brasileños participaron ayer en una protesta, empañada por el accionar represivo de los agentes de seguridad, contra los planes de ajuste del estado de Río de Janeiro.
Con arengas desde camiones de sonido y silbatos, los manifestantes esperaban hacerse oír desde el interior de la Asamblea Legislativa del Estado de Río (Alerj), donde se discutían las medidas de austeridad impulsadas por el gobernador Luiz Fernando Pezao, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el mismo del presidente Michel Temer. Se debatirá el ajuste que incluye el cese de planes sociales, el descuento en el salario de los trabajadores estatales y descuentos en el pago del aguinaldo.
Poco después del mediodía, unas decenas de personas que se desprendieron de la multitud consiguieron derribar dos altos vallados que rodeaban el edificio legislativo. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad utilizaron un cañón de agua, granadas aturdidoras y gases lacrimógenos para tratar de dispersar a la multitud que afluía masivamente hacia el lugar, indicó un periodista. “¡Vergüenza! ¡Vergüenza!’’, gritaban los manifestantes, algunos de los cuales lanzaban piedras, ante la embestida de las fuerzas de seguridad. Un camarógrafo informó de dos personas heridas, una de las cuales requirió masajes de reanimación cardíaca, en tanto que la otra se alejó del lugar rengueando. Tras esa reyerta, los manifestantes volvieron a cerrar filas y a congregarse ante el edificio de la Alerj.
El gobierno de Temer envió a pedido de Pezao 500 miembros de la tropa Fuerza Nacional de Seguridad para poder llevar a cabo la discusión en el legislativo de Río de Janeiro, estado que declaró calamidad pública por no poder cumplir con sus obligaciones financieras, como el pago de salarios. Al menos tres personas resultaron heridas según la cadena GloboNews, que indicó que existen versiones sobre una posible intervención federal en el estado de Río de Janeiro, el segundo más rico del país y que colaboró con la realización de los Juegos Olímpicos llevados a cabo en agosto.
Los policías se encontraban en las escaleras de la Asamblea Legislativa. Según la policía, los manifestantes intentaron ingresar al edificio parlamentario en el centro de Río y por eso iniciaron la represión. La semana pasada policías que reclamaban contra el ajuste ingresaron a la Asamblea e impidieron la sesión sobre el ajuste dispuesto por el gobernador Pezao.
En los últimos días el gobierno regional dio marcha atrás en el proyecto de aumentar de 11 por ciento a 30 por ciento el descuento aplicado a las jubilaciones de los funcionarios públicos, que se limitaría ahora a 14 por ciento. Otras propuestas prevén aumentos de las tarifas del transporte público, electricidad, gas y telecomunicaciones, así como recortes de programas asistenciales para sectores carenciados, como el de Alquiler Social y el de Renta Mejor.
“Estamos unidos contra este paquete de maldades. No pagaremos la mala administración del gobierno’’, dijo Zulema Quintanilha, funcionaria del poder judicial regional. “Los recortes retiran derechos y en muchos casos son inconstitucionales, como en el caso de una doble tributación sobre salarios”, denunció por su lado el comisario José Oliver, de la Policía Civil, un cuerpo a cargo de las investigaciones de crímenes. “Con los Juegos Olímpicos, desalojaron a comunidades carentes con la promesa de ayudarlas con el alquiler social o de instarlas en conjuntos habitacionales. Pero los engañaron’’, agregó Oliver, de 56 años, acompañado por decenas de colegas con remeras que los identifican como miembros de ese organismo de seguridad.
Varios educadores denunciaban el pago fraccionado de sus salarios. Una profesora de secundaria, que se identificó como Janete, denunció una “caza de brujas’’ contra maestros que evocan temas políticos, sociales o relacionados con la educación sexual. “La dictadura está de vuelta’’, declaró, en referencia al régimen militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985.
Un oficial del cuerpo de bomberos, que se presentó como subteniente Natalino, dijo que estaba en el acto para exigir respeto a las labores de seguridad y el mantenimiento del sistema de trienio, que valoriza los salarios en función de la antigüedad.
