Salta: La falta de plata torna caótica la transición en los municipios
Las últimas protestas evidencian la crisis que viven las comunas que cambian autoridades. Intendentes salientes omitieron información a la AGP. Los informes exponen irregularidades.
La transición ordenada que el Grand Bourg prometió para los municipios quedó en una cuestión declamativa. Las protestas en Cerrillos, Gemes y el departamento de Orán, el ajuste de las transferencias provinciales, la caída de los recursos por el Fondo Soja y el ocultamiento de la real situación financiera de las administraciones por parte de los jefes comunales ya generan turbulencia.
Desde el martes, la Auditoría General de la Provincia (AGP) empezó a publicar los informes de los municipios que tendrán nuevas autoridades a partir del 10 de diciembre. Ya están las resoluciones de Cerrillos, San Lorenzo, General Mosconi, Aguaray, Yrigoyen, La Caldera, Rivadavia Banda Norte, Colonia Santa Rosa, Los Toldos, Islas de Cañas, Nazareno e Iruya.
El 13 de octubre, sin el gobernador Urtubey, el actual el ministro de Economía y futuro jefe de Gabinete, Carlos Parodi, junto a su par de Gobierno, Juan Pablo Rodríguez, se reunieron con los intendentes que seguirán en funciones y con los que asumirán en días. En la ronda, además de adelantar la compleja situación económica que se avecindaba, se reiteró que estaban en marcha desde junio auditorías en las 27 comunas en transición. En Salta habrá 28 nuevos intendentes, el último corresponde a la nueva localidad de Aguas Blancas.
Hasta las fotos que el ministro Rodríguez se tomó con algunos de los intendentes electos para hacer gala de una transición ordenada caen hoy al vacío.
«El intendente que se va (Rubén Corimayo) no quiere pagar y quien llega tampoco quiere hacerse cargo de la herencia (Yolanda Vega)», manifestó el martes la gremialista Natalia Sanguezo en el paro de los estatales en Cerrillos que reclamaban el pago de un plus salarial.
El informe de la auditoría de esa localidad expone las cuentas en rojo que arrastraba Corimayo. Al analizar las ejecuciones presupuestarias de todo el 2014 y los primeros cinco meses de 2015, salta el déficit. Desde enero a mayo alcanzaba unos $5 millones.
La AGP, como en los últimos años, optó por publicar informes laxos. Un par de intendentes hicieron notar que desde 2008 el Gobierno protegió a determinados jefes comunales. Con solo echar un vistazo a la página oficial de la Auditoría se observa que comunas han tenido tan solo una o dos resoluciones.
La AGP aún debe difundir los resultados del análisis de los aspectos legales y contables de Capital, Rosario de Lerma y General Gemes, entre otros. En esa última localidad, por caso, se sucedieron escandalosos maniobras como el aumento de dieta de los concejales.
Ejecuciones presupuestarias que no se ajustan a normas básicas o que directamente se ocultan, incumplimientos en los inventarios de rodados e inmuebles, chequeras sin responsables, errores en las planillas de gastos y otras graves falencias y omisiones que no se pueden minimizar están plasmados en los documentos de la AGP.
Entre los intendentes – incluso oficialistas – tampoco se puede disimular el malestar por el presupuesto 2016. Siguen sin digerir que los recursos que se les coparticipa se incrementen un 22%, mientras el gasto publico provincial crecerá un 35%. Ahora esperan que, con el cese de los descuentos de Nación sobre la coparticipación, lleguen más fondos.
Puntos críticos marcados por la Auditoría
Cerrillos
Desde fines de mayo arrastra un déficit presupuestario de $5,2 millones. En 2014 se gastaron $47,8 millones y los ingresos llegaron a $43 millones. Según el informe de la Auditoría, el municipio tiene 252 agentes permanentes y 54 contratados. El gasto mensual para el personal de planta ronda los $2 millones y para los contratados, $531 mil. A mayo, el estado de situación del Tesoro era negativo, por más de $2 millones.
Gral. Mosconi
Entre las irregularidades, el municipio no elaboró el estado de situación de la Tesorería en 2014. No obran constancias de los funcionarios autorizados a emitir cheques. La ejecución presupuestaria no se realiza acorde a las formalidades. No hay constancias de la evolución de la recaudación de 2013 y 2014. Se declara 249 agentes de planta ($2,2 millones en sueldos), 17 contratados ($82 mil) y 5 políticos ($86 mil).
San Lorenzo
Al corte del informe de la Auditoría, no se había presentado detalle de los fondos recibidos por planes sociales y títulos de propiedad de rodados. En la nómina de autoridades ni siquiera figura el DNI del intendente Federico Parra. Hay errores en las planilla presupuestaria de gastos. El municipio declara 131 agentes de planta, con sueldos totales por $799 mil y 95 contratados que implican una remuneración mensual de $56.707.
Aguaray
La ejecución presupuestaria no se elabora con indicaciones de las distintas etapas de gastos ni créditos.
El municipio declara la inexistencia de altas y bajas de rodados e inmuebles.
La Municipalidad tiene 177 empleados de planta, lo que demanda un $1,2 millones en sueldos mensuales. El gabinete consta de 25 personas y los contratados llegan a 35, con remuneraciones por $292.000.
Yrigoyen
La Municipalidad no expuso la nómina de autoridades. La tesorería no presentó los partes diarios a la fecha del cierre del estudio. No se suministró detalles de las cuentas bancarias a nombre de la comuna. La ejecución presupuestaria no se ajusta a normas.
La cantidad de agentes de planta es de 77 ($725 mil en sueldos). Hay 36 empleados transitorios y contratados. No hay detalles de las obras ejecutadas.
La Caldera
No remitió copia de la ejecución presupuestaria de 2014 ni 2015. Tampoco aportó detalles de los funcionarios autorizados a firmar cheques. En cuanto al sistema contable, eludió informar el sistema de registros contables. El intendente «desconoce respecto de la existencia de factura impagas, si bien cree que no hay». Existe 110 agentes permanentes, dos transitorios, 19 del Hogar Linares y 22 del convenio con Vialidad.
